Las elecciones que vienen, ¿cambio de políticos o de políticas?

Cuando pasen las próximas elecciones, después de que termine esta feria de vanidadestiempo de rebajas en que se han convertido las campañas electorales, los nuevos ayuntamientos tendrán nuevos políticos, junto a otros que ya están. Llegaran nuevos concejales y alcaldes, otros revalidaran sus cargos, y otros cambiaran sus papeles en las funciones de gobierno y de oposición. Pero la cuestión es que en el medio plazo, cuando todo esto acabe, en el próximo mandato, en los próximos meses, más allá de los cambios de concejales, de alcaldes, e incluso de partidos, va a ser preciso un cambio no solo de políticos y de personas, sino también y sobre todo, un cambio de políticas en el gobierno de las ciudades.

La inviabilidad e insostenibilidad del modelo actual de gestión de nuestras ciudades tiene muchas causas de diversos orígenes, y cada una de ellas con multitud de variables. Desde luego no falta quien entiende que esto lo tienen que arreglar otras instancias superiores, digamos que el Estado, por muchos motivos, todos ellos tan legítimos como repetidos. Mala e injusta financiación, servicios impropios y un largo etcétera por todos sabido. A esta solución nos apuntamos todos, pero si no llega o llega de manera insuficiente, no estaría de más que fuéramos pensando en políticas propias que permitan asegurar y hacer viable el modelo de ciudad que cada gobierno municipal pretenda.

Los nuevos gobiernos locales se van a enfrentar a unos consistorios que en la mayoría de los casos no son viables en términos financieros, tienen más gastos que ingresos y acumulan una deuda que amenaza la ruina de las pequeñas y medianas empresas que les prestan servicios. Las grandes, las que tienen aguante o un banco que les financie, están incrementando sus beneficios a costa de los altos intereses que diariamente les genera la morosidad de las tesorerías municipales. Algún día el Ministerio de Economía y Hacienda entenderá que más allá de las estadísticas, es más conveniente para todos deber a los bancos y no a los acreedores, que a unos se les empobrece hasta su ruina y a otros se les enriquece con los intereses de demora.

Antes o después los nuevos ayuntamientos tendrán que afrontar un cambio de rumbo, una reorientación de la forma en la que se viene gestionando la ciudad. Muchas de las políticas que se están implementando en la ciudad no son sostenibles en el medio y largo plazo. No se pueden mantener y a lo mejor es que ni siquiera son necesarias, en términos de necesidades y demandas de los ciudadanos. Es imprescindible que los compromisos de gasto que se adopten puedan mantenerse en el presente y en el futuro para que puedan aprobarse. Los aires de rigor presupuestario y financiero de Europa y de los tiempos, no van a permitir las alegrías de otros momentos.

Realmente estos ajustes aunque resulten muy duros ponerlos en marcha, sobre todo por los recortes de personal que comportaran, para la ciudad no tienen por qué suponer grandes traumas, siempre que no se intente recoger de donde no hay. Es decir, hacer recortes en programas y servicios con un peso relativo muy reducido en el presupuesto y con unas repercusiones sociales grandes. Estos ajustes debieran de hacerse de aquellos capítulos y programas presupuestarios de mayor peso y con un impacto bastante neutro. Dos ejemplos;

  • El nivel de equipamiento y de infraestructuras de que disponen en general las ciudades es bueno. Casi se agradecería que no se hicieran obras que nadie sabe para qué sirven, aparte de molestar a la gente que no puede cruzar la calle y de poner a la ciudadanía al borde de los nervios con el ruido. La ciudad no puede ser una especie de proyecto inacabado durante cuatro años, para después alcanzar una foto gloriosa de campaña electoral. Esto solo pasa en España, no hay ningún país de nuestro entorno que tenga permanentemente la ciudad “patas arriba”. Ya basta aquello de ensalzar la inversión y demonizar el gasto corriente. No hay quien entienda que hacer un hospital es bueno y contratar médicos es malo. Aquello de que toda infraestructura en si misma genera un desarrollo es muy discutible. Veremos ahora como se genera la actividad que necesitan tantos auditorios y similares.
  • Se ha acostumbrado a la ciudadanía a unos servicios muy caros, que en la mayoría de los casos nadie los ha pedido y cuya conveniencia, en términos de coste/beneficio, en muchos casos es un autentico disparate. Habrá que ver cuántas piscinas cubiertas dejamos de financiar entre todos (las pagara quien las utilice), de cuantos contenedores soterrados podemos prescindir y a cambio, cuantos mayores y niños se puede atender en centros de día y escuelas infantiles. Hemos privatizado la gestión de grandes servicios, más pendientes del procedimiento administrativo de contratación que de su gestión, explotación y coste. En muchas ocasiones la empresa ha seguido haciendo igual o peor lo que hacíamos, incrementado con gastos generales, beneficio industrial e impuestos. Tiene que crecer la cultura de la ingeniería en la gestión de la ciudad, tanto para definir las condiciones de los contratos que se adjudican, como para su seguimiento y control.

Realmente lo que tendrán que hacer los próximos ayuntamientos es algo muy normal pero que se ha hecho poco hasta ahora; política, estudiar necesidades y priorizar recursos. En muchos casos, hasta ahora, los alcaldes y concejales eran una especie de “hadas” o “conseguidores” que unas veces hacían lo que a su gloria convenía y otras  daban a todo el mundo lo que pedía, sin pensar si lo tenían o no, si se podía o no. No está mal que esto se acabe.

Finalmente hay una cosa que le supondrá malos ratos a los regidores. Me estoy refiriendo a algo que no forma parte de las medidas para encarar el futuro sino para salir del presente. Es el pago de la deuda acumulada. En la mayoría de los casos la tesorería municipal no puede atender en plazo el pago a acreedores. Los plazos se alargan años. Cada acreedor tiene una situación distinta y acude a unos u otros mecanismos para poder cobrar. Los hay que se van a la quiebra, otros a los tribunales. Los tesoreros y los alcaldes tendrán que preparar planes de pagos serios y convincentes. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta que en esta situación de ruina para muchas empresas, por los dilatados plazos de pago, los ordenadores de pagos, tendrán que defender la bondad de su actuación ante las múltiples querellas que se les presentaran, por lo justo o injusto de haber pagado a unos y no a otros.