Con fecha 10 de junio del presente año se ha dictado la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5537-2023, relativa a las limitaciones impuestas a los denominados concejales “tránsfugas” en el ejercicio de su función representativa con ocasión de la interposición de mociones de censura en el ámbito local. Ya nos hemos referido en este mismo blog a distintas limitaciones impuestas a dichos concejales, en aras a salvar y proteger el principio de integridad, pero también a la necesidad de, sin perjuicio de ese fin legítimo, guardar el debido respeto a facultades y derechos derivados de los resultados electorales y otros bienes jurídicos que se integran en el denominado ius ad officium del cargo de concejal y que se derivan del artículo 23 CE (aquí). Pues bien, en la sentencia a la que hoy nos referimos, el Tribunal Constitucional ha de enfrentarse a discernir si las previsiones contenidas en el párrafo segundo del artículo 197.1.a) de la LOREG se ajustan a las previsiones constitucionales que se derivan del artículo 23.2 CE. En concreto recordemos que ese párrafo establecía la siguiente limitación: En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura … Continúa leyendo Concejales tránsfugas y moción de censura

No digo nada nuevo si pongo de manifiesto cómo, desde hace ya algunos años (más de uno y más de dos), venimos asistiendo a una progresiva erosión de categorías dogmáticas que hasta hace poco pensábamos firmemente asentadas en nuestro ordenamiento jurídico. Es lo que toca cuando se viven tiempos de cambios y de incertidumbre. Ya lo advirtió, hace algún tiempo, a propósito del Decreto-Ley con el acierto que le es característico ARAGÓN REYES (aquí). Pero lo cierto es que esa relativa degradación de las categorías jurídicas que se pueden englobar dentro de la denominación genérica de disposiciones administrativas de carácter general, con rango legal o no, y con rango reglamentario o no, no queda restringido a este fenómeno. En efecto, estos mismos días estamos asistiendo a un cierto revuelo político a propósito de las normas “ómnibus”, normas con contenidos diversos y nada en común que desafían los postulados de la buena regulación, o también asistimos al uso abusivo de las proposiciones de ley a fin de obviar trámites e informes preceptivos en el procedimiento de aprobación de las normas con rango legal, etc. Pero el fenómeno no para ahí y se extiende, muy decididamente he de subrayar, a la potestad … Continúa leyendo ¿Nuevos tipos normativos?: las orientaciones de carácter pseudo básico

Si trabajas en la administración pública española, hay conceptos jurídicos que necesitas conocer sí o sí. Así, no puedes pasar sin saber qué es la afectación o desafectación de un bien. El régimen jurídico de los bienes de las Administraciones públicas está recogido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas, que contempla en su articulado diversos preceptos que tienen el carácter de básicos, así como otros que son de aplicación plena a todas las Administraciones Públicas. Los bienes de las entidades locales se regulan en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el RD 1372/1986,  de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales. Por su parte las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus competencias, aprueban disposiciones normativas que regulan el régimen jurídico de los bienes de las Entidades Locales, referido a su ámbito territorial. Antes de analizar este asunto debemos decir que el artículo 4 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) clasifica los bienes pertenecientes a las Administraciones Públicas en bienes patrimoniales o de dominio privado y bienes demaniales o de … Continúa leyendo La afectación y desafectación de un bien público

El más que frecuente incumplimiento de los plazos en la actuación administrativa por parte de la Administración es un lugar recurrente. Sucede en el dictado de actos administrativos, pero también en el ejercicio de sus potestad reglamentaria. Ciertamente la posición institucional de la Administración pública, y su vocación de servicio al interés general, ameritan “privilegios” en más a fin de hacer posible, en la medida necesaria eso sí, dicho loable objetivo. Sucede, como bien se sabe, a propósito de la invalidez de la actuación administrativa en que se consagra el principio de que cuando la misma sea realizada fuera del tiempo establecido para ésta sólo implicará la anulabilidad de los actos administrativos dictados cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo que es objeto de incumplimiento. Dichos privilegios, como luego se verá, serán de aplicación también al ejercicio de la potestad reglamentaria. Y es que, en este breve comentario, nos preguntaremos qué pasa con los reglamentos cuando acontece esa desidia de la Administración en cumplir los compromisos impuestos normativamente. ¿Implica la invalidez de los mismos?, ¿se produce alguna consecuencia cuando se dictan fuera del tiempo establecido en el caso de los denominados reglamentos ejecutivos?, ¿puede existir responsabilidad patrimonial en … Continúa leyendo La demora en la aprobación de reglamentos y su eventual indemnización

Que las revueltas del mundo político local son muchas y no siempre coherentes con lo que votó la ciudadanía no es nada nuevo. Que se producen hechos de travestismo político en la vida local más a menudo de lo que sería de desear tampoco es nuevo. Que, en algunos casos (en algunos), esos hechos que debieran ser deplorados por tirios y troyanos, lo que no siempre ocurre cuando del ejercicio del poder se trata, pueden calificarse de inconfesables tampoco es algo nuevo ni que no se conozca por la ciudadanía en general gracias a los medios de comunicación. En cualquier caso, lo que si es preciso es separar el grano de la paja y mejorar el tratamiento que a dichas conductas otorgue la legislación que, sin duda, puede ser optimizada en este punto. Dejémoslo así, por ahora, y luego volveremos sobre ello. Y es que la dicción, el alcance y la interpretación del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) que, recordémoslo ahora, trae causa y consecuencia de los pactos antitransfuguismo dista de ser lo suficientemente diáfana. Más de una pregunta se suscita a propósito de su dicción que recordemos establece: “Los … Continúa leyendo ¿Cómo interpretar las limitaciones al desempeño de delegaciones de gobierno o cargos ejecutivos por concejales no adscritos?