Diferencia entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
Un acto administrativo no será válido si, a la hora de dictarlo, la Administración incurre en algún vicio que dé lugar a su nulidad o anulabilidad, según el tipo y la gravedad del defecto concurrente en cada caso; de ahí que resulte fundamental distinguir ambas figuras y apreciar las diferencias existentes entre ambas.  Diferencias entre nulidad y anulabilidad La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo se equipara a su inexistencia, siendo de tal entidad el vicio que lo afecta y que se considerará a todos los efectos que no ha llegado a existir y, por ende, no producirá efecto alguno, lo que conlleva la nulidad de todo el procedimiento administrativo.  Dada su relevancia, los supuestos de nulidad de un acto administrativo se limitan a los tasados en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son aquellos actos que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional, hayan sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente, aquellos actos cuyo contenido sea imposible, o bien constituyan una infracción penal o traigan causa de esta.  También serán nulos de pleno derecho los actos que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en … Continúa leyendo Diferencia entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
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Discrecionalidad administrativa: ¿qué es y por qué es necesario su control?
La discrecionalidad administrativa es uno de los conceptos de mayor relevancia del Derecho Administrativo que es preciso determinar y conceptuar claramente, ya que es posible confundirla con otros conceptos jurídicos, también complejos y de gran abstracción. Qué es la discrecionalidad administrativa La discrecionalidad administrativa hace referencia a los límites de actuación de la Administración Pública, dentro de los cuales esta se ha de mover para tomar sus decisiones en aquellos casos en los que la potestad administrativa no viene claramente delimitada por la Ley. Así, como ya recogía el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de mayo de 1992, son potestades discrecionales las que permiten al órgano competente la elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en arbitrariedad y en el bien entendido de que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa ha de ir dirigido al cumplimiento del fin perseguido en la norma en que aquélla se fundamenta. Qué implica la potestad discrecional La potestad discrecional, como decimos, es la facultad de las Administraciones Públicas de elegir entre dos o más soluciones, válidas y legítimas todas ellas. No obstante, es fundamental que esta decisión esté adecuadamente razonada y fundamentada, para no incurrir … Continúa leyendo Discrecionalidad administrativa: ¿qué es y por qué es necesario su control?
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Suspensión de plazos administrativos y urbanísticos por el Covid-19
Como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 mediante el Real Decreto 463/2020, modificado por el Real Decreto 465/2020, uno de los principales efectos derivados de la crisis del coronavirus fue la suspensión de plazos administrativos. Si bien a día de hoy nos encontramos en un nuevo estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo de 2021, en esta ocasión no se ven afectados los plazos administrativos. Por eso, conviene repasar las fechas de reactivación, los plazos que fueron alterados y el régimen de la “nueva normalidad” respecto de los mismos, en la medida en que en no pocas ocasiones puede tener repercusión en procedimientos administrativos actualmente en curso. Términos y plazos administrativos Como conocemos, la vigencia del anterior estado de alarma supuso, con carácter general, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en las entidades del sector público de todos los niveles territoriales. En este sentido, y pese a la polémica que en su momento suscitó el alcance de los términos “suspensión” e “interrupción”, finalmente se consideró claro que los plazos se congelarían durante el estado de alarma y se “reanudarían” … Continúa leyendo Suspensión de plazos administrativos y urbanísticos por el Covid-19
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Reclamacion de deudas a la Administración Pública
La morosidad y los retrasos en los pagos son una de las mayores preocupaciones de cualquier empresa o persona trabajadora autónoma, máxime en un contexto de profunda crisis como el actual, pues qué duda cabe que los impagos o demoras en las facturas pueden comprometer gravemente el desarrollo de cualquier actividad económica, sobre todo de las pymes y autónomos. Estas situaciones resultan especialmente recalcitrantes si la morosidad viene del sector público, hasta el punto de que en determinados sectores (tales como la obra civil o la prestación de servicios públicos) la deuda pueden perjudicar gravemente la viabilidad del negocio. Por eso, es necesario conocer cuál es el modelo de reclamación de deuda a una Administración Pública y explicar paso a paso el procedimiento para reclamar facturas impagadas y deudas contraídas por estas administraciones. Cuándo reclamar una deuda a la Administración Pública En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento de reclamación de facturas impagadas a la Administración Pública se regula en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Así, toda aquella empresa que ejecute una obra o contrate la prestación de un servicio o una concesión de cualquier tipo con una Administración Pública, … Continúa leyendo Reclamacion de deudas a la Administración Pública
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En qué consiste el procedimiento de rendición de cuentas
De un modo u otro prácticamente todo el mundo tiene al menos una ligera idea de lo que es rendir cuentas, esto es, dar explicaciones de la gestión de lo ajeno, de los motivos que justifican las decisiones que afectan a quienes las exigen. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente (así lo recoge el preámbulo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración Pública y de la ciencia política, al hablar de un procedimiento de rendición de cuentas nos referimos a un mecanismo de control y garantía que presenta determinadas particularidades y que detallamos a continuación. Concepto de rendición de cuentas En un sistema democrático, la rendición de cuentas se refiere al procedimiento por medio del cual los ciudadanos pueden controlar y valorar las actuaciones llevadas a cabo por la … Continúa leyendo En qué consiste el procedimiento de rendición de cuentas
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