La obsoleta regulación de las incompatibilidades en el ámbito público
Como es conocido la regulación común del sistema de incompatibilidades es objeto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que fue declarada básica por su disposición final 1ª y, por tanto, de aplicación en todas las administraciones públicas. También es conocido que la disposición final 3ª.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), modificó el artículo 16.1 de la ley 53/1984, si bien, y como advierte la disposición final 4ª. 2 EBEP, “producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del Capítulo III del Título III con la aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la autorización o denegación de incompatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa.”  Y es que el artículo 16.1 de la Ley 53/1984 —en su actual redacción que permanece vigente mientras no se cumpla la condición impuesta por la disposición final 4ª.2 del EBEP— señala que “no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten la … Continúa leyendo La obsoleta regulación de las incompatibilidades en el ámbito público
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Desistimiento del procedimiento contencioso administrativo: trámites y efectos
El desistimiento del proceso contencioso administrativo es una opción que existe para los interesados cuando ya han iniciado un proceso administrativo, pero no desean continuar con él. Para poder llevarlo a cabo es necesario cumplir con los requisitos establecidos en su regulación y seguir todos los trámites para finalmente ver sus efectos. Claves del desistimiento del procedimiento administrativo La forma más habitual de terminación de un procedimiento administrativo es a través de la resolución que dicta el órgano competente que le pone fin (estimando o desestimando las pretensiones de la persona interesada). Sin embargo, existe otra posibilidad: el desistimiento. El desistimiento es una forma anormal de terminación del procedimiento administrativo que consiste en la declaración unilateral del interesado, que abandona su pretensión en el procedimiento que ya se había iniciado. Los efectos de esta terminación anormal se limitan al procedimiento y no a la pretensión que se formula. El desistimiento como terminación del procedimiento administrativo se encuentra regulado en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Pero cuando estamos ya en fase judicial, el desistimiento del procedimiento contencioso encuentra su regulación en el artículo 74 de la Ley … Continúa leyendo Desistimiento del procedimiento contencioso administrativo: trámites y efectos
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Más sobre los procesos de estabilización de interinos: now you see me…
Es suficientemente conocido, entre los que se ocupan del estudio de la actuación administrativa, la conducta de la Administración pública de producir normas, llamémosles atípicas, cuyos procedimientos de producción, su finalidad, su propia naturaleza a los efectos de determinar su fuerza vinculante o su posibilidad de impugnación no resulta ser suficientemente diáfana. No me refiero aquí obviamente a los reglamentos, pero ni siquiera a las instrucciones y órdenes de servicio reguladas en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de las que en forma temprana BAENA DEL ALCAZAR tuvo ocasión de ocuparse en la Revista de Administración Pública, sino a otras figuras “atípicas” cuyos efectos, sin carácter obligatorio, se ciñen a interpretar preceptos legales o reglamentarios con el indisimulado afán de guiar la actuación de los destinatarios de esa norma no ya internos, sino también, y aún cuando no se diga expresamente y es aquí donde radica la verdadera cuestión, externos al ámbito doméstico del órgano de qué procede. Ya sucedió, en materia laboral y de empleo público, durante los años de crisis (aquí) y vuelve a suceder ahora. Me refiero, como el lector avezado habrá ya anotado debidamente, … Continúa leyendo Más sobre los procesos de estabilización de interinos: now you see me…
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Qué es un recurso de reposición
Son numerosas las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance pero que, por desconocimiento, sentimos lejanas y terminamos por no utilizarlas. Sucede así en el supuesto de los recursos. En este caso, para saber qué es un recurso de reposición, cuándo procede interponerlo y qué respuesta debemos esperar ante él, te ofrecemos las claves principales. De esta manera lograremos hacerte su figura y conceptos más cercanos. Qué es un recurso de reposición El recurso de reposición es aquel acto mediante el que solicitamos a un órgano de la Administración Pública que modifique la resolución adoptada. Es potestativo, es decir, voluntario. El interesado decide si lo interpone o recurre directamente a la vía contencioso-administrativa, es decir, a la vía judicial. Al ser un recurso de naturaleza administrativa, implica que su interposición es ante el mismo órgano que dictó la notificación, interpretándose como una segunda oportunidad para que resuelva, esta vez, a nuestro favor o buen interés. De este modo, su interposición irá mediante modelo ante la misma Administración y no ante el Juzgado. No necesitaremos la asistencia de un abogado o procurador, pero es bueno contar con el asesoramiento de abogados de contencioso administrativo, para que nuestro recurso sea fructífero en … Continúa leyendo Qué es un recurso de reposición
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Buena administración y actuaciones previas.
Con distinta denominación -información o actuaciones previas en la legislación procedimental, información reservada en los procedimientos disciplinarios atendiendo a su conocimiento o no por el interesado, etc-, ha sido tradicional el reconocimiento, con carácter previo al ejercicio de la potestad sancionadora (aunque no solo), de una fase anterior cuya función no era otra que posibilitar que la decisión de incoar el procedimiento sancionador fuese suficientemente fundada y, como indicaba la jurisprudencia, estuviese asentada en sólidas razones que justificasen la iniciación del mismo (SAN 17 de octubre de 2007, rec. 180/2006). Bien es cierto que es preciso diferenciarlas de otras instituciones con una finalidad distinta como las medidas provisionales que pueden adoptarse para asegurar la eficacia de la resolución que eventualmente pudiese recaer en un procedimiento (artículo 56 LPAC), aunque, sin embargo, si se han asimilado a los controles técnicos previos (STS 20 de abril de 2006, rec. 3265/2002) En realidad, y a juicio de la jurisprudencia, se trataba de una institución garantizadora de las posiciones jurídico-subjetivas de los ciudadanos en tanto evitaba que éstos se viesen sujetos a un procedimiento sancionador de carácter infundado. Lo cierto, sin embargo, es que en ocasiones dichas actuaciones, excediéndose de su legítima finalidad, eran … Continúa leyendo Buena administración y actuaciones previas.
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