Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento frente a terceros
En ocasiones se dan casos de lesiones producidas a un ciudadano o daños provocados a locales o viviendas en una localidad en concreto. En esos casos puede que nos preguntemos cuál es la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y qué ocurre en caso de que los daños hayan sido causados por contratistas.   Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento La responsabilidad patrimonial es el deber que tiene una persona física o jurídica de responder con sus bienes o derechos ante la reclamación de un tercero que se ha visto afectado por un altercado o lesión.  En el caso de la Administración Pública, la responsabilidad patrimonial se da cuando un ciudadano reclama por haber sufrido daños o lesiones por el funcionamiento de la misma. Por tanto, la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento consiste en indemnizar por toda lesión causada por sus actividades.  La responsabilidad de la administración pública  está reconocida en el artículo 106.2 de la Constitución Española. De este artículo emana el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.  Además de en nuestra Carta Magna, la responsabilidad administrativa está regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo … Continúa leyendo Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento frente a terceros
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Cuáles son las resoluciones recurribles en casación
Las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas no siempre son tan sencillas como deberían. Por eso, no es extraño que un conflicto entre un particular y una Administración pueda acabar en los tribunales y llegar incluso ante el Tribunal Supremo. De ahí la importancia de conocer las resoluciones recurribles en casación, para saber qué decisiones judiciales son susceptibles de revisión por el Alto Tribunal. Qué es un recurso de casación El recurso de casación, según la doctrina, tiende a defender los intereses y derechos de los litigantes, aunque con él se consigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (CORTÉS DOMINGUEZ). El recurso de casación no es una segunda o tercera instancia, con ella el Tribunal Supremo se limita a enjuiciar solo cuestiones de derecho, no de hecho. Este recurso puede darse en todos los ámbitos jurisdiccionales, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Motivos del recurso de casación El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o … Continúa leyendo Cuáles son las resoluciones recurribles en casación
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Diferencia entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
Un acto administrativo no será válido si, a la hora de dictarlo, la Administración incurre en algún vicio que dé lugar a su nulidad o anulabilidad, según el tipo y la gravedad del defecto concurrente en cada caso; de ahí que resulte fundamental distinguir ambas figuras y apreciar las diferencias existentes entre ambas.  Diferencias entre nulidad y anulabilidad La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo se equipara a su inexistencia, siendo de tal entidad el vicio que lo afecta y que se considerará a todos los efectos que no ha llegado a existir y, por ende, no producirá efecto alguno, lo que conlleva la nulidad de todo el procedimiento administrativo.  Dada su relevancia, los supuestos de nulidad de un acto administrativo se limitan a los tasados en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son aquellos actos que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional, hayan sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente, aquellos actos cuyo contenido sea imposible, o bien constituyan una infracción penal o traigan causa de esta.  También serán nulos de pleno derecho los actos que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en … Continúa leyendo Diferencia entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
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Discrecionalidad administrativa: ¿qué es y por qué es necesario su control?
La discrecionalidad administrativa es uno de los conceptos de mayor relevancia del Derecho Administrativo que es preciso determinar y conceptuar claramente, ya que es posible confundirla con otros conceptos jurídicos, también complejos y de gran abstracción. Qué es la discrecionalidad administrativa La discrecionalidad administrativa hace referencia a los límites de actuación de la Administración Pública, dentro de los cuales esta se ha de mover para tomar sus decisiones en aquellos casos en los que la potestad administrativa no viene claramente delimitada por la Ley. Así, como ya recogía el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de mayo de 1992, son potestades discrecionales las que permiten al órgano competente la elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en arbitrariedad y en el bien entendido de que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa ha de ir dirigido al cumplimiento del fin perseguido en la norma en que aquélla se fundamenta. Qué implica la potestad discrecional La potestad discrecional, como decimos, es la facultad de las Administraciones Públicas de elegir entre dos o más soluciones, válidas y legítimas todas ellas. No obstante, es fundamental que esta decisión esté adecuadamente razonada y fundamentada, para no incurrir … Continúa leyendo Discrecionalidad administrativa: ¿qué es y por qué es necesario su control?
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Suspensión de plazos administrativos y urbanísticos por el Covid-19
Como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 mediante el Real Decreto 463/2020, modificado por el Real Decreto 465/2020, uno de los principales efectos derivados de la crisis del coronavirus fue la suspensión de plazos administrativos. Si bien a día de hoy nos encontramos en un nuevo estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo de 2021, en esta ocasión no se ven afectados los plazos administrativos. Por eso, conviene repasar las fechas de reactivación, los plazos que fueron alterados y el régimen de la “nueva normalidad” respecto de los mismos, en la medida en que en no pocas ocasiones puede tener repercusión en procedimientos administrativos actualmente en curso. Términos y plazos administrativos Como conocemos, la vigencia del anterior estado de alarma supuso, con carácter general, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en las entidades del sector público de todos los niveles territoriales. En este sentido, y pese a la polémica que en su momento suscitó el alcance de los términos “suspensión” e “interrupción”, finalmente se consideró claro que los plazos se congelarían durante el estado de alarma y se “reanudarían” … Continúa leyendo Suspensión de plazos administrativos y urbanísticos por el Covid-19
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