El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de febrero el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero que, de manera urgente, transpone al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores y otras materias que no serán objeto de atención en esta entrada (seguros privados, planes y fondos de pensiones y ámbito tributario y de litigios fiscales). La misma se ceñirá, en una primera lectura, al libro primero del Real Decreto-ley que se centra en la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En el sentido expuesto, la norma incorpora un nuevo texto regulatorio y deroga la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en estos sectores por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2004/17/CE, 92/13/CEE y 2007/66/CE que, como es conocido, sucedió a la originaria Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. El distinto radio de acción de unas y … Continúa leyendo La nueva regulación de los sectores especiales: especial referencia a las empresas públicas municipales

A la hora de ejecutar contratos públicos, los contratistas hacen uso de una cantidad muy importante de datos personales cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública[1]. Siendo esto así y con la finalidad de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, hace unos días el BOE publicaba el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En esta entrada detallaremos qué novedades introduce el capítulo III, dedicado en su integridad a medidas en materia de contratación pública. Fundamentalmente, la norma modifica la Ley de Contratos del Sector Público a fin de introducir medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos por parte de los contratistas y subcontratistas en todas las fases de la contratación, desde el expediente de licitación a la ejecución del contrato. Dicho lo anterior, las novedades son las que se detallan a continuación. Expediente de contratación (art. 116.1 LCSP) Para aquellos expedientes relativos a contratos cuya ejecución precisa la cesión de datos, el órgano de contratación tendrá que especificar cuál será la finalidad de … Continúa leyendo Protección de datos y contratación pública: novedades introducidas con el RD-ley 14/2019

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) publicó su primera Instrucción 1/2019, de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 332.7.d) de la LCSP, fijando unos criterios de interpretación de los aspectos que más problemática se venían ocasionando con respecto a los contratos menores regulados en el artículo 118 de la LCSP. La principal novedad que introduce la instrucción fue, en virtud del principio de competencia y como medida de lucha contra el fraude y la corrupción, la exigencia de que el órgano de contratación solicite tres presupuestos para cualquier contrato menor que tramite. Si bien no deja de resultar llamativo que la OIRESCON ponga el foco en la lucha contra la corrupción en la tramitación de este tipo de contratos de menor cuantía, lo cierto es que la citada instrucción generó una gran controversia y suscitó aún más dudas en cuanto a los requisitos exigibles a los contratos menores. Ello llevó a la OIRESCON a publicar casi de forma inmediata una nota aclaratoria sobre la instrucción publicada. En la nota aclaratoria la OIRESCON no introdujo ninguna consideración sobre su ámbito de aplicación, probablemente, porque la propia instrucción ya señalaba expresamente que ésta “será … Continúa leyendo ¿Es la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON sobre contratos menores aplicable al sector público autonómico y local?

Recientemente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) ha revisado su anterior posición contraria en todo caso al establecimiento de umbrales de saciedad en los criterios de valoración de las ofertas económicas. Los llamados “umbrales de saciedad” son las distintas fórmulas matemáticas que se emplean para limitar la valoración de las ofertas y no conceder puntos adicionales a aquellas proposiciones que sean inferiores a una determinada cifra (umbral de saciedad). Hasta ahora, este tribunal venía declarando que el establecimiento de los umbrales de saciedad era contrario a los principios que rigen la contratación administrativa en tanto que, a su juicio, actuaban de forma contraria a la competencia y al beneficio de las administraciones que podía obtener servicios, obras y suministros a un precio menor; estableciendo el procedimiento de las ofertas anormalmente bajas cómo único método válido para combatir las ofertas de precios excesivamente bajos. No obstante, tal y como recoge en su Resolución nº 853/2019, de fecha 18 de julio, dictada en el recurso 614/2019, el Tribunal corrige su postura y admite la conformidad de establecer este tipo de clausulado por lo motivos señalados en su anterior Resolución nº 484/2019, de 9 de mayo. Fundamentalmente, porque: La … Continúa leyendo El Tribunal de Contratación declara que es lícito el establecimiento de un umbral de saciedad en la valoración del precio

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), mediante la Resolución nº 235/2019, dictada el pasado 8 de marzo en el Recurso 764/2018, anula los criterios de carácter social incluidos por el Principado de Asturias para la adjudicación del servicio de limpieza de las instalaciones de la Radiotelevisión autonómica. Concretamente, se impugna, (1) el criterio de mejora de las condiciones salariales del personal adscrito al contrato respecto de las condiciones salariales fijadas en el convenio sectorial; y, (2) las concretas medidas de conciliación entre la vida personal y laboral que establece de forma específica y cuantificada el pliego de condiciones. Cada criterio tiene atribuida una puntuación de 5 puntos sobre los 100 posibles y, por tanto, en su conjunto, se trata de criterios sociales con un peso relativo de apenas un 10% sobre el total de los criterios de adjudicación establecidos para la valoración de las ofertas. El Tribunal en una extensa resolución analiza los criterios sociales introducidos en la licitación y su encaje con los requisitos que establece la Directiva 2014/24/UE que deben reunir los criterios de adjudicación y que son los siguientes: 1º. Que concurra en el criterio la cualidad necesaria exigida por la Directiva 2014/24/UE y la … Continúa leyendo El TACRC anula los criterios de adjudicación de carácter social que valoran mejoras salariales y de conciliación por contravenir la normativa europea