Como nos resulta conocido la confidencialidad de las ofertas presentadas por los licitadores, hasta dónde y con qué limites opera, no es una cuestión nueva ni tampoco pacífica. El legítimo derecho del licitador de preservar aquella información que, derivada de su oferta, supone una ventaja competitiva sobre otros posibles competidores se ve confrontado con el principio de transparencia y el derecho de defensa de otros licitadores cuando éstos no están de acuerdo con la adjudicación efectuada. Dicha problemática ha sido objeto de múltiples resoluciones por parte de las juntas consultivas y de los órganos administrativos de recursos contractuales que, en lo que interesa a estos efectos, ha ido trazando unos criterios dirigidos esencialmente a los poderes adjudicadores en torno a distintas cuestiones de sumo interés: qué ha de entenderse por confidencial, qué obligaciones incumben a los oferentes, cómo ha de operar el poder adjudicador, etc. De la problemática que plantea dicha cuestión nos han dado cuenta, entre otros, los profesores MARTÍN BASSOLS, RAZQUIN LIZÁRRAGA, MORENO MOLINA y, más recientemente, la profesora RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO. Ha sido objeto, asimismo, de múltiples y acertados comentarios por otros profesionales en distintos ámbitos (PINTOS SANTIAGO, CAMPOS ACUÑA, etc.). Sin perjuicio de aludir al estado de … Continúa leyendo Los órganos jurisdiccionales tienen el deber de respetar la confidencialidad de las ofertas presentadas por los licitadores

La contratación administrativa es un tema complejo que puede resultar difícil de entender si no se cuenta con el asesoramiento de un despacho de abogados especialistas en administración pública. Es importante saber cómo funciona, qué tipo de contratos existen y cuál es el proceso de adjudicación. Qué es la contratación administrativa La contratación administrativa hace referencia a la forma en la que la Administración Pública contrata la mayoría de los trabajos que no hacen por sí mismos y para los que necesitan personas o empresas externas. Estos contratos están regulados por una normativa administrativa específica y deben cumplir los requisitos recogidos en ella tanto para su preparación y adjudicación como para su ejecución y extinción. Tipos de contratos administrativos y su adjudicación Existen diversas clasificaciones en función del criterio que se tome en cuenta para clasificar un contrato administrativo. En función de su objeto Podemos encontrar los contratos típicos, mixtos y administrativos especiales. Los contratos típicos están especificados en la ley y son: El contrato de obras. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de servicios. El contrato de suministro. Los contratos mixtos son aquellos que fusionan contratos de distinto tipo en un … Continúa leyendo Cómo funciona la contratación administrativa

Como ya sabemos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos), para concertar cualquier prestación de servicios o entregas de bienes con la Administración debe seguirse un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en el sector público existen determinadas necesidades de productos y servicios de menor entidad y que no estén destinados a cubrir necesidades repetitivas y recurrentes, para las cuales no se requiere poner en marcha un complejo procedimiento de licitación: nos referimos, pues, a los contratos menores. Qué tipo de contratos se consideran menores Con carácter general, se consideran contratos menores en la nueva Ley de Contratos aquellos contratos de obra cuya cuantía sea inferior a los 40.000 euros o los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios. Existe una importante excepción en relación con estos últimos, y es que se considerarán igualmente como contratos menores aquellos suministros o prestación de servicios que estén relacionados con ciencia e innovación por valor inferior a 50.000 euros. Llegados a este punto, conviene aclarar que siempre que hablamos de importe o cuantía, no estamos refiriendo, en todo caso, al valor estimado del contrato, que … Continúa leyendo Contratos menores con la Administración: todo lo que debes saber

La morosidad y los retrasos en los pagos son una de las mayores preocupaciones de cualquier empresa o persona trabajadora autónoma, máxime en un contexto de profunda crisis como el actual, pues qué duda cabe que los impagos o demoras en las facturas pueden comprometer gravemente el desarrollo de cualquier actividad económica, sobre todo de las pymes y autónomos. Estas situaciones resultan especialmente recalcitrantes si la morosidad viene del sector público, hasta el punto de que en determinados sectores (tales como la obra civil o la prestación de servicios públicos) la deuda pueden perjudicar gravemente la viabilidad del negocio. Por eso, es necesario conocer cuál es el modelo de reclamación de deuda a una Administración Pública y explicar paso a paso el procedimiento para reclamar facturas impagadas y deudas contraídas por estas administraciones. Cuándo reclamar una deuda a la Administración Pública En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento de reclamación de facturas impagadas a la Administración Pública se regula en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Así, toda aquella empresa que ejecute una obra o contrate la prestación de un servicio o una concesión de cualquier tipo con una Administración Pública, … Continúa leyendo Reclamacion de deudas a la Administración Pública

1. Introducción: una nueva reforma impulsada de nuevo por factores exógenos al necesario proceso de reforma de nuestras Administraciones. Desde hace más de cuatro décadas se viene recurrentemente acudiendo al tópico de la reforma de la Administración pública para enfrentar los retos que tiene el país. Curiosamente, y en el caso de España, ese impulso modernizador no se ha producido en la mayoría de las ocasiones como consecuencia de una reflexión pausada, alejada de las coyunturas políticas y económicas del momento y dirigida, efectivamente, a actualizar y renovar el conjunto de instrumentos jurídicos (formas de actuación y régimen jurídico) y organizativos de nuestro sector público (estructura organizativa y empleo público) y con ello producir más y mejores políticas públicas orientadas a los resultados. Planes los ha habido, sin duda, reformas normativas inclusive de importante calado igualmente en ambos campos, otra cosa será preguntarnos por el suficiente éxito de las mismas. Los objetivos de estos intentos, inspirados en su mayoría en las directrices de organizaciones internacionales, han abarcado múltiples aspectos. A título de ejemplo, en el ámbito de la OCDE, se puso ya tempranamente de relieve la necesidad de orientar nuestras Administraciones a los resultados y se propusieron, para ello, determinadas … Continúa leyendo ¿Una nueva modernización de la Administración pública?: la ejecución de fondos Next Generation UE