La nueva regulación de los sectores especiales: especial referencia a las empresas públicas municipales
El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de febrero el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero que, de manera urgente, transpone al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores y otras materias que no serán objeto de atención en esta entrada (seguros privados, planes y fondos de pensiones y ámbito tributario y de litigios fiscales). La misma se ceñirá, en una primera lectura, al libro primero del Real Decreto-ley que se centra en la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En el sentido expuesto, la norma incorpora un nuevo texto regulatorio y deroga la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en estos sectores por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2004/17/CE, 92/13/CEE y 2007/66/CE que, como es conocido, sucedió a la originaria Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. El distinto radio de acción de unas y … Continúa leyendo La nueva regulación de los sectores especiales: especial referencia a las empresas públicas municipales
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Subrogación en las relaciones laborales: novedades jurisprudenciales en la reinternalización de servicios públicos
Breve alusión a la problemática suscitada en torno a estos procesos Con poca fortuna, dado la impreciso de la terminología, irrumpieron los denominados procesos de “remunicipalización” en el escenario local y con ellos descubrimos las imprevisiones que nuestro ordenamiento jurídico tenía al respecto y la dificultad de cohonestar previsiones de cuerpos normativos con ópticas muy heterogéneas (comunitaria, estatal, convencional), con lógicas institucionales distintas (Derecho Administrativo y Derecho Laboral), y con el necesario respeto, además, a los principios de norma mínima y primacía del Derecho Comunitario. El mecanismo relativo a la subrogación en las relaciones laborales en los supuestos de sucesión de empresas aparece regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que, como es sabido, es trasunto de la normativa europea que se plasma en la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DOCE del día 22 de marzo de 2001). Es, por tanto, un asunto en que los Estados miembros han situado la competencia en el ámbito del Derecho europeo y la regla … Continúa leyendo Subrogación en las relaciones laborales: novedades jurisprudenciales en la reinternalización de servicios públicos
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Protección de datos y contratación pública: novedades introducidas con el RD-ley 14/2019
A la hora de ejecutar contratos públicos, los contratistas hacen uso de una cantidad muy importante de datos personales cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública[1]. Siendo esto así y con la finalidad de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, hace unos días el BOE publicaba el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En esta entrada detallaremos qué novedades introduce el capítulo III, dedicado en su integridad a medidas en materia de contratación pública. Fundamentalmente, la norma modifica la Ley de Contratos del Sector Público a fin de introducir medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos por parte de los contratistas y subcontratistas en todas las fases de la contratación, desde el expediente de licitación a la ejecución del contrato. Dicho lo anterior, las novedades son las que se detallan a continuación. Expediente de contratación (art. 116.1 LCSP) Para aquellos expedientes relativos a contratos cuya ejecución precisa la cesión de datos, el órgano de contratación tendrá que especificar cuál será la finalidad de … Continúa leyendo Protección de datos y contratación pública: novedades introducidas con el RD-ley 14/2019
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¿Qué es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración?
La responsabilidad patrimonial de la Administración es un dispositivo de protección que el Estado español pone a disposición de los ciudadanos que presuntamente hayan sufrido daños derivados de las Administraciones públicas. De esta forma, podríamos decir que sirve de mecanismo de autorregulación de las entidades públicas. Se trata de una institución consagrada en la Constitución Española, que señala en su artículo 106.2 que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, los principios generales que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas están en la Ley de Régimen Jurídico del sector Público (arts. 32 y siguientes). Ahora bien, como todo tipo de procedimiento administrativo, éste tiene sus propios plazos, cálculo de indemnizaciones y fases, que son necesarios conocer antes de poner una reclamación. ¿Qué es un procedimiento de Responsabilidad Patrimonial? Si un ciudadano cree haber sufrido un daño derivado de la actuación de una o varias Administraciones públicas, puede iniciar una reclamación a la propia Administración de la que considere haber … Continúa leyendo ¿Qué es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración?
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28 Ago, 2019
El Tribunal de Contratación declara que es lícito el establecimiento de un umbral de saciedad en la valoración del precio
Recientemente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) ha revisado su anterior posición contraria en todo caso al establecimiento de umbrales de saciedad en los criterios de valoración de las ofertas económicas. Los llamados “umbrales de saciedad” son las distintas fórmulas matemáticas que se emplean para limitar la valoración de las ofertas y no conceder puntos adicionales a aquellas proposiciones que sean inferiores a una determinada cifra (umbral de saciedad). Hasta ahora, este tribunal venía declarando que el establecimiento de los umbrales de saciedad era contrario a los principios que rigen la contratación administrativa en tanto que, a su juicio, actuaban de forma contraria a la competencia y al beneficio de las administraciones que podía obtener servicios, obras y suministros a un precio menor; estableciendo el procedimiento de las ofertas anormalmente bajas cómo único método válido para combatir las ofertas de precios excesivamente bajos. No obstante, tal y como recoge en su Resolución nº 853/2019, de fecha 18 de julio, dictada en el recurso 614/2019, el Tribunal corrige su postura y admite la conformidad de establecer este tipo de clausulado por lo motivos señalados en su anterior Resolución nº 484/2019, de 9 de mayo. Fundamentalmente, porque: La … Continúa leyendo El Tribunal de Contratación declara que es lícito el establecimiento de un umbral de saciedad en la valoración del precio
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