Qué es un recurso de reposición
Son numerosas las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance pero que, por desconocimiento, sentimos lejanas y terminamos por no utilizarlas. Sucede así en el supuesto de los recursos. En este caso, para saber qué es un recurso de reposición, cuándo procede interponerlo y qué respuesta debemos esperar ante él, te ofrecemos las claves principales. De esta manera lograremos hacerte su figura y conceptos más cercanos. Qué es un recurso de reposición El recurso de reposición es aquel acto mediante el que solicitamos a un órgano de la Administración Pública que modifique la resolución adoptada. Es potestativo, es decir, voluntario. El interesado decide si lo interpone o recurre directamente a la vía contencioso-administrativa, es decir, a la vía judicial. Al ser un recurso de naturaleza administrativa, implica que su interposición es ante el mismo órgano que dictó la notificación, interpretándose como una segunda oportunidad para que resuelva, esta vez, a nuestro favor o buen interés. De este modo, su interposición irá mediante modelo ante la misma Administración y no ante el Juzgado. No necesitaremos la asistencia de un abogado o procurador, pero es bueno contar con el asesoramiento de abogados de contencioso administrativo, para que nuestro recurso sea fructífero en … Continúa leyendo Qué es un recurso de reposición
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Buena administración y actuaciones previas.
Con distinta denominación -información o actuaciones previas en la legislación procedimental, información reservada en los procedimientos disciplinarios atendiendo a su conocimiento o no por el interesado, etc-, ha sido tradicional el reconocimiento, con carácter previo al ejercicio de la potestad sancionadora (aunque no solo), de una fase anterior cuya función no era otra que posibilitar que la decisión de incoar el procedimiento sancionador fuese suficientemente fundada y, como indicaba la jurisprudencia, estuviese asentada en sólidas razones que justificasen la iniciación del mismo (SAN 17 de octubre de 2007, rec. 180/2006). Bien es cierto que es preciso diferenciarlas de otras instituciones con una finalidad distinta como las medidas provisionales que pueden adoptarse para asegurar la eficacia de la resolución que eventualmente pudiese recaer en un procedimiento (artículo 56 LPAC), aunque, sin embargo, si se han asimilado a los controles técnicos previos (STS 20 de abril de 2006, rec. 3265/2002) En realidad, y a juicio de la jurisprudencia, se trataba de una institución garantizadora de las posiciones jurídico-subjetivas de los ciudadanos en tanto evitaba que éstos se viesen sujetos a un procedimiento sancionador de carácter infundado. Lo cierto, sin embargo, es que en ocasiones dichas actuaciones, excediéndose de su legítima finalidad, eran … Continúa leyendo Buena administración y actuaciones previas.
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La ilicitud y la invalidez en el derecho administrativo: tareas pendientes del legislador
Desde hace ya algún tiempo la doctrina administrativa española viene advirtiendo de las carencias de la teoría de la invalidez, tal cual aparece construida en nuestra legislación procedimental, para explicar con acierto y sin ambigüedad los vicios que se presentan en la actuación administrativa. Baste señalar aquí las reflexiones realizadas al respecto en el XII Congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo celebrado en La Laguna (Canarias) en febrero de 2017 o, las más recientemente realizadas, en el marco de del Coloquio Luso-Español de profesores de Derecho Administrativo celebradas en Oporto (Portugal), el pasado octubre al que tuve la oportunidad de asistir y del que derivan las reflexiones que siguen. O baste, de otro lado, observar cómo, tanto en lo que se refiere a los ilícitos típicos -infracción de normas-, cómo en lo referido a los ilícitos atípicos -infracción de principios-la jurisprudencia de nuestros tribunales no se muestra coherente ni cómoda con la dogmática tradicionalmente construida, y reiterada en nuestras normas, en torno a estas categorías de ilicitud ya se trate de actos o normas. Para botón un par de muestras. De un lado, la cambiante jurisprudencia sobre los efectos que comporta la anulación de un reglamento (señeramente … Continúa leyendo La ilicitud y la invalidez en el derecho administrativo: tareas pendientes del legislador
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¿Son embargables las cuentas bancarias entre Administraciones públicas?: a propósito de dos autos del TS que suscitan cuestiones de interés casacional
El debate sobre la embargabilidad o no de los fondos públicos no es nuevo. Ni nuevo ni, deberemos añadir a tenor de las últimas resoluciones jurisdiccionales, ha quedado totalmente resuelto. Ni la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional desde 1998 ni las reiteradas llamadas de la doctrina han acallado multitud de resoluciones jurisdiccionales dispares sobre este punto. Ni el alcance del mismo, ni tampoco su propia admisibilidad. Los criterios sentados, a fuer de ser indeterminados, se revelan insuficientes como vamos a tener oportunidad de comprobar y dejan la situación franca para el incumplimiento de sus obligaciones a las Administraciones públicas arropadas en un privilegio carente de justificación en numerosos casos. En cualquier caso, habrá de admitirse que se trata de una cuestión discutida y no definitivamente resuelta. Veámoslo a propósito del recurso de casación, admitido mediante Auto del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2021 (rec. 2526/2020), siendo la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia «aclarar si una entidad local puede dictar diligencia de embargo, tras el correspondiente procedimiento ejecutivo, respecto del dinero de la/s cuenta/s corriente/s de otra Administración Pública (Comunidad Autónoma) con el fin de cobrarse las deudas tributarias que esta … Continúa leyendo ¿Son embargables las cuentas bancarias entre Administraciones públicas?: a propósito de dos autos del TS que suscitan cuestiones de interés casacional
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Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418
La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con las materias propias relativas a publicidad activa y derecho de acceso a la información de los ciudadanos, incorporó en su Título Segundo, en ese momento de forma novedosa, una responsabilidad administrativa de los cargos públicos. Normativa estatal que debiera haber tenido su continuidad para que el sistema hubiese alcanzado su completitud en las normas de buen gobierno a dictar por las Comunidades Autónomas y por los entes locales. No ha sido así, a salvo de algún caso puntual (Cataluña), en las normas de buen gobierno a dictar por éstas. La especial sensibilidad por los casos de irregularidades y corrupción existentes en esos momentos explicaba el porqué de la regulación efectuada. De esta forma, y para garantizar la aplicación de los principios y obligaciones de buen gobierno, se establecería un catálogo de infracciones y sanciones que habían de operar en tres direcciones: conflictos de intereses, materia económico-financiera y régimen disciplinario que, en su momento, ya fue criticada por algunos autores (DESCALZO GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ RAMOS, PÉREZ MONGUIO, CASTILLO RAMOS-BOSSINI, etc.). En este sentido, la norma se preocupa, sin duda del … Continúa leyendo Poner al lobo a cuidar de las ovejas: informe del Tribunal de Cuentas nº 1418
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