A buen pagador no le duelen prendas: sentencia TJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/2020)
Hacía algún tiempo que no recibíamos un revolcón de los tribunales europeos de una cierta entidad. Me refiero, en concreto, a ese tipo de resoluciones jurisdiccionales que obligan no sólo a dictar una nueva norma, sino que nos obligan a hacer los deberes para disponer de una Administración diligente, y en este caso además es preciso añadir que eficiente, en el cumplimiento de sus obligaciones. Ser un buen pagador, un concepto aquilatado respecto del que inclusive se ha propuesto un sello, es el objeto de este comentario. Pues bien, estos últimos días, se ha producido un nuevo acontecimiento de esa naturaleza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de octubre de 2022 (Asunto C-585/2020) ha resuelto la cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación de los arts. 2, 4.1, 6 y 7.2 y 3 de la Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en el marco de un litigio entre una sociedad española que desempeña su actividad en el sector del cobro de créditos y la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León.  En dicho litigio  se discutía la forma y … Continúa leyendo A buen pagador no le duelen prendas: sentencia TJUE de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/2020)
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La valoración de la experiencia profesional en los procesos de estabilización de empleo temporal
09Como es notorio ya se han puesto en marcha, en distintas Administraciones públicas de todos los colores e ideologías, los ya célebres procesos de estabilización de empleo temporal concebidos como la solución y panacea al sempiterno problema de la temporalidad en el empleo público. No digo que no fueran necesarios, tampoco que no estén inspirados en los más puros deseos ni que en todos los supuestos se estén realizando en forma artera. No. Sin embargo, lo cierto es que, como ya se puso de relieve en la primera fase del proceso consistente en delimitar las plazas a incluir en estos procesos en el mes de mayo  (aquí), tras ver la plasmación de los baremos de concurso en distintas convocatorias de estos procesos de estabilización hay una cierta sensación, y conviene advertirlo desde ahora, de chapuza, improvisación y descarado favor hacia los interinos o contratados cuyas plazas se estabilizan. En algunos casos demasiado descarado y para ello creo que bastará dar algunos datos, sin decir el pecador, extraídos de algunas convocatorias que hemos podido analizar en las últimas semanas. 1. Las reflexiones que se desprende de algunas convocatorias ya efectuadas. La simple lectura de algunas de las convocatorias ya efectuadas, en … Continúa leyendo La valoración de la experiencia profesional en los procesos de estabilización de empleo temporal
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Urbanismo y turismo: la necesidad de justificar limitaciones
La relación entre el ejercicio de competencias en materia urbanística y, simultáneamente, los aspectos que se derivan del turismo y las libertades derivadas del libre establecimiento son, cuando menos, problemáticas en multitud de aspectos. No digo irreconciliables, solo digo que problemáticas, como se pone de manifiesto en la sentencia que hoy comentaremos. Desde luego no es algo nuevo, aunque se haya convertido en especialmente problemático desde la Directiva de Servicios, y así se puso de manifiesto en el recurso de apelación resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1992 (rec. 2032/1990) en relación a la prohibición establecida en una ordenanza de apertura de nuevos establecimientos de restauración dado que indicaría la sentencia referida que “los Ayuntamientos, en el ejercicio de su competencia, pueden regular todo lo relativo a la seguridad e higiene y protección de la salubridad pública; y pueden completar la normativa existente en materia de instalación de la actividad, estableciendo límites sobre superficie, ruidos, etc., tal como se ha reflejado en el segundo fundamento jurídico de esta Sentencia. Y en el caso de que una determinada actividad no reúna los requisitos que la normativa exija, puede la autoridad municipal denegar la correspondiente licencia … Continúa leyendo Urbanismo y turismo: la necesidad de justificar limitaciones
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La disonancia cognitiva de las Administraciones públicas (de algunas): a propósito de la consulta pública de normas reglamentarias
El artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, enclavado en un título dedicado a la iniciativa legislativa y a la potestad de dictar normas reglamentarias, incorporó como es suficientemente conocido, con carácter preceptivo, un trámite de carácter participativo para la ciudadanía, a saber: la consulta pública previa a la elaboración del proyecto correspondiente. Con dicho trámite, cuya regulación sin duda era francamente mejorable como puso de manifiesto el profesor ARROYO, se iniciaría la tramitación de la norma en cuestión. Hasta aquí todo fácil y sencillo, el problema ha sido su puesta en práctica, sin entrar ahora en las consecuencias de la STC 55/2018, de 24 de mayo de 2018, y las renuencias de la Administración a poner en valor dicho trámite lo que, por cierto, y en esta materia de participación de los ciudadanos en la elaboración normativa no era una novedad. Verlo como un obstáculo en lugar de una oportunidad para una buena regulación ha sido tradicionalmente, y en buena medida sigue siéndolo, el verdadero problema. 1. A vueltas con el mismo problema de siempre: la vetusta distinción entre reglamentos organizativos y ejecutivos. Sistemáticamente, y de forma reiterada, esa pregunta aparece en las reflexiones que, a propósito … Continúa leyendo La disonancia cognitiva de las Administraciones públicas (de algunas): a propósito de la consulta pública de normas reglamentarias
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Soy contribuyente, ni idiota ni experto digital: a propósito de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración
1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?: de derechos a obligaciones de los contribuyentes Es conocido que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoció el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, y no solo la posibilidad como se preveía en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley 11/2007 admitía incluso que, por vía reglamentaria, se estableciese la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos cuando las personas interesadas fuesen personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tuviesen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. En este contexto progresivo del tránsito de una Administración eminentemente analógica a otra digital, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dio un paso más y, desde la perspectiva de que la tramitación electrónica de los procedimientos debiera constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, partió de la base de que no solamente debía constituir la relación electrónica una forma especial de gestión de los … Continúa leyendo Soy contribuyente, ni idiota ni experto digital: a propósito de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración
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