La valoración del suelo, a debate
ACAL organizó el pasado viernes unas jornadas de formación donde se abordó el tema desde un punto de vista técnico y jurídico Participaron Federico Castillo (catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada) y Julio Martínez (aquitecto de la oficina técnica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz) En ACAL, la formación está a la orden del día. Desde nuestra firma de abogacía y consultoría se llevan a cabo diferentes jornadas para mantener y conocer la actualidad jurídica. El pasado viernes 16 de noviembre, tuvo lugar una mesa redonda en la se abordó el tema de la valoración del suelo desde un punto de vista técnico y jurídico. Las ponencias estuvieron moderadas por Jesús García y María Encarnación González. En ella participaron: Federico Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, que se de nuestra formación y de la dirección académica de ACAL, quien habló de los aspectos jurídicos; y Julio Martínez (aquitecto de la oficina técnica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz), quien se ocupó de los aspectos técnicos.
Seguir leyendo
LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES URBANOS. Ultima doctrina jurisprudencial.
La presente entrada tiene como objetivo reseñar cuál es el órgano competente para el mantenimiento y conservación de los ríos, arroyos, cauces y demás bienes del dominio público hidráulico en la parte de sus tramos que discurren por zonas urbanas, conforme a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, y concretamente a la vista de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017. Pues bien, el artículo 28.4 de la Ley 10/20001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional establece al efecto, sobre las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas: “4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones.” La adecuada interpretación de la norma transcrita exige aclarar a qué “actuaciones” se refiere. Una lectura de conjunto lleva a pensar que se trata de aquellas actuaciones en cauces públicos que no supongan invasión “de las competencias de la Administración Hidráulica sobre el dominio público hidráulico”; es decir, el artículo … Continúa leyendo LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES URBANOS. Ultima doctrina jurisprudencial.
Seguir leyendo
Pautas en la nueva incoacion de los procedimienos sancionadores ya caducados
Una de las garantías esenciales del Derecho administrativo sancionador es la de respetar el procedimiento legal “o reglamentariamente” establecido (articulo 134.1 de la Ley 30/1992). Por ello, aquellas actuaciones administrativas que se apartan de este mandato legal terminan dando lugar a que la sanción que se imponga se encuentre viciada y, en consecuencia, termine siendo anulada por los órganos judiciales. Así, entre otros ámbitos, la necesidad de observancia de estas garantías procedimentales se pone de manifiesto también en relación con la caducidad del procedimiento e inicio, en su caso, de nuevo expediente por los mismos hechos cuando éstos no han prescrito. En el ámbito del derecho administrativo sancionador encontramos con frecuencia con que el procedimiento iniciado en su día no se ha tramitado en el plazo establecido para ello, por razones varias. Como quiera que la  tramitación de los procedimientos administrativos está sujeta a los plazos de caducidad previstos en las leyes -por elementales razones de garantía de los derechos del administrado-, transcurrido el plazo fijado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre o el específico fijado en las distintas normas que así lo establecen, las actuaciones realizadas se consideran caducadas y, por tanto, inadecuadas para desplegar efectos jurídicos. … Continúa leyendo Pautas en la nueva incoacion de los procedimienos sancionadores ya caducados
Seguir leyendo
Novedades del Real Decreto Ley 8/2011, de 7 de Julio, en el ámbito inmobiliario.
Este Real Decreto-Ley ha adoptado medidas de gran calado en ámbitos sociales muy heterogéneos: económico, inmobiliario y del procedimiento administrativo; y en sectores, también, muy heterogéneos, entre los que se encuentra como protagonista la administración local. Respecto de ésta última, parece que la finalidad esencial de esta norma sea la de garantizar la seguridad jurídica y económica en el tráfico administrativo local, tan maltrechas en los últimos años como consecuencia del endeudamiento de los Ayuntamientos y de la desaforada actividad urbanística ilegal, que ahora –con la técnica del silencio negativo y las medidas de protección registral- se pretende frenar y dar a conocer para salvaguardar los derechos de los terceros de buena fe. De este modo, el urbanismo ha evolucionado hacia un modelo, que no solo tiene como finalidad la protección de valores ambientales y paisajísticos y la creación de un modelo de ciudad adecuada a las necesidades reales de crecimiento, sino que, además, pretende incrementar la seguridad jurídica de los destinatarios últimos de las construcciones, adoptándose ahora medidas de mayor transparencia y publicidad de las actuaciones inmobiliarias de los particulares, primando estos valores respecto del derecho de aquellos a obtener licencia si se dan las condiciones legales para ello. Vamos … Continúa leyendo Novedades del Real Decreto Ley 8/2011, de 7 de Julio, en el ámbito inmobiliario.
Seguir leyendo
La reforma del régimen urbanístico valenciano
Con poco más de cuatro años de vigencia de la Ley Urbanística Valenciana, desde Generalitat ya se está preparando el borrador de una  ley de reforma del régimen urbanístico. El texto ha sido objeto de un trámite de sugerencias abierto a todos a través de Internet. En las líneas que siguen analizaremos brevemente la rerforma que se pretende. Fundamentalmente se pretenden cuatro objetivos: Adecuar la legislación urbanística a las exigencias de la legislación estatal, texto refundido de la ley de suelo de 2008. Integrar en el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos la nueva evaluación ambiental estratégica. Lograr la plena conformidad de la legislación urbanística con la normativa de contratación administrativa del sector público. Y, por último, simplificar la legislación urbanística y agilizar los procedimientos eliminando los trámites innecesarios. En el ámbito de la adaptación a la legislación de contratos, el proyecto de reforma hace de los hasta ahora programas de actuación integrados, un mero instrumento de gestión, que precisan de la previa ordenación pormenorizada y que simplemente quedan reducidos al contenido de un contrato administrativo de tipo concesional, en el que se ordenan las relaciones entre el concesionario, el propietario y la Administración concedente. A propósito de esto … Continúa leyendo La reforma del régimen urbanístico valenciano
Seguir leyendo