Apremio sobre el patrimonio: qué es y cómo funciona
El apremio sobre el patrimonio es una herramienta esencial para garantizar la efectividad de las resoluciones administrativas firmes, especialmente aquellas que implican una deuda por parte del administrado. Saber en qué consiste y cómo funciona este procedimiento, puede ayudar a tomar las mejores decisiones legales con respecto a cómo actuar frente al mismo. Qué es el apremio sobre el patrimonio Es una forma de ejecución forzosa que solo puede poner en práctica la Administración Pública. Cuando un obligado no paga dentro del plazo voluntario una deuda que tiene con la Administración, esta puede proceder al embargo de sus bienes y a la posterior ejecución de los mismos para satisfacer su crédito. Mientras que otros acreedores necesitan acudir a la vía judicial para obtener un embargo sobre los bienes y derechos del deudor y que se lleve a cabo la realización forzosa de dicho embargo, la Administración tiene potestad para hacerlo por sí misma a través del procedimiento de apremio sobre el patrimonio, sin necesidad de iniciar acciones legales ante los tribunales. Cuándo y por qué se aplica el apremio sobre el patrimonio Solo puede darse cuando existe una deuda de Derecho Público que no ha sido satisfecha dentro del plazo … Continúa leyendo Apremio sobre el patrimonio: qué es y cómo funciona
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A vueltas con los indefinidos no fijos: ¿han de incluirse las plazas que ocupan en la oferta de empleo público?
El sistemático incumplimiento de la legislación laboral por nuestras Administraciones públicas dio lugar en la década de los noventa a la creación jurisprudencial del denominado indefinido no fijo (la STS de 20  de enero de 1998, rec.317/1997 precisó el alcance y las consecuencias de dicha declaración). Una figura, de contornos problemáticos, que ha sido la válvula de escape para conciliar las exigencias constitucionales de acceso al empleo público de acuerdo con los principios de mérito y capacidad con el reiterado incumplimiento de las normas laborales (de todas las normas laborales), sin consecuencias para los responsables todo hay que decirlo, por parte de todas -digo bien todas- las Administraciones públicas. Bien es verdad que unas más que otras. Y bien es verdad que, en no pocos de los supuestos, con plena conciencia de la irregularidad y el fraude en que se incurría. La propia subsistencia de la figura conforme a la interpretación que la jurisprudencia social mantiene sobre la misma, y a propósito de la aplicación de la Directiva 1999/70/CE y del  Acuerdo Marco, ha hecho que la propia jurisprudencia del TJUE en la sentencia de 22 de febrero de 2024 ponga en cuestión su compatibilidad con los artículos 2, 3 … Continúa leyendo A vueltas con los indefinidos no fijos: ¿han de incluirse las plazas que ocupan en la oferta de empleo público?
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A propósito del derecho a no autoinculparse en el derecho disciplinario
Hace unas semanas nos hacíamos eco de la necesidad de renovar y remozar la dogmática en que hemos basado el derecho disciplinario de los empleados públicos. Lo hacíamos, a propósito de las personas responsables, donde ya apuntábamos que se podían encontrar carencias significativas (aquí). Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 4 de junio de 2025 (rec.2188/2023) nos motiva para volver sobre este tema que, sin necesidad de muchas explicaciones, resulta vital para el buen funcionamiento del empleo público. Los sistemas de incentivos se componen, claro está, de estímulos positivos, pero también, y en la otra cara de la moneda, de la existencia de un sistema que penalice aquellas conductas no deseadas. Palo y zanahoria son desde siempre las dos caras de la misma moneda (aquí). Sin embargo, y no es la primera vez que así lo expreso, mucho me temo que ni en positivo (salario, carrera, etc.) ni en negativo (régimen disciplinario esencialmente) estos incentivos funcionan satisfactoriamente, al menos con carácter general, en nuestro empleo público. A lo que hay que añadir, en el caso del derecho disciplinario, el escaso esfuerzo que se ha realizado en los últimos tiempos para pensar sobre el bajo rendimiento institucional … Continúa leyendo A propósito del derecho a no autoinculparse en el derecho disciplinario
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Concejales tránsfugas y moción de censura
Con fecha 10 de junio del presente año se ha dictado la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5537-2023, relativa a las limitaciones impuestas a los denominados concejales “tránsfugas” en el ejercicio de su función representativa con ocasión de la interposición de mociones de censura en el ámbito local. Ya nos hemos referido en este mismo blog a distintas limitaciones impuestas a dichos concejales, en aras a salvar y proteger el principio de integridad, pero también a la necesidad de, sin perjuicio de ese fin legítimo, guardar el debido respeto a facultades y derechos derivados de los resultados electorales y otros bienes jurídicos que se integran en el denominado ius ad officium del cargo de concejal y que se derivan del artículo 23 CE (aquí). Pues bien, en la sentencia a la que hoy nos referimos, el Tribunal Constitucional ha de enfrentarse a discernir si las previsiones contenidas en el párrafo segundo del artículo 197.1.a) de la LOREG se ajustan a las previsiones constitucionales que se derivan del artículo 23.2 CE. En concreto recordemos que ese párrafo establecía la siguiente limitación: En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura … Continúa leyendo Concejales tránsfugas y moción de censura
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Los pliegos de cargos en procedimientos disciplinarios
Los pliegos de cargos tienen un papel central en los procedimientos sancionadores que se inician frente a los empleados públicos. Entender su contenido, sus efectos y cómo responderlos, puede marcar la diferencia entre una sanción o el archivo del caso. Qué es un pliego de cargos en un expediente disciplinario Es un documento formal a través del que la Administración comunica a un funcionario público la presunta infracción o infracciones disciplinarias que se le atribuyen. Su objetivo es garantizar el derecho a la defensa, notificando de forma clara los hechos acusados, su calificación jurídica y las posibles sanciones. Se encarga de delimitar el objeto del procedimiento sancionador y abre el período de descargos, momento en el que el trabajador público puede defenderse presentando alegaciones y pruebas para demostrar que no llevó a cabo la acción u omisión que la Administración le imputa. El pliego de cargos en el proceso disciplinario es un acto de acusación. Por tanto, sin él no puede imponerse ninguna sanción. De igual manera, hay que tener claro que recibirlo no quiere decir que el funcionario vaya a ser sancionado inmediatamente, pero sí demuestra que la Administración tiene indicios serios como para seguir el procedimiento para determinar … Continúa leyendo Los pliegos de cargos en procedimientos disciplinarios
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