Cuando decides presentarte a una oposición o dedicarte al trabajo público hay ciertos conceptos que conviene conocer. Este es el caso de la comisión de servicios, un puesto de trabajo que hay que tener muy en cuenta si eres funcionario público o estás preparándote para serlo. Qué es una comisión de servicios La comisión de servicios es una forma de proveer un puesto de trabajo que ha quedado vacante (art. 64 del Real Decreto 364/1995). Es una figura que puede ser utilizada en casos de urgente e inaplazable necesidad por parte de funcionarios que reúnan los requisitos que se establezcan para el desempeño del puesto en concreto. Solamente funcionarios pueden optar a este tipo de nombramientos.  Como vemos, se trata de una provisión temporal y excepcional que, además, de conformidad con la normativa de aplicación, solamente podrá tener una duración de un año, prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto de manera definitiva. ¿Quién puede convocar la comisión de servicios? De acuerdo con el Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, las comisiones de servicio deberán ser convocadas por los … Continúa leyendo Comisión de servicios: qué es, cómo funciona, y qué derechos tienen los funcionarios

1.Introducción: de la regulación en materia de empleo público a la legislación sobre transparencia. La legislación estatal de empleo público –Ley 30/1984 (LRFP) y también la Ley 7/2007 (EBEP)-, a diferencia de la legislación de las Comunidades Autónomas en esta materia, resultaba muy limitada en cuanto al acceso a la información incorporada a instrumentos organizativos como las relaciones de puestos de trabajo. El resultado no era otro que, en ese momento, los organismos responsables de la protección de datos coincidían en señalar que estas normas no amparaban una cesión masiva de datos de la relación de puestos de trabajo (RPT) incluyendo nombres y apellidos de todo el personal a los representantes de los trabajadores de tal forma que solo procedería la cesión de los datos solicitados, siempre que los mismos fuesen cedidos de forma disociada, sin poder referenciar los datos a personas identificadas o identificables. En caso contrario, debería recabarse el consentimiento de los interesados (Informe AGPD de 10 de marzo de 2009 e Informe 19 de enero de 2012). La misma postura, asimismo, era mantenida cuando la relación del empleado público con la Administración fuera laboral (Informe AGPD de 5 de mayo de 2010). Inclusive si dicha cesión de … Continúa leyendo Transparencia y Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)

1. Introducción: a vueltas con lo normal y lo anormal. Hace unas pocas semanas nos preguntábamos en este mismo espacio de reflexión si no sería preciso encontrar un nuevo equilibrio más satisfactorio, que el que en la actualidad se producía con la regulación de las bajas temerarias. Las ofertas a coste cero. Una situación derivada de la existencia de una regulación, más formal o procedimental que material, y que ocasionaba situaciones que podrían poner en peligro el interés público durante la ejecución del contrato y cuestionar otros bienes jurídicos que como promover una sana competencia resultaban distintos pero tan dignos de protección como la consecución de la mejor oferta económica. La cuestión traída con anterioridad a colación, suscitada a propósito de la renuncia por parte del licitador al beneficio industrial y a los gastos generales, y que ha sido objeto de una reflexión más profunda en el número 212 de la Revista de Administración Pública, tenía como objetivo alertar de los posibles riesgos en que se podía incurrir en la admisión, aún cuando fuese selectiva, de ofertas en que no se producía ningún beneficio para el contratista. Si esto dicho así, parece de Perogrullo advertirlo, pudiera suceder sin más. Las … Continúa leyendo ¿Ofertas a coste cero u ofertas ilusorias?: el mito de la gratuidad en las ofertas de los licitadores

La participación en procedimientos de licitación pública constituye una buena oportunidad de negocio tanto para autónomos y pymes como para grandes empresas. Tanto es así que incluso determinados sectores económicos, como puede ser el de las infraestructuras y obra civil, se nutren, fundamentalmente, de las licitaciones públicas. Llegados a este punto cabría preguntarse, ¿qué es una licitación pública y cómo puedo participar? Qué es una licitación pública Una licitación pública es un procedimiento administrativo en virtud del cual una Administración Pública o entidad del sector público abre un proceso para contratar con empresas privadas la ejecución de una obra, la prestación de un servicio o la provisión de un suministro. Para cumplir con los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia que deben presidir las actuaciones de los poderes públicos, se establecen unos pliegos de contratación en los que se señalan las condiciones económicas y técnicas que se requieren para el contrato que se va a licitar y los requisitos que deben cumplir los participantes. Proceso de licitación pública en España En la actualidad el procedimiento de licitación pública en España se regula en la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la que … Continúa leyendo Qué es una licitación pública y qué errores debes evitar

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Aunque, aparentemente, no se trata de una norma enfocada al ámbito de contratación administrativa, tres disposiciones sí están dedicadas a las medidas adoptadas en esta materia durante la crisis sanitaria. Veamos a continuación qué novedades trae el RD-ley 17/2020. Disposición final octava. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se modifica la redacción del art. 33 LCSP en el siguiente sentido: a efectos de la consideración de medio propio personificado de un entidad perteneciente al sector público, se suprime la referencia al art. 42 del Código de Comercio, en cuanto a la determinación del control que ejerce la entidad que hace el encargo, y se sustituye por una remisión al artículo 32.2 a) de la LCSP, esto es, que el ente que realiza el encargo ejerza un control análogo al que ostenta respecto de sus propios servicios o unidades. Disposición final novena. Modificación del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. 1. Abonos a cuenta. … Continúa leyendo ¿Cómo afecta el Real Decreto-ley 17/2020 a la contratación administrativa? Resumen de novedades en la ley de contratos