De un modo u otro prácticamente todo el mundo tiene al menos una ligera idea de lo que es rendir cuentas, esto es, dar explicaciones de la gestión de lo ajeno, de los motivos que justifican las decisiones que afectan a quienes las exigen. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente (así lo recoge el preámbulo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración Pública y de la ciencia política, al hablar de un procedimiento de rendición de cuentas nos referimos a un mecanismo de control y garantía que presenta determinadas particularidades y que detallamos a continuación. Concepto de rendición de cuentas En un sistema democrático, la rendición de cuentas se refiere al procedimiento por medio del cual los ciudadanos pueden controlar y valorar las actuaciones llevadas a cabo por la … Continúa leyendo En qué consiste el procedimiento de rendición de cuentas

En una entrada anterior pusimos de relieve que el Estado europeo occidental venía atravesando un largo periodo de transición. El desarrollo del modelo económico‑social y político y la última crisis económica habían venido generando nuevas condiciones sociales y económicas en las que el modelo de Estado y el de la Administración que lo sirve, hasta ahora prácticamente indiscutido, se revelaba no suficientemente adecuado para conducir los procesos sociales a los que hoy nos enfrentamos y resolver los problemas derivados de la convivencia. Partiendo de este punto de vista, en los últimos años se ha planteado cómo será la Administración del futuro. Desde la academia, se han avanzado distintas líneas sobre las que se asentará esta. Así UVALLE BERRONES señala los siguientes vectores de cambio: democratización de la administración, relación principal–agente, visión de redes, gestión y responsabilidad, e implementación de capacidades públicas. RAMIÓ, por su parte, estima ineludible una nueva ética y valores de carácter público que contribuya a la renovación de la cultura institucional y pone así en el centro del debate un listado de valores (ética, sostenibilidad, transparencia, coherencia política, valentía…) que deberían ser tenidos en cuenta en la definición de un buen modelo democrático y un buen sistema … Continúa leyendo La reforma de la Administración: algunas tendencias a tener en cuenta (II)

Las distintas vicisitudes acontecidas en nuestro país a lo largo de los últimos meses, como consecuencia de la pandemia vírica a la que aún hoy hemos de hacer frente, han situado al universo de nuestras administraciones e instituciones públicas frente a un espejo que, como era de prever, ha reflejado sus más y sus menos. Por un lado, las relevantes capacidades de distintos sectores del quehacer público para hacer frente a una catástrofe de la magnitud global que vivimos, pero también, y no podemos olvidarlo, de algunas carencias que nos mueven a realizar esta reflexión. En el campo del haber, como resulta notorio, es preciso destacar a aquellos colectivos de profesionales públicos que de forma directa han debido responder, en ocasiones con escasez de medios, a los requerimientos de un acontecimiento que no venía con libro de instrucciones. En el campo del debe, sin embargo, también se han mostrado carencias. Desde las demoras en la tramitación de prestaciones, consideradas vitales en el momento que vivimos, hasta otros campos como la prestación de servicios de forma virtual que ha puesto de relieve el todavía escaso camino transitado hacia una Administración digital, la descoordinación interadministrativa en importantes áreas de la acción pública … Continúa leyendo A vueltas con la inacabada reforma de la Administración Pública (I)

1.Introducción: el significado y sentido de la caducidad de los procedimientos. La caducidad del procedimiento había aparecido encuadrada, de forma tradicional y por sobre todo tras las reformas operadas en la LPA de 1958 por la Ley de 1963, en las formas de terminación anormal del procedimiento. Distinción que no utiliza la legislación actual que sólo habla de terminación del procedimiento sin realizar distinción alguna entre forma normal o anormal, aunque bien es cierto que algún sector doctrinal en algún momento encuadraría a esta en un concepto amplio de silencio administrativo (GARRIDO FALLA). Claro está que, en mi opinión, es preciso distinguir entre la caducidad de los procedimientos (falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio ex artículo 25 Ley 39/2015) y la caducidad del procedimiento debido a la falta de actuación del ciudadano (que, en mi opinión y coincidiendo en este punto con TARDIO PATO, es a la que se refiere los actuales artículos 84 y 95 de la Ley 39/2015 a pesar de su escasa aplicación dada la vigencia del principio de impulsión de oficio que inspira nuestra legislación procedimental). Lo cierto, y con independencia de la polémica entre si es un supuesto de silencio administrativo … Continúa leyendo Los efectos de la caducidad sobre los procedimientos administrativos reiniciados

1. El Reglamento Orgánico Municipal como Estatuto Local Es suficientemente conocido que el reglamento orgánico municipal (en adelante ROM) es el resultado más genuino, junto a las ordenanzas fiscales en ese concreto ámbito, del ejercicio de su potestad reglamentaria y, sin lugar a dudas, constituye la manifestación más importante de la capacidad de autoregulación de los mismos siendo inherente al propio principio de autonomía local como se han encargado de recordar, entre nosotros, destacadamente algunos autores (EMBID, VELASCO o GALÁN).  Obvio resulta aclarar que la potestad normativa local no finaliza ahí y, como es notorio, se extiende a otros ámbitos como el urbanismo o la prestación de servicios públicos entre otros, que también contemplan manifestaciones específicas de esta potestad normativa local, pero ciertamente, y en lo que se refiere al Reglamento Orgánico, puede decirse que es, como ha sido reiteradamente proclamado por la jurisprudencia, la más clara expresión del principio de autonomía local entendido éste como la capacidad que tiene un municipio para autorregularse y autoorganizarse (STC 104/2000, de 13 de abril y SSTS de 20 de mayor de 1988 y de 9 de febrero de 1993). Y es que la autonomía local reconocida a los municipios en el artículo … Continúa leyendo ¿Estamos valorando adecuadamente el papel de la potestad normativa local?: a propósito del reglamento orgánico municipal