El secretismo de la Administración
Es comúnmente conocido, y de esto ya hace algunas décadas, que el ordenamiento jurídico reconoció a los ciudadanos el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Bien es cierto que el reconocimiento del derecho se matizó, con una marcha atrás cómo no, tras la promulgación de la última Ley de Procedimiento Administrativo en 2015 que manteniendo el reconocimiento de ese derecho lo limitaba, a diferencia de la legislación de 1992, a los interesados. Se mantiene su reconocimiento, pero en menos. Se dirá, con una cierta justificación de dicho retroceso, que a quien puede interesar dicha cuestión sino a quienes están participando en el procedimiento. Se podrá decir, asimismo, que al fin y al cabo la legislación de transparencia ha superado dicha cuestión ya que el artículo 15.2 de la LTBG reconoce que “con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. No … Continúa leyendo El secretismo de la Administración
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¿Habríamos de repensar el modelo de VTC impuesto en 2018?: Europa vuelve a llamar a la puerta
Antes de que terminase el pasado año, en concreto con fecha 15 de diciembre, fueron presentadas las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar en el Asunto C‑50/21 Prestige and Limousine, S. L. contra Área Metropolitana de Barcelona y otras asociaciones del Taxi. No era la primera vez, y seguramente no será la última (dado que hay varios recursos pendientes), en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciaba sobre este tema y es que ya con anterioridad la justicia europea confirmó la posibilidad de sujetar esta actividad a autorización con fecha 20 de diciembre de 2017 en el Asunto C-434/15 al considerar que se trataba de una actividad de transporte y no de servicios de la sociedad de la información. Bien es cierto que, en esta ocasión, y de aceptarse por el Tribunal las Conclusiones citadas me temo que quizás habrá que repensar el modelo competencial que con el Decreto-Ley Abalos de 2018 se había establecido con carácter general a pesar de que los hechos que se contemplan en la resolución que aquí comentaremos, por ser anteriores a esa norma, no encajaban en su ámbito de aplicación. Recordemos muy resumidamente que la solución alcanzada por la Administración General del … Continúa leyendo ¿Habríamos de repensar el modelo de VTC impuesto en 2018?: Europa vuelve a llamar a la puerta
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El ejercicio de funciones (funcionarios) de hecho: a propósito de la carrera profesional
Desde la década de los noventa se había ido produciendo, y reproduciendo, una polémica suscitada como consecuencia de la realización de funciones por parte de funcionarios públicos sin que las mismas encontrasen amparo en un nombramiento formal para su ejercicio. Y es que, a diferencia del mundo jurídico privado en que el Estatuto de los Trabajadores ampara y proporciona una respuesta a esta delicada cuestión en su artículo 39, en el mundo jurídico público, y tanto en lo que se refiere al personal funcionario como asimismo al personal laboral, la cuestión resultaba mucho más espinosa. Si en la Administración, por decirlo de una vez, no procede un ascenso automático como preconiza el apartado 2 del citado artículo para los trabajadores en el ámbito privado hasta qué punto, al menos, debiera proceder compensar retributivamente a los trabajadores que realicen funciones de superior categoría y si eso tenía o no repercusión en su carrera profesional. Esa era la cuestión. Teniendo en cuenta, además, que la cuestión litigiosa hundía sus raíces, específicamente en el caso de los funcionarios públicos, en la consideración de la teoría estatutaria que tenía como elemento basal que el nombramiento como funcionario constituía un acto condición imprescindible para el … Continúa leyendo El ejercicio de funciones (funcionarios) de hecho: a propósito de la carrera profesional
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De nuevo sobre la confidencialidad de las ofertas: a propósito de la sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 2022 (asunto C 54/21)
Ya nos ocupamos, hace ya algunos meses, de la confidencialidad de las ofertas (aquí). En aquella ocasión, junto a exponer y recordar la doctrina sobre esta cuestión pergeñada en distintas resoluciones de nuestros tribunales de recursos contractuales, nos hacíamos eco del peligro de que, durante la tramitación de procedimientos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, se produjese una especie de barra libre que permitiese el acceso a la información declarada como confidencial. Inclusive declarada con tal carácter erróneamente. En aquel comentario, en concreto, dábamos cuenta de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala)  de 7 de septiembre de 2021 (asunto C-927/19) en virtud de la cual el órgano judicial está obligado, como sucede en el ámbito del recurso especial de contratación, a sopesar y ponderar si la información es confidencial, y realizada dicha ponderación adoptar una resolución motivada (controlando la motivación otorgada en vía administrativa) y, en su caso, denegando el derecho al acceso completo al expediente si con ello se afecta a un derecho fundamental o alternativamente debe poder anular la decisión denegatoria o la decisión desestimatoria del recurso administrativo si estas son ilegales y, en su caso, devolver … Continúa leyendo De nuevo sobre la confidencialidad de las ofertas: a propósito de la sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 2022 (asunto C 54/21)
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¿Cuándo cabe la impugnación indirecta de actos administrativos generales?
Parecerá ociosa la pregunta ya que la doctrina tradicionalmente asentada solo admite dicha impugnación cuando estamos frente a norma reglamentarias a través de los actos de aplicación de éstas. Me temo, sin embargo, que, a la vista de la jurisprudencia hasta ahora dictada por nuestros tribunales, no resulta tan carente de sentido formularnos la misma. Aún menos pensar que es una cuestión baladí, más bien al contrario y a los hechos me remito. Todos seguramente recordaremos las idas y venidas de nuestra jurisprudencia a propósito de las relaciones de puestos de trabajo o sin ir más lejos, y más recientemente, de las ponencias de valores catastrales respecto de su naturaleza y, consecuentemente con ello, con la posibilidad o no de su impugnación indirecta. Pueden verse, a este respecto, las SSTS de 5 de febrero de 2014 (rec.2986/2012) y de 16 de junio de 2022 (rec.7303/2020). Y es que, efectivamente, no es tarea fácil delimitar en ocasiones dicha cuestión. Me refiero, como ya podrá imaginarse, a la distinción entre actos administrativos y reglamentos y con arreglo a ello la posibilidad o no de interponer el recurso per saltum o recurso indirecto recogido en el artículo 26.1. de la ley 29/1998. Así … Continúa leyendo ¿Cuándo cabe la impugnación indirecta de actos administrativos generales?
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