¿Estamos valorando adecuadamente el papel de la potestad normativa local?: a propósito del reglamento orgánico municipal
1. El Reglamento Orgánico Municipal como Estatuto Local Es suficientemente conocido que el reglamento orgánico municipal (en adelante ROM) es el resultado más genuino, junto a las ordenanzas fiscales en ese concreto ámbito, del ejercicio de su potestad reglamentaria y, sin lugar a dudas, constituye la manifestación más importante de la capacidad de autoregulación de los mismos siendo inherente al propio principio de autonomía local como se han encargado de recordar, entre nosotros, destacadamente algunos autores (EMBID, VELASCO o GALÁN).  Obvio resulta aclarar que la potestad normativa local no finaliza ahí y, como es notorio, se extiende a otros ámbitos como el urbanismo o la prestación de servicios públicos entre otros, que también contemplan manifestaciones específicas de esta potestad normativa local, pero ciertamente, y en lo que se refiere al Reglamento Orgánico, puede decirse que es, como ha sido reiteradamente proclamado por la jurisprudencia, la más clara expresión del principio de autonomía local entendido éste como la capacidad que tiene un municipio para autorregularse y autoorganizarse (STC 104/2000, de 13 de abril y SSTS de 20 de mayor de 1988 y de 9 de febrero de 1993). Y es que la autonomía local reconocida a los municipios en el artículo … Continúa leyendo ¿Estamos valorando adecuadamente el papel de la potestad normativa local?: a propósito del reglamento orgánico municipal
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La imposición de sanciones superiores a las establecidas en la propuesta de resolución de un expediente sancionador
Como es conocido la imposición de sanciones superiores a las establecidas en la propuesta de resolución del expediente sancionador es algo que la mayoría de las leyes que contemplan un aparato sancionador ligado a garantizar su debido cumplimiento tienen normalmente establecido. Tampoco resulta una novedad que dicho proceder del órgano competente para imponer la sanción ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia. Eso sí, y en este supuesto no se plantea problema alguno, siempre que se haya procedido a dar previa audiencia al expedientado. La cuestión a debate que ya no resulta tan pacífica es, en este punto, determinar si es posible dicha actuación, es decir la imposición de una sanción superior a la prevista en la propuesta de resolución, si al expedientado no se le ha proporcionado previa audiencia. En la actualidad dicha previsión se encuentra, además y con carácter general, expresamente establecida en el artículo 90.2 de la Ley 39/2015 que expresamente establece que cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días. 1. La doctrina … Continúa leyendo La imposición de sanciones superiores a las establecidas en la propuesta de resolución de un expediente sancionador
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¿Arbitrio judicial o inseguridad jurídica?: la aplicación supletoria del Código Civil a las relaciones jurídico-administrativas
1. Introducción: el positivismo legalista y el papel de la jurisprudencia. El profesor Nieto puso en su día de manifiesto, en un magnífico ensayo (El arbitrio judicial, Ariel, Barcelona, 2000), que los paradigmas tradicionales de funcionamiento de la justicia no sirven para explicar el verdadero funcionamiento de ésta última. En similar línea de pensamiento se situaría, con posterioridad, González Navarro, (“De los principios del buen hacer administrativo”, Actualidad. Administrativa, 2001, tomo 2). Es decir, y por resumir con brevedad la posición de dichos autores, que concebir la función judicial como mera aplicación de la ley no se ajusta a la realidad. Que no nos es posible aprehender el funcionamiento del Derecho, y más allá de ello, su aplicación práctica en los tribunales de justicia, si no aceptamos la existencia de un arbitrio judicial (actividad lícita) que ha de deslindarse de la arbitrariedad (actividad ilícita). Si coincidimos en que esto es así. Y lo es desde hace siglos. Y si coincidimos en que el valor de la jurisprudencia, sobre todo tras el nuevo recurso de casación, va más allá que limitarse a complementar el ordenamiento jurídico según la dicción del artículo 1.6 Cc habrá también de coincidirse que doctrinas asentadas jurisdiccionalmente pueden … Continúa leyendo ¿Arbitrio judicial o inseguridad jurídica?: la aplicación supletoria del Código Civil a las relaciones jurídico-administrativas
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Las ofertas anormalmente bajas: ¿se ha roto el necesario equilibrio entre el interés público y mejor oferta?
1. Del interés público como razón de ser de la regulación de las proposiciones anormalmente bajas a la protección del contratista osado como guía de actuación. En los procesos de licitación que se producen en los procesos de compra pública se producen, con una habitualidad que va más allá de lo normal, la aparición de ofertas excesivamente bajas que pueden dar lugar, a posteriori y cuando ya se está en la fase de ejecución del contrato, a incumplimientos de las condiciones de ejecución establecidas en los pliegos previamente aprobados o propiciar procesos de modificación del contrato o de revisión de los precios establecidos que podrían no estar suficientemente justificados. Los peligros subsiguientes pueden ser relevantes, al afectar a la normal realización de las prestaciones establecidas en el contrato, en relación al interés público al que obedece el proceso de contratación en qué estos acontecen. Los motivos para este proceder pueden ser variados pero, en cualquier caso, se trata de razones que tienen que ver más con los intereses de los proponentes de este tipo de ofertas que con las finalidades a que ha de responder el actuar público. Por supuesto, ha de salvarse de esta afirmación aquellos supuestos que obedecen … Continúa leyendo Las ofertas anormalmente bajas: ¿se ha roto el necesario equilibrio entre el interés público y mejor oferta?
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Medidas adoptadas en materia de contratación pública tras la declaración del Estado de Alarma
Las disposiciones adicionales segunda y la tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, determinan la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Nos centraremos en esta entrada a los efectos de dicha suspensión de plazos en el caso de los contratos del sector público y la interpretación de la misma de acuerdo con la nota informativa emitida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. No obstante, es preciso tener en cuenta, asimismo, las medidas adoptadas en esta materia por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y que afecta a la posibilidad de resolver contratos públicos estableciéndose medidas específicas para la suspensión de contratos. 1. Ámbito Subjetivo de aplicación de las medidas: en materia procedimental y de ejecución de los contratos. Por sector público será preciso entender, conforme al apartado 2 de la disposición adicional tercera, aquellas incluidas como tales en la Ley 39/2015, es decir, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y el sector Institucional. Ahora bien, estas últimas, resultan incluidas con independencia de las previsiones del artículo … Continúa leyendo Medidas adoptadas en materia de contratación pública tras la declaración del Estado de Alarma
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