Es comúnmente conocido, y de esto ya hace algunas décadas, que el ordenamiento jurídico reconoció a los ciudadanos el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Bien es cierto que el reconocimiento del derecho se matizó, con una marcha atrás cómo no, tras la promulgación de la última Ley de Procedimiento Administrativo en 2015 que manteniendo el reconocimiento de ese derecho lo limitaba, a diferencia de la legislación de 1992, a los interesados. Se mantiene su reconocimiento, pero en menos. Se dirá, con una cierta justificación de dicho retroceso, que a quien puede interesar dicha cuestión sino a quienes están participando en el procedimiento. Se podrá decir, asimismo, que al fin y al cabo la legislación de transparencia ha superado dicha cuestión ya que el artículo 15.2 de la LTBG reconoce que “con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. No … Continúa leyendo El secretismo de la Administración

Las instituciones europeas en distintos informes, las respuestas ciudadanas a encuestas diversas, como las del CIS o de Transparencia Internacional, y hasta los organismos financieros internacionales han expresado de forma clara su preocupación por el nivel de corrupción en España a lo largo de los últimos años. La corrupción política en España, la probada me refiero, ha dejado, según algunas estimaciones periodísticas, un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia de la mano de la Constitución Española en 1978 (algunos autores sitúan la proyectada en más de 40.000 millones de euros). Entre los casos que más caros han salido a las arcas están el de Púnica, que se calcula que pudo haber defraudado 250 millones de euros, los ERE de Andalucía (150 millones), Gürtel (120 millones) o el caso Saqueo (96 millones). La consecuencia inmediata ha sido la creciente pérdida de confianza en la clase política nacional (y local). Los ciudadanos, ante tamaño descontrol al que hemos asistido en las últimas dos décadas (la pandemia ha desplazado el foco de atención), reivindican comprensiblemente cambios. Pero cambios de verdad que afecten a la toma de decisiones. La tecnología ha sido determinante … Continúa leyendo Corrupción y protección del denunciante

1. Introducción: La provisional (¿definitiva?) solución otorga al problema por el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2021. Los recientes acontecimientos vividos en la Comunidad de Madrid (y en Murcia), un verdadero vodevil digno de un astracán del maestro Muñoz Seca, motivan el presente comentario en que conceptos como la ilicitud, la invalidez y la eficacia de normas y actos ha sido objeto, no siempre con el debido rigor, de informaciones periodísticas y comentarios variados que han situado este debate, en plena lucha contra la pandemia quien lo diría, en primera plana de la mayoría de los periódicos de este país relegando la crisis sanitaria a un segundo lugar. Un debate que tiene como protagonistas un Decreto de convocatoria electoral (potestad) frente a unas mociones de censura planteadas frente al mismo (derecho parlamentario) cuya existencia, a la vez y en forma simultánea, es irreconciliable. Ciertamente ya ha concluido el primer asalto (el combate tendrá todavía varios episodios más) y se ha resuelto a través de validar la convocatoria electoral. Estima el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Auto 48/2021, de 14 de marzo, en la pieza de medidas cautelares, que la … Continúa leyendo Disolución o moción de censura: el ejercicio abusivo de los derechos en el Estado constitucional de Derecho

La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con las materias propias relativas a publicidad activa y derecho de acceso a la información de los ciudadanos, incorporó en su Título Segundo, en ese momento de forma novedosa, una responsabilidad administrativa de los cargos públicos. Normativa estatal que debiera haber tenido su continuidad para que el sistema hubiese alcanzado su completitud en las normas de buen gobierno a dictar por las Comunidades Autónomas y por los entes locales. No ha sido así, a salvo de algún caso puntual (Cataluña), en las normas de buen gobierno a dictar por éstas. La especial sensibilidad por los casos de irregularidades y corrupción existentes en esos momentos explicaba el porqué de la regulación efectuada. De esta forma, y para garantizar la aplicación de los principios y obligaciones de buen gobierno, se establecería un catálogo de infracciones y sanciones que habían de operar en tres direcciones: conflictos de intereses, materia económico-financiera y régimen disciplinario que, en su momento, ya fue criticada por algunos autores (DESCALZO GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ RAMOS, PÉREZ MONGUIO, CASTILLO RAMOS-BOSSINI, etc.). En este sentido, la norma se preocupa, sin duda del … Continúa leyendo Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418

La pandemia del coronavirus nos ha colocado en una tesitura nunca antes vista en la que se han tenido que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria y financiera que estamos viviendo. Una de las medidas que el Gobierno ha tomado para poder afrontar esta crisis es la suspensión de la regla de gasto a las Administraciones Públicas, entre las que se encuentran las  Administraciones Locales, siguiendo así las recomendaciones de la Comisión Europea y recibido el beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Qué normativa regula la regla de gasto ¿Qué es la regla de gasto? La regla o techo de gasto es un instrumento de estabilidad presupuestaria que tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas del Estado, de forma que el gasto público esté en armonía con la capacidad para financiarlo con ingresos estatales, impidiendo que el gasto público exceda la tasa de crecimiento del PIB. Este principio presupuestario se encuentra regulado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual pretende evitar desequilibrios presupuestarios similares a los que acontecieron con la crisis económica de 2008. Sin embargo, la regla de gasto está siendo nuevamente debatida … Continúa leyendo Qué es la regla de gasto y en qué puede afectarme como proveedor