1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?: de derechos a obligaciones de los contribuyentes Es conocido que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoció el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, y no solo la posibilidad como se preveía en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley 11/2007 admitía incluso que, por vía reglamentaria, se estableciese la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos cuando las personas interesadas fuesen personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tuviesen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. En este contexto progresivo del tránsito de una Administración eminentemente analógica a otra digital, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dio un paso más y, desde la perspectiva de que la tramitación electrónica de los procedimientos debiera constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, partió de la base de que no solamente debía constituir la relación electrónica una forma especial de gestión de los … Continúa leyendo Soy contribuyente, ni idiota ni experto digital: a propósito de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración

La técnica del silencio administrativo permite diferenciar entre actos presuntos y actos expresos. El acto presunto es aquel que se imputa a la Administración que debió resolver en un plazo determinado y no lo hizo. Realmente, no existe una declaración de voluntad administrativa, sino que se efectúa una ficción para garantizar una debida protección al interesado. Todo lo que se va a explicar a continuación no afecta al hecho de que la Administración está obligada a resolver expresamente, porque así lo establece la Ley. El art. 21 de la Ley 39/2015 señala Artículo 21. Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. (…) El silencio administrativo puede ser positivo o negativo, una vez transcurrido el plazo máximo que la Administración tenía para pronunciarse al respecto: Silencio administrativo positivo: estima de forma tácita la solicitud de un ciudadano. Silencio administrativo negativo: rechaza de forma tácita las pretensiones del interesado. El silencio hace que el ciudadano no se quede sin contestación. Sea de manera expresa o presunta, se obtiene una respuesta. Y, ¿en qué plazo tiene que resolver la Administración? El plazo general es … Continúa leyendo ¿Qué es el silencio administrativo?

Seguramente el título de esta entrada produzca cierta perplejidad. Es comprensible. A mi mismo me la produce, pero también creo que nada puede ser más expresivo que este título para reflejar la problemática de lo que estos días acontece en redes sociales y en  pronunciamientos de mayor fuste como el del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y otros de distintos e ilustres compañeros cómo el Profesor SOSA. La cuestión no es otra que las reformas que en el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional se van a producir. Si algo no lo remedia -no imagino qué dada la debilidad parlamentaria del gobierno- se ha introducido una atribución competencial sobre el régimen jurídico de estos funcionarios a favor del País Vasco durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que, aún siendo de carácter instrumental (la competencia sobre éstos), mucho me temo que su relevancia es mucho mayor. Sin duda lo será. Pero vayamos, en primer término, a los hechos que dan origen y justifican la denominación de este comentario y que no tienen, en principio, nada que ver con el objeto del mismo según lo ya … Continúa leyendo La pájara de la «habilitación nacional»

Las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas no siempre son tan sencillas como deberían. Por eso, no es extraño que un conflicto entre un particular y una Administración pueda acabar en los tribunales y llegar incluso ante el Tribunal Supremo. De ahí la importancia de conocer las resoluciones recurribles en casación, para saber qué decisiones judiciales son susceptibles de revisión por el Alto Tribunal. Qué es un recurso de casación El recurso de casación, según la doctrina, tiende a defender los intereses y derechos de los litigantes, aunque con él se consigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (CORTÉS DOMINGUEZ). El recurso de casación no es una segunda o tercera instancia, con ella el Tribunal Supremo se limita a enjuiciar solo cuestiones de derecho, no de hecho. Este recurso puede darse en todos los ámbitos jurisdiccionales, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Motivos del recurso de casación El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o … Continúa leyendo Cuáles son las resoluciones recurribles en casación

Un acto administrativo no será válido si, a la hora de dictarlo, la Administración incurre en algún vicio que dé lugar a su nulidad o anulabilidad, según el tipo y la gravedad del defecto concurrente en cada caso; de ahí que resulte fundamental distinguir ambas figuras y apreciar las diferencias existentes entre ambas.  Diferencias entre nulidad y anulabilidad La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo se equipara a su inexistencia, siendo de tal entidad el vicio que lo afecta y que se considerará a todos los efectos que no ha llegado a existir y, por ende, no producirá efecto alguno, lo que conlleva la nulidad de todo el procedimiento administrativo.  Dada su relevancia, los supuestos de nulidad de un acto administrativo se limitan a los tasados en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son aquellos actos que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional, hayan sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente, aquellos actos cuyo contenido sea imposible, o bien constituyan una infracción penal o traigan causa de esta.  También serán nulos de pleno derecho los actos que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en … Continúa leyendo Diferencia entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos