Prevaricación administrativa: requisitos constitutivos de delito y consecuencias

La prevaricación administrativa es uno de los delitos más graves dentro de los que se pueden cometer contra la Administración pública, porque el sujeto activo es directamente una autoridad o un funcionario público, quienes se supone que han de estar siempre sujetos a la legalidad. 

Qué es el delito de prevaricación administrativa

El artículo 404 del Código Penal determina que comete delito de prevaricación el funcionario o autoridad que dicte una resolución arbitraria dentro de un asunto administrativo. El matiz que define esta conducta típica es que el sujeto activo debe actuar a sabiendas, es decir, siendo plenamente consciente de la injusticia que supone la resolución que emite. 

Lo que se castiga es, en definitiva, que un empleado o cargo público utilice su cargo para dictar resoluciones que son ilegales y, además, lo haga de forma clara, manifiesta y deliberada. No se exige que el responsable perciba por ello un beneficio económico, es suficiente con que actúe contra el ordenamiento jurídico de manera voluntaria y consciente. 

Esta figura penal busca garantizar el buen funcionamiento de la Administración pública, imponiendo un límite frente a la arbitrariedad y el abuso del poder por parte de quienes deben actuar de conformidad con el interés general. Este es el bien jurídico protegido: el recto y normal funcionamiento de la Administración. 

Requisitos y elementos objetivos del tipo de delito

Según constante y reiterada doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (entre otras muchas, pueden verse las SSTS de 21/10/2014, 21/07/2005 y 01/07/2009), los requisitos que han de concurrir para que podamos hablar de prevaricación administrativa son los siguientes:

• Sujeto. Este es un delito especial que solo pueden cometer las autoridades o funcionarios públicos con capacidad legal para dictar resoluciones dentro del ámbito de la Administración pública. Hay que precisar que cabe la comisión de delito de prevaricación por parte de personas ajenas a la Administración (extraneus), siendo consideradas cooperadores necesarios. 
• Objeto. La resolución ha de ser contraria a Derecho. Ha de ser necesariamente una resolución formal que se dicta dentro de un expediente o de un procedimiento administrativo.
• Arbitrariedad. No es suficiente que la resolución sea contraria a Derecho ya que la legalidad de la actuación administrativa corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Es preciso que la ilegalidad sea, según constante doctrina del Tribunal Supremo, «evidente, patente, flagrante y clamorosa. No puede ser resultado de una interpretación jurídica que pudiera ser discutible. 
• Dolo. El delito de prevaricación requiere intencionalidad. Es preciso que se actúe a sabiendas «lo que no solo elimina la posibilidad de comisión culposa sino también la comisión por dolo eventual (por todas, STS de 30/04/2012). No se puede cometer este delito por negligencia o ignorancia. 

El Tribunal Supremo ha admitido en algunos casos la posibilidad de que se produzca una prevaricación administrativa por omisión, cuando para el funcionario o cargo público fuera imperativo dictar una resolución y este, a sabiendas, no lo hizo, siendo consciente de que así producía un resultado injusto.

También existen personas que han intervenido en el seno de un procedimiento donde se ha dictado una resolución que está siendo objeto de investigación, pero su actuación es neutra. Puedes leer más aquí sobre los denominados actos neutrales del funcionario.

¿Cuáles son las consecuencias de la prevaricación administrativa?

El Código Penal prevé para esta conducta una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo que puede ir de 9 a 15 años.

Esta inhabilitación especial implica que el condenado no puede ocupar puestos en la Administración pública relacionados con las funciones que motivaron la comisión del delito. No obstante, sí puede acceder a otros empleos o cargos públicos que no estén vinculados.

Además de las consecuencias penales, de la condena de una persona por delito de prevaricación administrativa se derivan otras consecuencias:

• Anulación de la resolución. Los afectados pueden impugnar la decisión ilegal ante los tribunales contencioso-administrativos y conseguir que sea anulada.
• Responsabilidad patrimonial. Si la actuación injusta ha causado daños a terceros, el funcionario o la propia Administración pueden tener que indemnizar a los afectados.
• Daño reputacional. La prevaricación afecta a la imagen del autor, pero también daña la imagen y la credibilidad de la Administración y esto puede tener un alto coste.

¿Cómo actuar frente a un delito de prevaricación administrativa?

Cuando se sospecha que se está cometiendo un delito de este tipo hay que actuar de forma rápida. Lo primero es reunir pruebas claras y documentadas que puedan demostrar que la resolución es manifiestamente injusta o que se ha omitido intencionadamente la resolución.

Los documentos que se pueden recopilar y aportar al proceso incluyen: resoluciones firmadas, expedientes administrativos completos, informes internos, correos electrónicos, actas o grabaciones y, en definitiva, cualquier documentación que pueda demostrar que el sujeto actuó a sabiendas de que estaba vulnerando el ordenamiento jurídico.

El segundo paso es buscar asesoramiento legal especializado. El abogado determinará si concurren los elementos del tipo penal, estudiará la viabilidad de la denuncia y asesorará sobre cuál es la mejor vía judicial a seguir (penal, administrativa o ambas).

Después se presenta la denuncia o querella y arranca el procedimiento judicial en el ámbito penal con la fase de instrucción. Si la resolución injusta ha causado daños al afectado, este está legitimado para pedir una indemnización por daños o perjuicios al sujeto activo o la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Si, por el contrario, estás siendo investigado por un delito de esta naturaleza y necesitas defensa especializada, necesitas un abogado de contencioso administrativo, contacta con nosotros y te ayudamos.