Como ya sabemos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos), para concertar cualquier prestación de servicios o entregas de bienes con la Administración debe seguirse un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en el sector público existen determinadas necesidades de productos y servicios de menor entidad y que no estén destinados a cubrir necesidades repetitivas y recurrentes, para las cuales no se requiere poner en marcha un complejo procedimiento de licitación: nos referimos, pues, a los contratos menores. Qué tipo de contratos se consideran menores Con carácter general, se consideran contratos menores en la nueva Ley de Contratos aquellos contratos de obra cuya cuantía sea inferior a los 40.000 euros o los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios. Existe una importante excepción en relación con estos últimos, y es que se considerarán igualmente como contratos menores aquellos suministros o prestación de servicios que estén relacionados con ciencia e innovación por valor inferior a 50.000 euros. Llegados a este punto, conviene aclarar que siempre que hablamos de importe o cuantía, no estamos refiriendo, en todo caso, al valor estimado del contrato, que … Continúa leyendo Contratos menores con la Administración: todo lo que debes saber

La morosidad y los retrasos en los pagos son una de las mayores preocupaciones de cualquier empresa o persona trabajadora autónoma, máxime en un contexto de profunda crisis como el actual, pues qué duda cabe que los impagos o demoras en las facturas pueden comprometer gravemente el desarrollo de cualquier actividad económica, sobre todo de las pymes y autónomos. Estas situaciones resultan especialmente recalcitrantes si la morosidad viene del sector público, hasta el punto de que en determinados sectores (tales como la obra civil o la prestación de servicios públicos) la deuda pueden perjudicar gravemente la viabilidad del negocio. Por eso, es necesario conocer cuál es el modelo de reclamación de deuda a una Administración Pública y explicar paso a paso el procedimiento para reclamar facturas impagadas y deudas contraídas por estas administraciones. Cuándo reclamar una deuda a la Administración Pública En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento de reclamación de facturas impagadas a la Administración Pública se regula en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Así, toda aquella empresa que ejecute una obra o contrate la prestación de un servicio o una concesión de cualquier tipo con una Administración Pública, … Continúa leyendo Reclamacion de deudas a la Administración Pública

1. Introducción: una nueva reforma impulsada de nuevo por factores exógenos al necesario proceso de reforma de nuestras Administraciones. Desde hace más de cuatro décadas se viene recurrentemente acudiendo al tópico de la reforma de la Administración pública para enfrentar los retos que tiene el país. Curiosamente, y en el caso de España, ese impulso modernizador no se ha producido en la mayoría de las ocasiones como consecuencia de una reflexión pausada, alejada de las coyunturas políticas y económicas del momento y dirigida, efectivamente, a actualizar y renovar el conjunto de instrumentos jurídicos (formas de actuación y régimen jurídico) y organizativos de nuestro sector público (estructura organizativa y empleo público) y con ello producir más y mejores políticas públicas orientadas a los resultados. Planes los ha habido, sin duda, reformas normativas inclusive de importante calado igualmente en ambos campos, otra cosa será preguntarnos por el suficiente éxito de las mismas. Los objetivos de estos intentos, inspirados en su mayoría en las directrices de organizaciones internacionales, han abarcado múltiples aspectos. A título de ejemplo, en el ámbito de la OCDE, se puso ya tempranamente de relieve la necesidad de orientar nuestras Administraciones a los resultados y se propusieron, para ello, determinadas … Continúa leyendo ¿Una nueva modernización de la Administración pública?: la ejecución de fondos Next Generation UE

Una licitación es el procedimiento por el cual una administración o cualquier entidad pública publicita la contratación de un servicio, obra o suministro en la plataforma habilitada al efecto[1] y las empresas interesadas, que reúnan los requisitos exigidos, puedan participar y potar a la adjudicación de ese contrato. A menudo, y sobre todo durante la fase de presentación de ofertas, la proposición u oferta que se presenta puede contener equivocaciones o erratas y requerir de un escrito de subsanación de errores que corrija tales defectos. Pero ¿qué defectos son subsanables? ¿cómo puedo identificar un modelo de requerimiento de subsanación de defectos y su solicitud? Si más de una vez te has hecho alguna de estas preguntas y no has sabido responderlas, es importante que conozcas cómo puedes responder a un requerimiento de subsanación de defectos remitido por la administración y cuándo son subsanables los errores de una oferta de licitación. Cuándo son subsanables los errores de una oferta de licitación Para cualquier procedimiento administrativo, el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas recoge el supuesto en el que estas van a poder ejercitar la subsanación administrativa en cualquier momento, de … Continúa leyendo Escrito de subsanación de errores en las ofertas de licitación

Cuando decides presentarte a una oposición o dedicarte al trabajo público hay ciertos conceptos que conviene conocer. Este es el caso de la comisión de servicios, un puesto de trabajo que hay que tener muy en cuenta si eres funcionario público o estás preparándote para serlo. Qué es una comisión de servicios La comisión de servicios es una forma de proveer un puesto de trabajo que ha quedado vacante (art. 64 del Real Decreto 364/1995). Es una figura que puede ser utilizada en casos de urgente e inaplazable necesidad por parte de funcionarios que reúnan los requisitos que se establezcan para el desempeño del puesto en concreto. Solamente funcionarios pueden optar a este tipo de nombramientos.  Como vemos, se trata de una provisión temporal y excepcional que, además, de conformidad con la normativa de aplicación, solamente podrá tener una duración de un año, prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto de manera definitiva. ¿Quién puede convocar la comisión de servicios? De acuerdo con el Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, las comisiones de servicio deberán ser convocadas por los … Continúa leyendo Comisión de servicios: qué es, cómo funciona, y qué derechos tienen los funcionarios