Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Aunque, aparentemente, no se trata de una norma enfocada al ámbito de contratación administrativa, tres disposiciones sí están dedicadas a las medidas adoptadas en esta materia durante la crisis sanitaria. Veamos a continuación qué novedades trae el RD-ley 17/2020. Disposición final octava. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se modifica la redacción del art. 33 LCSP en el siguiente sentido: a efectos de la consideración de medio propio personificado de un entidad perteneciente al sector público, se suprime la referencia al art. 42 del Código de Comercio, en cuanto a la determinación del control que ejerce la entidad que hace el encargo, y se sustituye por una remisión al artículo 32.2 a) de la LCSP, esto es, que el ente que realiza el encargo ejerza un control análogo al que ostenta respecto de sus propios servicios o unidades. Disposición final novena. Modificación del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. 1. Abonos a cuenta. … Continúa leyendo ¿Cómo afecta el Real Decreto-ley 17/2020 a la contratación administrativa? Resumen de novedades en la ley de contratos

1. Del interés público como razón de ser de la regulación de las proposiciones anormalmente bajas a la protección del contratista osado como guía de actuación. En los procesos de licitación que se producen en los procesos de compra pública se producen, con una habitualidad que va más allá de lo normal, la aparición de ofertas excesivamente bajas que pueden dar lugar, a posteriori y cuando ya se está en la fase de ejecución del contrato, a incumplimientos de las condiciones de ejecución establecidas en los pliegos previamente aprobados o propiciar procesos de modificación del contrato o de revisión de los precios establecidos que podrían no estar suficientemente justificados. Los peligros subsiguientes pueden ser relevantes, al afectar a la normal realización de las prestaciones establecidas en el contrato, en relación al interés público al que obedece el proceso de contratación en qué estos acontecen. Los motivos para este proceder pueden ser variados pero, en cualquier caso, se trata de razones que tienen que ver más con los intereses de los proponentes de este tipo de ofertas que con las finalidades a que ha de responder el actuar público. Por supuesto, ha de salvarse de esta afirmación aquellos supuestos que obedecen … Continúa leyendo Las ofertas anormalmente bajas: ¿se ha roto el necesario equilibrio entre el interés público y mejor oferta?

Las disposiciones adicionales segunda y la tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, determinan la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Nos centraremos en esta entrada a los efectos de dicha suspensión de plazos en el caso de los contratos del sector público y la interpretación de la misma de acuerdo con la nota informativa emitida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. No obstante, es preciso tener en cuenta, asimismo, las medidas adoptadas en esta materia por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y que afecta a la posibilidad de resolver contratos públicos estableciéndose medidas específicas para la suspensión de contratos. 1. Ámbito Subjetivo de aplicación de las medidas: en materia procedimental y de ejecución de los contratos. Por sector público será preciso entender, conforme al apartado 2 de la disposición adicional tercera, aquellas incluidas como tales en la Ley 39/2015, es decir, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y el sector Institucional. Ahora bien, estas últimas, resultan incluidas con independencia de las previsiones del artículo … Continúa leyendo Medidas adoptadas en materia de contratación pública tras la declaración del Estado de Alarma

El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de febrero el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero que, de manera urgente, transpone al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores y otras materias que no serán objeto de atención en esta entrada (seguros privados, planes y fondos de pensiones y ámbito tributario y de litigios fiscales). La misma se ceñirá, en una primera lectura, al libro primero del Real Decreto-ley que se centra en la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En el sentido expuesto, la norma incorpora un nuevo texto regulatorio y deroga la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en estos sectores por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2004/17/CE, 92/13/CEE y 2007/66/CE que, como es conocido, sucedió a la originaria Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. El distinto radio de acción de unas y … Continúa leyendo La nueva regulación de los sectores especiales: especial referencia a las empresas públicas municipales

A la hora de ejecutar contratos públicos, los contratistas hacen uso de una cantidad muy importante de datos personales cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública[1]. Siendo esto así y con la finalidad de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, hace unos días el BOE publicaba el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En esta entrada detallaremos qué novedades introduce el capítulo III, dedicado en su integridad a medidas en materia de contratación pública. Fundamentalmente, la norma modifica la Ley de Contratos del Sector Público a fin de introducir medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos por parte de los contratistas y subcontratistas en todas las fases de la contratación, desde el expediente de licitación a la ejecución del contrato. Dicho lo anterior, las novedades son las que se detallan a continuación. Expediente de contratación (art. 116.1 LCSP) Para aquellos expedientes relativos a contratos cuya ejecución precisa la cesión de datos, el órgano de contratación tendrá que especificar cuál será la finalidad de … Continúa leyendo Protección de datos y contratación pública: novedades introducidas con el RD-ley 14/2019