Las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas no siempre son tan sencillas como deberían. Por eso, no es extraño que un conflicto entre un particular y una Administración pueda acabar en los tribunales y llegar incluso ante el Tribunal Supremo. De ahí la importancia de conocer las resoluciones recurribles en casación, para saber qué decisiones judiciales son susceptibles de revisión por el Alto Tribunal. Qué es un recurso de casación El recurso de casación, según la doctrina, tiende a defender los intereses y derechos de los litigantes, aunque con él se consigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (CORTÉS DOMINGUEZ). El recurso de casación no es una segunda o tercera instancia, con ella el Tribunal Supremo se limita a enjuiciar solo cuestiones de derecho, no de hecho. Este recurso puede darse en todos los ámbitos jurisdiccionales, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Motivos del recurso de casación El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o … Continúa leyendo Cuáles son las resoluciones recurribles en casación

Un acto administrativo no será válido si, a la hora de dictarlo, la Administración incurre en algún vicio que dé lugar a su nulidad o anulabilidad, según el tipo y la gravedad del defecto concurrente en cada caso; de ahí que resulte fundamental distinguir ambas figuras y apreciar las diferencias existentes entre ambas.  Diferencias entre nulidad y anulabilidad La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo se equipara a su inexistencia, siendo de tal entidad el vicio que lo afecta y que se considerará a todos los efectos que no ha llegado a existir y, por ende, no producirá efecto alguno, lo que conlleva la nulidad de todo el procedimiento administrativo.  Dada su relevancia, los supuestos de nulidad de un acto administrativo se limitan a los tasados en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son aquellos actos que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional, hayan sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente, aquellos actos cuyo contenido sea imposible, o bien constituyan una infracción penal o traigan causa de esta.  También serán nulos de pleno derecho los actos que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en … Continúa leyendo Diferencia entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

La discrecionalidad administrativa es uno de los conceptos de mayor relevancia del Derecho Administrativo que es preciso determinar y conceptuar claramente, ya que es posible confundirla con otros conceptos jurídicos, también complejos y de gran abstracción. Qué es la discrecionalidad administrativa La discrecionalidad administrativa hace referencia a los límites de actuación de la Administración Pública, dentro de los cuales esta se ha de mover para tomar sus decisiones en aquellos casos en los que la potestad administrativa no viene claramente delimitada por la Ley. Así, como ya recogía el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de mayo de 1992, son potestades discrecionales las que permiten al órgano competente la elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en arbitrariedad y en el bien entendido de que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa ha de ir dirigido al cumplimiento del fin perseguido en la norma en que aquélla se fundamenta. Qué implica la potestad discrecional La potestad discrecional, como decimos, es la facultad de las Administraciones Públicas de elegir entre dos o más soluciones, válidas y legítimas todas ellas. No obstante, es fundamental que esta decisión esté adecuadamente razonada y fundamentada, para no incurrir … Continúa leyendo Discrecionalidad administrativa: ¿qué es y por qué es necesario su control?

1. Introducción: La provisional (¿definitiva?) solución otorga al problema por el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2021. Los recientes acontecimientos vividos en la Comunidad de Madrid (y en Murcia), un verdadero vodevil digno de un astracán del maestro Muñoz Seca, motivan el presente comentario en que conceptos como la ilicitud, la invalidez y la eficacia de normas y actos ha sido objeto, no siempre con el debido rigor, de informaciones periodísticas y comentarios variados que han situado este debate, en plena lucha contra la pandemia quien lo diría, en primera plana de la mayoría de los periódicos de este país relegando la crisis sanitaria a un segundo lugar. Un debate que tiene como protagonistas un Decreto de convocatoria electoral (potestad) frente a unas mociones de censura planteadas frente al mismo (derecho parlamentario) cuya existencia, a la vez y en forma simultánea, es irreconciliable. Ciertamente ya ha concluido el primer asalto (el combate tendrá todavía varios episodios más) y se ha resuelto a través de validar la convocatoria electoral. Estima el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Auto 48/2021, de 14 de marzo, en la pieza de medidas cautelares, que la … Continúa leyendo Disolución o moción de censura: el ejercicio abusivo de los derechos en el Estado constitucional de Derecho

La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con las materias propias relativas a publicidad activa y derecho de acceso a la información de los ciudadanos, incorporó en su Título Segundo, en ese momento de forma novedosa, una responsabilidad administrativa de los cargos públicos. Normativa estatal que debiera haber tenido su continuidad para que el sistema hubiese alcanzado su completitud en las normas de buen gobierno a dictar por las Comunidades Autónomas y por los entes locales. No ha sido así, a salvo de algún caso puntual (Cataluña), en las normas de buen gobierno a dictar por éstas. La especial sensibilidad por los casos de irregularidades y corrupción existentes en esos momentos explicaba el porqué de la regulación efectuada. De esta forma, y para garantizar la aplicación de los principios y obligaciones de buen gobierno, se establecería un catálogo de infracciones y sanciones que habían de operar en tres direcciones: conflictos de intereses, materia económico-financiera y régimen disciplinario que, en su momento, ya fue criticada por algunos autores (DESCALZO GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ RAMOS, PÉREZ MONGUIO, CASTILLO RAMOS-BOSSINI, etc.). En este sentido, la norma se preocupa, sin duda del … Continúa leyendo Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418