Posibilidad de invocar error en la clasificación catastral del inmueble frente a las liquidaciones tributarias del IBI y del IIVTNU. Últimos pronunciamientos jurisprudenciales.
El pasado 30 de mayo de 2014 se dictó sentencia por el Tribunal Supremo en el recurso de casación en interés de la Ley nº 2362/2013), por la cual se acogió la interpretación realizada por el TSJ de Extremadura en su sentencia de 26 de marzo de 2013 que interpretaba el alcance del artículo 7.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , en la redacción anterior a la reforma operada por Ley 13/2015, de 24 de junio, que consideraba suelo de naturaleza urbana, entre otros, los “terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial o urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo“. En concreto, en dicha sentencia se establecía expresamente que sólo podían considerarse bienes inmuebles urbanos a efectos catastrales los ubicados en el suelo urbanizable sectorizado ordenado, así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para … Continúa leyendo Posibilidad de invocar error en la clasificación catastral del inmueble frente a las liquidaciones tributarias del IBI y del IIVTNU. Últimos pronunciamientos jurisprudenciales.
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Nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española
Ayer entró en vigor el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, cuya reforma ha llevado a cabo el Consejo General de la Abogacía. Asimismo, está en proceso de reforma el Estatuto General, cuya publicación aún no ha tenido lugar. Las modificaciones traen causa en las reformas legales que se han producido durante los últimos años, pero no sólo. Entre ellas, se encuentra la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, conocida como «Ley Ómnibus«; la Ley de acceso a la profesión de abogado, que introdujo importantes cambios; y, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El nuevo Código Deontológico recoge expresamente la importancia de la función de la Abogacía, que alcanza su definitiva trascedencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando los estados consagran la dignidad humana como valor supremo que informa todo el ordenamiento jurídico. La Abogacía, tal y como señala el Código, facilita a la persona y a la sociedad en que se integra, la técnica y conocimientos necesarios para el consejo jurídico y la defensa de los derechos de las personas. «De nada sirven éstos … Continúa leyendo Nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española
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Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019 (sección 3ª, Sala de lo contencioso administrativo) analiza la existencia de legitimación activa en el denunciante, cuando éste pretende que se imponga una sanción más grave al denunciado una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador. El supuesto analizado parte de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Ciudad Real a un letrado, a instancia de su cliente, que es calificada como leve. El denunciante, disconforme con esta decisión del Colegio de Abogados, recurre en alzada pretendiendo que se agrave la sanción inicialmente impuesta por considerarla insuficiente. Tanto el Colegio de Abogados como, posteriormente, el Juzgado de lo contencioso administrativo, rechazan la legitimación activa del recurrente, manteniendo que, una vez formulada denuncia, no existe un derecho subjetivo ni interés legítimo a que el denunciado sea sancionado en un determinado sentido. Sin embargo, ya en fase de apelación, la Sala de lo contencioso-administrativo de Castilla-La Mancha revoca la sentencia del Juzgado y sí reconoce un interés legítimo del denunciante a que su daño sea reparado “acorde con la entidad del sufrimiento producido”  (STSJ Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de 26 de mayo de 2017). Las cuestiones que se suscitan son … Continúa leyendo Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador
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Análisis del recurso de casación contencioso-administrativo, a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.
Tras la entrada en vigor el pasado 22 de julio de 2016 del nuevo recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se han comenzado a dictar las primeras resoluciones judiciales del Tribunal Supremo (en adelante TS) sobre las exigencias y requisitos que deben cumplirse para acceder a la casación, haciendo especial hincapié en el denominado “interés casacional” como piedra angular de dicho recurso. A este respecto, en el presente artículo se intentará sistematizar el nuevo recurso de casación, con referencia a pronunciamientos recientes del TS que han ido definiendo este recurso y las exigencias que deben cumplirse, con referencia a los aspectos formales y sustantivos más relevantes. Debemos comenzar determinando qué resoluciones son recurribles en casación, ya que con la nueva regulación se han ampliado a resoluciones susceptibles de casación a las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. En concreto, respecto la admisión del recurso de casación frente a sentencias dictadas en única instancia por los … Continúa leyendo Análisis del recurso de casación contencioso-administrativo, a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.
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La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales
Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria. En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que: “La motivación de las sentencias consiste en la exteriorización del iter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo. De esta forma, la motivación de las sentencias se presenta como una … Continúa leyendo La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales
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