El problema de la interinidad en el sector público: ¿crónica de un problema sin solución?
A nadie se le escapa que la temporalidad, fruto de las malas prácticas en la gestión del empleo en las entidades públicas (unas más que otras), es hoy un problema mayúsculo en busca de una solución. A la espera de que se actualicen los datos según se acordó en la última Comisión de Coordinación del Empleo Público se calcula que aproximadamente la temporalidad alcanza a más de 700.000 empleados públicos lo que aproximadamente representa una cuarta parte del empleo público en España (de nuevo en unos sectores -educación y sanidad- en mayor medida que en otros). Recientemente Francisco Longo se hizo eco de ello con un sugestivo y cinematográfico título, en el Diario El País de 25 de marzo, poniendo el acento en la gravedad del problema y su carácter estructural, y no meramente excepcional o transitorio como debería de ser, derivado de su deficiente gestión en nuestro empleo público. En cualquier caso, como se ha comentado un problema mayúsculo en busca de soluciones, primero judiciales ahora parece que de carácter legal mediante la modificación del artículo 10 TREBEP, de las que en esta entrada se pretende dar cuenta. Y soluciones, como empieza a ser habitual en distintos campos, mayormente … Continúa leyendo El problema de la interinidad en el sector público: ¿crónica de un problema sin solución?
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Disolución o moción de censura: el ejercicio abusivo de los derechos en el Estado constitucional de Derecho
1. Introducción: La provisional (¿definitiva?) solución otorga al problema por el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2021. Los recientes acontecimientos vividos en la Comunidad de Madrid (y en Murcia), un verdadero vodevil digno de un astracán del maestro Muñoz Seca, motivan el presente comentario en que conceptos como la ilicitud, la invalidez y la eficacia de normas y actos ha sido objeto, no siempre con el debido rigor, de informaciones periodísticas y comentarios variados que han situado este debate, en plena lucha contra la pandemia quien lo diría, en primera plana de la mayoría de los periódicos de este país relegando la crisis sanitaria a un segundo lugar. Un debate que tiene como protagonistas un Decreto de convocatoria electoral (potestad) frente a unas mociones de censura planteadas frente al mismo (derecho parlamentario) cuya existencia, a la vez y en forma simultánea, es irreconciliable. Ciertamente ya ha concluido el primer asalto (el combate tendrá todavía varios episodios más) y se ha resuelto a través de validar la convocatoria electoral. Estima el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Auto 48/2021, de 14 de marzo, en la pieza de medidas cautelares, que la … Continúa leyendo Disolución o moción de censura: el ejercicio abusivo de los derechos en el Estado constitucional de Derecho
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La proposición no de ley del grupo parlamentario socialista relativa a pequeños municipios: ¿resulta suficiente la propuesta realizada?
1.Los tradicionales problemas no resueltos de nuestra planta local. Nuestro modelo o forma de Gobierno local se ha transformado significativamente desde la aprobación del texto constitucional. Esta afirmación, que en principio podría parecer excesivamente concluyente, no es sino un fiel reflejo de lo acontecido en las tres últimas décadas. Y, además, esta transformación no puede calificarse simplemente de nominal sino que, mucho más allá, la misma podría decirse que es conceptual y que afecta al arquetipo del Gobierno y Administración municipal. Comenzó en 1999, con la reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y la propia Carta municipal de Barcelona, tuvo un segundo capítulo de enorme importancia con la denominada Ley de Modernización del Gobierno local en el contexto del denominado Pacto local y, finalmente y si salvamos otras reformas puntuales de la legislación local, tuvo su tercer episodio en 2013 en un contexto, marcado por una crisis económica, que fue determinante para que ese intento de reforma transitase en una dirección muy distinta a las dos anteriormente mencionadas que respondían, como hasta ese momento había acontecido, al reforzamiento del poder local. El problema es que esa evolución normativa, con independencia de la dirección de los cambios efectuados, … Continúa leyendo La proposición no de ley del grupo parlamentario socialista relativa a pequeños municipios: ¿resulta suficiente la propuesta realizada?
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Las sanciones del estado de alarma: ¿chapuza o vodevil?
Hace ahora, casi cuarenta años, se dictaba la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio Reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio que procedía al desarrollo de las previsiones constitucionales derivadas del artículo 116 CE. Una previsión constitucional no extraña, más bien habitual, en nuestro ordenamiento constitucional (CARRO). La norma, así como su previsión constitucional, tienen un origen que encuentra una clara influencia en las previsiones que en Alemania se había realizado en la Ley Fundamental de Bonn y en el cuidadoso y detallado desarrollo que de la misma se hizo en 1968 y que, recordemos, encontraban su explicación en la negativa experiencia que la Constitución de Weimar había mostrado durante la etapa nazi y el intento indisimulado de limitar su aplicación tras esa vivencia. La aplicación de la norma española, a la que ahora empezamos a estar tan acostumbrados a pesar de tratarse de un Derecho de excepción, había sido, como debe de ser, prácticamente inédita hasta ahora si salvamos el estado de alarma declarado, a través del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se ordenó el cierre del espacio aéreo como consecuencia de la famosa huelga de los controladores aéreos y se … Continúa leyendo Las sanciones del estado de alarma: ¿chapuza o vodevil?
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Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418
La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con las materias propias relativas a publicidad activa y derecho de acceso a la información de los ciudadanos, incorporó en su Título Segundo, en ese momento de forma novedosa, una responsabilidad administrativa de los cargos públicos. Normativa estatal que debiera haber tenido su continuidad para que el sistema hubiese alcanzado su completitud en las normas de buen gobierno a dictar por las Comunidades Autónomas y por los entes locales. No ha sido así, a salvo de algún caso puntual (Cataluña), en las normas de buen gobierno a dictar por éstas. La especial sensibilidad por los casos de irregularidades y corrupción existentes en esos momentos explicaba el porqué de la regulación efectuada. De esta forma, y para garantizar la aplicación de los principios y obligaciones de buen gobierno, se establecería un catálogo de infracciones y sanciones que habían de operar en tres direcciones: conflictos de intereses, materia económico-financiera y régimen disciplinario que, en su momento, ya fue criticada por algunos autores (DESCALZO GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ RAMOS, PÉREZ MONGUIO, CASTILLO RAMOS-BOSSINI, etc.). En este sentido, la norma se preocupa, sin duda del … Continúa leyendo Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418
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