Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418
La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con las materias propias relativas a publicidad activa y derecho de acceso a la información de los ciudadanos, incorporó en su Título Segundo, en ese momento de forma novedosa, una responsabilidad administrativa de los cargos públicos. Normativa estatal que debiera haber tenido su continuidad para que el sistema hubiese alcanzado su completitud en las normas de buen gobierno a dictar por las Comunidades Autónomas y por los entes locales. No ha sido así, a salvo de algún caso puntual (Cataluña), en las normas de buen gobierno a dictar por éstas. La especial sensibilidad por los casos de irregularidades y corrupción existentes en esos momentos explicaba el porqué de la regulación efectuada. De esta forma, y para garantizar la aplicación de los principios y obligaciones de buen gobierno, se establecería un catálogo de infracciones y sanciones que habían de operar en tres direcciones: conflictos de intereses, materia económico-financiera y régimen disciplinario que, en su momento, ya fue criticada por algunos autores (DESCALZO GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ RAMOS, PÉREZ MONGUIO, CASTILLO RAMOS-BOSSINI, etc.). En este sentido, la norma se preocupa, sin duda del … Continúa leyendo Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418
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28 Ene, 2021
Contratos menores con la Administración: todo lo que debes saber
Como ya sabemos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos), para concertar cualquier prestación de servicios o entregas de bienes con la Administración debe seguirse un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en el sector público existen determinadas necesidades de productos y servicios de menor entidad y que no estén destinados a cubrir necesidades repetitivas y recurrentes, para las cuales no se requiere poner en marcha un complejo procedimiento de licitación: nos referimos, pues, a los contratos menores. Qué tipo de contratos se consideran menores Con carácter general, se consideran contratos menores en la nueva Ley de Contratos aquellos contratos de obra cuya cuantía sea inferior a los 40.000 euros o los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios. Existe una importante excepción en relación con estos últimos, y es que se considerarán igualmente como contratos menores aquellos suministros o prestación de servicios que estén relacionados con ciencia e innovación por valor inferior a 50.000 euros. Llegados a este punto, conviene aclarar que siempre que hablamos de importe o cuantía, no estamos refiriendo, en todo caso, al valor estimado del contrato, que … Continúa leyendo Contratos menores con la Administración: todo lo que debes saber
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La ciudadanía y su exigencia de buena administración: ¿sería preciso repensar la legitimación activa en la jurisdicción contenciosa?
1. Introducción: las sentencias de las que trae causa inmediata este comentario Dos sentencias dictadas a finales del pasado año, y de las que ha dado cuenta un conocido bloguista (aquí y aquí), traen a colación la obsolescencia de una visión individual, y decimonónica, en la articulación de la legitimación en nuestro sistema jurisdiccional y la necesidad de explorar nuevas vías para la defensa de aquellos intereses que no siendo estrictamente individuales sin embargo nos corresponden a todos como ciudadanos. Por el mero hecho de serlo efectivamente. Ni más ni menos. Siguiendo un orden cronológico, la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2020 (rec. 662/2019) se va a hacer eco del supuesto de una concesión de servicios -ciertamente un contrato administrativo, pero en el que parece obvio que la ciudadanía no detenta un mero interés- en la que un usuario de estos servicios que se prestan pretende impugnar los actos dictados en esta relación entre Administración y concesionario. No parecerá una barbaridad que, al menos, se le reconociese un interés legítimo si es el destinatario de dichos servicios y resulta afectado directamente por las decisiones que se adopten. La segunda, dictada tan solo … Continúa leyendo La ciudadanía y su exigencia de buena administración: ¿sería preciso repensar la legitimación activa en la jurisdicción contenciosa?
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Reclamacion de deudas a la Administración Pública
La morosidad y los retrasos en los pagos son una de las mayores preocupaciones de cualquier empresa o persona trabajadora autónoma, máxime en un contexto de profunda crisis como el actual, pues qué duda cabe que los impagos o demoras en las facturas pueden comprometer gravemente el desarrollo de cualquier actividad económica, sobre todo de las pymes y autónomos. Estas situaciones resultan especialmente recalcitrantes si la morosidad viene del sector público, hasta el punto de que en determinados sectores (tales como la obra civil o la prestación de servicios públicos) la deuda pueden perjudicar gravemente la viabilidad del negocio. Por eso, es necesario conocer cuál es el modelo de reclamación de deuda a una Administración Pública y explicar paso a paso el procedimiento para reclamar facturas impagadas y deudas contraídas por estas administraciones. Cuándo reclamar una deuda a la Administración Pública En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento de reclamación de facturas impagadas a la Administración Pública se regula en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Así, toda aquella empresa que ejecute una obra o contrate la prestación de un servicio o una concesión de cualquier tipo con una Administración Pública, … Continúa leyendo Reclamacion de deudas a la Administración Pública
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En qué consiste el procedimiento de rendición de cuentas
De un modo u otro prácticamente todo el mundo tiene al menos una ligera idea de lo que es rendir cuentas, esto es, dar explicaciones de la gestión de lo ajeno, de los motivos que justifican las decisiones que afectan a quienes las exigen. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente (así lo recoge el preámbulo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración Pública y de la ciencia política, al hablar de un procedimiento de rendición de cuentas nos referimos a un mecanismo de control y garantía que presenta determinadas particularidades y que detallamos a continuación. Concepto de rendición de cuentas En un sistema democrático, la rendición de cuentas se refiere al procedimiento por medio del cual los ciudadanos pueden controlar y valorar las actuaciones llevadas a cabo por la … Continúa leyendo En qué consiste el procedimiento de rendición de cuentas
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