1. La responsabilidad concurrente de las Administraciones Publicas: breve excursus sobre su evolución. La construcción del sistema de responsabilidad patrimonial en nuestro ordenamiento jurídico ha tenido figuras señeras. Por supuesto, no cabe olvidar al Profesor GARCÍA DE ENTERRIA que, en su momento, ya señaló que “la responsabilidad se entiende a partir del siglo pasado, como complemento indispensable y contrapartida del principio de libertad, al que equilibra en su exigencia moral y con el que edifica conjuntamente, de la mano de la igualdad, el principio de solidaridad que ha de presidir el siglo en que nos encontramos”. Pero no sólo. Los profesores LEGUINA VILLA, BLASCO ESTEVE o, por citar un último autor entre otros muchos, el profesor MARTÍN REBOLLO ayudaron a edificar y dar esplendor a este instituto jurídico que constituye en la España de hoy uno de los núcleos basales con los que se garantiza la indemnidad patrimonial de los ciudadanos. Si esto es así, no lo es menos que, con respecto al tema que abordamos, sería el profesor MUÑOZ MACHADO en un magnífico libro (La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas, Madrid, Civitas, 1992), el que alertaría, en palabras del autor, de un problema desatendido y muy poco … Continúa leyendo La responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas ¿una cuestión insuficientemente resuelta?

Desde hace años, y con escaso éxito a la vista de los resultados, la doctrina científica viene señalando la necesaria articulación de una función directiva profesional en nuestras administraciones públicas.  Las razones sobran y son variadas. En palabras de JIMÉNEZ ASENSIO, sin duda un autor de necesaria referencia en esta materia, es éste «uno de los elementos clave de cualquier proceso de modernización de las Administraciones Públicas”. Y es que la dirección pública ofrecía, y todavía ofrece hoy en buena medida por ese motivo precisamente, peculiaridades y déficit que han sido reiteradamente puestas de manifiesto por la mejor doctrina que se ha ocupado del tema (JIMENEZ ASENSIO, LOSADA, LONGO, RAMIO, SANCHEZ MORÓN, PALOMAR OLMEDA, etc.). Ni la respuesta dada en su día en el ámbito estatal a través de la LOFAGE o en el variopinto espacio autonómico, ni desde luego en el ámbito local (tras las reformas efectuadas en 2003 y 2013), parecen que afronten las carencias que la regulación de empleo público tenía con anterioridad a estas reformas La regulación del personal directivo es, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy todavía una cuestión pendiente de resolver. Más tras la sentencia del Tribunal Supremo de 17 … Continúa leyendo ¿Quo vadis la dirección pública profesional en los gobiernos locales?: a propósito de la Sentencia del TS de 17 de diciembre de 2019

El recurso de alzada es un recurso administrativo en virtud del cual solicitamos a una Administración Pública que revise un acto o resolución administrativa dictada por un órgano administrativo que depende de aquel ante el que se presenta el recurso de alzada. Está regulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con los artículos 112 y siguientes de la misma Ley. No obstante, hemos de tener en cuenta que una vez hayamos agotado la vía administrativa, sólo nos quedará acudir a los Tribunales, es decir a la vía judicial. Así, tendremos que interponer un recurso judicial contencioso administrativo. En cualquier caso, para poder interponer un recurso de alzada, éste ha de reunir los siguientes requisitos: Se ha de interponer contra resoluciones administrativas que no pongan fin a la vía administrativa. Se ha de interponer respetando los plazos establecidos en la ley.   ¿Cuándo interponer el recurso de alzada? Plazos El recurso de alzada, como ya hemos adelantado, se puede interponer contra resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa. ¿Cuáles son estas resoluciones? Aquellas resoluciones administrativas de trámite que hayan producido algún … Continúa leyendo Recurso de alzada: ¿qué es y cuándo interponerlo?

A. Cese Como ya indicamos, la conclusión del mandato electoral da lugar al cese automático de los funcionarios eventuales, al ser cargos de confianza y de carácter temporal, debido a su unión indisoluble al mandato de la autoridad que los nombró. El artículo 12 del TREBEP prevé que es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. A estas previsiones, y por lo que a nosotros nos afecta en estos momentos, añade que el nombramiento y cese serán libres; el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento; y que a este personal le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. En lo que se refiere al ámbito local el artículo 104 LRBRL establece: El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de … Continúa leyendo ¿Qué hacemos los Ayuntamientos en estos 30 días? (III). Nombramiento de personal eventual

Una vez que se han constituido los Ayuntamientos, éstos han de dictar las resoluciones que regirán su organización. Partiendo del artículo 20 de la LBRL, que establece los órganos que son necesarios en las organización municipal –Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno, Comisiones informativas y Comisión Especial de Cuentas-, el artículo 38 del ROF fija las resoluciones que han de dictarse al comienzo de la legislatura para conformar la organización municipal de que quiera dotarse la nueva Corporación. Dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de los Ayuntamientos -15 de junio o 5 de julio- , el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación necesarias para resolver sobre los siguientes puntos: Periodicidad de las sesiones del Pleno. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Nombramientos de los representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de la competencia del Pleno. Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones Informativas, así como de las delegaciones que la alcaldía estime oportuno conferir. Por tanto, estas resoluciones deberán ser dictadas por el Alcalde con anterioridad al Pleno en el … Continúa leyendo ¿Qué hacemos los Ayuntamientos en estos 30 días? (II) Régimen económico de la Corporación