1.Introducción: el significado y sentido de la caducidad de los procedimientos. La caducidad del procedimiento había aparecido encuadrada, de forma tradicional y por sobre todo tras las reformas operadas en la LPA de 1958 por la Ley de 1963, en las formas de terminación anormal del procedimiento. Distinción que no utiliza la legislación actual que sólo habla de terminación del procedimiento sin realizar distinción alguna entre forma normal o anormal, aunque bien es cierto que algún sector doctrinal en algún momento encuadraría a esta en un concepto amplio de silencio administrativo (GARRIDO FALLA). Claro está que, en mi opinión, es preciso distinguir entre la caducidad de los procedimientos (falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio ex artículo 25 Ley 39/2015) y la caducidad del procedimiento debido a la falta de actuación del ciudadano (que, en mi opinión y coincidiendo en este punto con TARDIO PATO, es a la que se refiere los actuales artículos 84 y 95 de la Ley 39/2015 a pesar de su escasa aplicación dada la vigencia del principio de impulsión de oficio que inspira nuestra legislación procedimental). Lo cierto, y con independencia de la polémica entre si es un supuesto de silencio administrativo … Continúa leyendo Los efectos de la caducidad sobre los procedimientos administrativos reiniciados

1. El Reglamento Orgánico Municipal como Estatuto Local Es suficientemente conocido que el reglamento orgánico municipal (en adelante ROM) es el resultado más genuino, junto a las ordenanzas fiscales en ese concreto ámbito, del ejercicio de su potestad reglamentaria y, sin lugar a dudas, constituye la manifestación más importante de la capacidad de autoregulación de los mismos siendo inherente al propio principio de autonomía local como se han encargado de recordar, entre nosotros, destacadamente algunos autores (EMBID, VELASCO o GALÁN).  Obvio resulta aclarar que la potestad normativa local no finaliza ahí y, como es notorio, se extiende a otros ámbitos como el urbanismo o la prestación de servicios públicos entre otros, que también contemplan manifestaciones específicas de esta potestad normativa local, pero ciertamente, y en lo que se refiere al Reglamento Orgánico, puede decirse que es, como ha sido reiteradamente proclamado por la jurisprudencia, la más clara expresión del principio de autonomía local entendido éste como la capacidad que tiene un municipio para autorregularse y autoorganizarse (STC 104/2000, de 13 de abril y SSTS de 20 de mayor de 1988 y de 9 de febrero de 1993). Y es que la autonomía local reconocida a los municipios en el artículo … Continúa leyendo ¿Estamos valorando adecuadamente el papel de la potestad normativa local?: a propósito del reglamento orgánico municipal

Las entidades locales se han cuestionado, sobre todo estos días de teletrabajo y confinamiento, la posibilidad de que los órganos representativos locales y de gobierno, así como otros órganos colegiados locales puedan reunirse de manera telemática y adoptar acuerdos durante el estado de alarma (plenos, comisiones informativas, juntas de gobierno local, mesas de contratación). La modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que entra en vigor el 2 de abril de 2020 zanja la discusión relativa a la posibilidad de celebrar plenos telemáticos. La Disposición Final segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un nuevo apartado que prevé expresamente la posibilidad de celebrar las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales cuando concurran situaciones excepcionales. No obstante, veamos cuál ha sido el camino hasta llegar aquí durante estos días de confinamiento que han originado, finalmente, la modificación legal. Sobre este particular se había pronunciado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tras las numerosas consultas que se le habían dirigido desde el COSITAL, la Federación Española de Municipios y Provincias y las Direcciones Generales de Administración Local de las CC.AA. … Continúa leyendo Sesiones telemáticas de los órganos colegiados locales

1. La cuestión a debate: ¿deberíamos articular en el ordenamiento jurídico-administrativo un propio canon de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico-público? Una reciente sentencia, de 22 de enero de 2020 (rec. 1159/2015), comentada por algún destacado bloguista ha puesto sobre la mesa, de nuevo hemos de añadir ya que la problemática se ha planteado en distintas ocasiones  y a propósito de distintas temáticas, una interesante cuestión, a saber: si el derecho privado resulta de aplicación supletoria y de forma automática a la actuación administrativa o si, por el contrario, el Derecho administrativo debe acudir a una autointegración acudiendo a sus propios principios. El caso, relativo a una cesión de créditos derivados de un supuesto de responsabilidad patrimonial del potencial acreedor a un tercero, es resuelto en la sentencia citada rechazando la aplicación supletoria del Código Civil y acudiendo a la legislación contractual administrativa. En palabras de la sentencia: “Es verdad que el apartado tercero del art. 4 del Código Civil establece que «las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por leyes especiales»; pero ello se refiere primariamente a la legislación civil y mercantil, no a la legislación administrativa. Tan es así que cuando en materias … Continúa leyendo ¿Sigue siendo el Código Civil el “alma mater” para resolver los problemas planteados en el ámbito jurídico-administrativo?

Podría ocurrir que, dentro de un procedimiento administrativo, algún miembro del personal al servicio de la Administración Pública en cuestión fuera, por ejemplo, el hermano de la parte contraria. Sin duda, además de ser esta una situación incómoda, podría poner en entredicho la imparcialidad del procedimiento. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico prevé una institución jurídica que intenta evitar estos supuestos: el deber de abstención del empleado o cargo público y el correlativo derecho de recusación de los ciudadanos. Pero, ¿qué es la recusación administrativa y en qué casos es posible promoverla? En esta entrada te lo contamos. ¿Qué es la recusación en un procedimiento administrativo? La recusación es el derecho que ostenta el ciudadano para pedir que se aparte de un procedimiento administrativo la autoridad o funcionario que, a su entender, tiene algún tipo de interés en el asunto. En este sentido, la recusación y la abstención son figuras jurídicas que persiguen garantizar la objetividad e imparcialidad en los procesos judiciales y administrativos, por las que las personas legitimadas pueden solicitar que se aparten del proceso funcionarios de la administración de justicia, de la administración pública o perito por darse determinadas causas (recusación). También puede ser el propio interviniente el que … Continúa leyendo Qué es la recusación en un procedimiento administrativo