Las disposiciones adicionales segunda y la tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, determinan la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Nos centraremos en esta entrada a los efectos de dicha suspensión de plazos en el caso de los contratos del sector público y la interpretación de la misma de acuerdo con la nota informativa emitida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. No obstante, es preciso tener en cuenta, asimismo, las medidas adoptadas en esta materia por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y que afecta a la posibilidad de resolver contratos públicos estableciéndose medidas específicas para la suspensión de contratos. 1. Ámbito Subjetivo de aplicación de las medidas: en materia procedimental y de ejecución de los contratos. Por sector público será preciso entender, conforme al apartado 2 de la disposición adicional tercera, aquellas incluidas como tales en la Ley 39/2015, es decir, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y el sector Institucional. Ahora bien, estas últimas, resultan incluidas con independencia de las previsiones del artículo … Continúa leyendo Medidas adoptadas en materia de contratación pública tras la declaración del Estado de Alarma

El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de febrero el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero que, de manera urgente, transpone al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores y otras materias que no serán objeto de atención en esta entrada (seguros privados, planes y fondos de pensiones y ámbito tributario y de litigios fiscales). La misma se ceñirá, en una primera lectura, al libro primero del Real Decreto-ley que se centra en la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En el sentido expuesto, la norma incorpora un nuevo texto regulatorio y deroga la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en estos sectores por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2004/17/CE, 92/13/CEE y 2007/66/CE que, como es conocido, sucedió a la originaria Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. El distinto radio de acción de unas y … Continúa leyendo La nueva regulación de los sectores especiales: especial referencia a las empresas públicas municipales

A la hora de ejecutar contratos públicos, los contratistas hacen uso de una cantidad muy importante de datos personales cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública[1]. Siendo esto así y con la finalidad de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, hace unos días el BOE publicaba el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En esta entrada detallaremos qué novedades introduce el capítulo III, dedicado en su integridad a medidas en materia de contratación pública. Fundamentalmente, la norma modifica la Ley de Contratos del Sector Público a fin de introducir medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos por parte de los contratistas y subcontratistas en todas las fases de la contratación, desde el expediente de licitación a la ejecución del contrato. Dicho lo anterior, las novedades son las que se detallan a continuación. Expediente de contratación (art. 116.1 LCSP) Para aquellos expedientes relativos a contratos cuya ejecución precisa la cesión de datos, el órgano de contratación tendrá que especificar cuál será la finalidad de … Continúa leyendo Protección de datos y contratación pública: novedades introducidas con el RD-ley 14/2019

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) publicó su primera Instrucción 1/2019, de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 332.7.d) de la LCSP, fijando unos criterios de interpretación de los aspectos que más problemática se venían ocasionando con respecto a los contratos menores regulados en el artículo 118 de la LCSP. La principal novedad que introduce la instrucción fue, en virtud del principio de competencia y como medida de lucha contra el fraude y la corrupción, la exigencia de que el órgano de contratación solicite tres presupuestos para cualquier contrato menor que tramite. Si bien no deja de resultar llamativo que la OIRESCON ponga el foco en la lucha contra la corrupción en la tramitación de este tipo de contratos de menor cuantía, lo cierto es que la citada instrucción generó una gran controversia y suscitó aún más dudas en cuanto a los requisitos exigibles a los contratos menores. Ello llevó a la OIRESCON a publicar casi de forma inmediata una nota aclaratoria sobre la instrucción publicada. En la nota aclaratoria la OIRESCON no introdujo ninguna consideración sobre su ámbito de aplicación, probablemente, porque la propia instrucción ya señalaba expresamente que ésta “será … Continúa leyendo ¿Es la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON sobre contratos menores aplicable al sector público autonómico y local?

Recientemente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) ha revisado su anterior posición contraria en todo caso al establecimiento de umbrales de saciedad en los criterios de valoración de las ofertas económicas. Los llamados “umbrales de saciedad” son las distintas fórmulas matemáticas que se emplean para limitar la valoración de las ofertas y no conceder puntos adicionales a aquellas proposiciones que sean inferiores a una determinada cifra (umbral de saciedad). Hasta ahora, este tribunal venía declarando que el establecimiento de los umbrales de saciedad era contrario a los principios que rigen la contratación administrativa en tanto que, a su juicio, actuaban de forma contraria a la competencia y al beneficio de las administraciones que podía obtener servicios, obras y suministros a un precio menor; estableciendo el procedimiento de las ofertas anormalmente bajas cómo único método válido para combatir las ofertas de precios excesivamente bajos. No obstante, tal y como recoge en su Resolución nº 853/2019, de fecha 18 de julio, dictada en el recurso 614/2019, el Tribunal corrige su postura y admite la conformidad de establecer este tipo de clausulado por lo motivos señalados en su anterior Resolución nº 484/2019, de 9 de mayo. Fundamentalmente, porque: La … Continúa leyendo El Tribunal de Contratación declara que es lícito el establecimiento de un umbral de saciedad en la valoración del precio