Las entidades locales se han cuestionado, sobre todo estos días de teletrabajo y confinamiento, la posibilidad de que los órganos representativos locales y de gobierno, así como otros órganos colegiados locales puedan reunirse de manera telemática y adoptar acuerdos durante el estado de alarma (plenos, comisiones informativas, juntas de gobierno local, mesas de contratación). La modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que entra en vigor el 2 de abril de 2020 zanja la discusión relativa a la posibilidad de celebrar plenos telemáticos. La Disposición Final segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un nuevo apartado que prevé expresamente la posibilidad de celebrar las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales cuando concurran situaciones excepcionales. No obstante, veamos cuál ha sido el camino hasta llegar aquí durante estos días de confinamiento que han originado, finalmente, la modificación legal. Sobre este particular se había pronunciado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tras las numerosas consultas que se le habían dirigido desde el COSITAL, la Federación Española de Municipios y Provincias y las Direcciones Generales de Administración Local de las CC.AA. … Continúa leyendo Sesiones telemáticas de los órganos colegiados locales

1. La cuestión a debate: ¿deberíamos articular en el ordenamiento jurídico-administrativo un propio canon de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico-público? Una reciente sentencia, de 22 de enero de 2020 (rec. 1159/2015), comentada por algún destacado bloguista ha puesto sobre la mesa, de nuevo hemos de añadir ya que la problemática se ha planteado en distintas ocasiones  y a propósito de distintas temáticas, una interesante cuestión, a saber: si el derecho privado resulta de aplicación supletoria y de forma automática a la actuación administrativa o si, por el contrario, el Derecho administrativo debe acudir a una autointegración acudiendo a sus propios principios. El caso, relativo a una cesión de créditos derivados de un supuesto de responsabilidad patrimonial del potencial acreedor a un tercero, es resuelto en la sentencia citada rechazando la aplicación supletoria del Código Civil y acudiendo a la legislación contractual administrativa. En palabras de la sentencia: “Es verdad que el apartado tercero del art. 4 del Código Civil establece que «las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por leyes especiales»; pero ello se refiere primariamente a la legislación civil y mercantil, no a la legislación administrativa. Tan es así que cuando en materias … Continúa leyendo ¿Sigue siendo el Código Civil el “alma mater” para resolver los problemas planteados en el ámbito jurídico-administrativo?

Podría ocurrir que, dentro de un procedimiento administrativo, algún miembro del personal al servicio de la Administración Pública en cuestión fuera, por ejemplo, el hermano de la parte contraria. Sin duda, además de ser esta una situación incómoda, podría poner en entredicho la imparcialidad del procedimiento. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico prevé una institución jurídica que intenta evitar estos supuestos: el deber de abstención del empleado o cargo público y el correlativo derecho de recusación de los ciudadanos. Pero, ¿qué es la recusación administrativa y en qué casos es posible promoverla? En esta entrada te lo contamos. ¿Qué es la recusación en un procedimiento administrativo? La recusación es el derecho que ostenta el ciudadano para pedir que se aparte de un procedimiento administrativo la autoridad o funcionario que, a su entender, tiene algún tipo de interés en el asunto. En este sentido, la recusación y la abstención son figuras jurídicas que persiguen garantizar la objetividad e imparcialidad en los procesos judiciales y administrativos, por las que las personas legitimadas pueden solicitar que se aparten del proceso funcionarios de la administración de justicia, de la administración pública o perito por darse determinadas causas (recusación). También puede ser el propio interviniente el que … Continúa leyendo Qué es la recusación en un procedimiento administrativo 

1. La responsabilidad concurrente de las Administraciones Publicas: breve excursus sobre su evolución. La construcción del sistema de responsabilidad patrimonial en nuestro ordenamiento jurídico ha tenido figuras señeras. Por supuesto, no cabe olvidar al Profesor GARCÍA DE ENTERRIA que, en su momento, ya señaló que “la responsabilidad se entiende a partir del siglo pasado, como complemento indispensable y contrapartida del principio de libertad, al que equilibra en su exigencia moral y con el que edifica conjuntamente, de la mano de la igualdad, el principio de solidaridad que ha de presidir el siglo en que nos encontramos”. Pero no sólo. Los profesores LEGUINA VILLA, BLASCO ESTEVE o, por citar un último autor entre otros muchos, el profesor MARTÍN REBOLLO ayudaron a edificar y dar esplendor a este instituto jurídico que constituye en la España de hoy uno de los núcleos basales con los que se garantiza la indemnidad patrimonial de los ciudadanos. Si esto es así, no lo es menos que, con respecto al tema que abordamos, sería el profesor MUÑOZ MACHADO en un magnífico libro (La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas, Madrid, Civitas, 1992), el que alertaría, en palabras del autor, de un problema desatendido y muy poco … Continúa leyendo La responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas ¿una cuestión insuficientemente resuelta?

Desde hace años, y con escaso éxito a la vista de los resultados, la doctrina científica viene señalando la necesaria articulación de una función directiva profesional en nuestras administraciones públicas.  Las razones sobran y son variadas. En palabras de JIMÉNEZ ASENSIO, sin duda un autor de necesaria referencia en esta materia, es éste «uno de los elementos clave de cualquier proceso de modernización de las Administraciones Públicas”. Y es que la dirección pública ofrecía, y todavía ofrece hoy en buena medida por ese motivo precisamente, peculiaridades y déficit que han sido reiteradamente puestas de manifiesto por la mejor doctrina que se ha ocupado del tema (JIMENEZ ASENSIO, LOSADA, LONGO, RAMIO, SANCHEZ MORÓN, PALOMAR OLMEDA, etc.). Ni la respuesta dada en su día en el ámbito estatal a través de la LOFAGE o en el variopinto espacio autonómico, ni desde luego en el ámbito local (tras las reformas efectuadas en 2003 y 2013), parecen que afronten las carencias que la regulación de empleo público tenía con anterioridad a estas reformas La regulación del personal directivo es, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy todavía una cuestión pendiente de resolver. Más tras la sentencia del Tribunal Supremo de 17 … Continúa leyendo ¿Quo vadis la dirección pública profesional en los gobiernos locales?: a propósito de la Sentencia del TS de 17 de diciembre de 2019