A propósito de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana

Desde mediados del pasado mes de agosto, unos 188.000 empleados públicos que prestan sus servicios en el ámbito de la Comunidad Valenciana han visto modificado su actual régimen normativo, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que fue publicada el pasado 14 de julio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (nº 6310).

Así resulta de la previsión contenida en la Disposición Final Tercera de la citada Ley, que prevé su entrada en vigor al mes de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana “con excepción de los artículos 10, 12 y 13, el capítulo III del título VI y el título VIII, que lo harán en el momento que entren en vigor las disposiciones reglamentarias que los desarrollen”.

Al margen de la oportunidad de la entrada en vigor de una Ley con este elevado potencial de destinatarios, o precisamente por eso, puede ser de interés aportar en estas líneas un primer avance de algunas de las cuestiones que puede deparar este nuevo Texto Legal.

El objetivo de este comentario es, sencillamente, plantear una reflexión inicial sobre una disposición legal que, a buen seguro, dará lugar a abundantes estudios y discusiones interpretativas, como ya sucedió cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público.

  • Justificación de la aprobación de Ley 10/2010, de 9 de julio.

En el Preámbulo o Exposición de Motivos de la Ley la aprobación de la misma se justifica, básicamente, en atención a tres circunstancias:

-El transcurso de aproximadamente 25 años desde la aprobación de la Ley 10/1985, d31 de junio, de la Generalitat (con el intervalo del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 del Consell, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana), y el consiguiente cambio en las estructuras organizativas existentes en aquél momento.

-La aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, como normativa básica de carácter estatal para todas las administraciones públicas, y que exigía la adaptación a la misma de la legislación de la función pública valenciana.

-La aprobación y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

  • ¿Entra en vigor en el plazo de un mes todo el contenido de la Ley?

No. Tanto la regulación del régimen de retribuciones de los empleados públicos (capítulo III del Título VI), como la regulación de la carrera profesional (título VIII), quedan pendientes de un futuro desarrollo reglamentario. Así lo señala la Disposición final Tercera. Hasta entonces, seguirán siendo aplicables la disposiciones vigentes –en tanto no se apongan a esta Ley- y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Es decir, que precisamente aquellas materias que en el Estatuto Básico del Empleado Público habían quedado pospuestas a un ulterior desarrollo mediante las correspondientes leyes autonómicas y estatal, continúan en el limbo del incierto, y siempre socorrido, futuro desarrollo reglamentario.

  • ¿Quedan los empleados públicos que prestan sus servicios en el ámbito de la Administración Local expresamente contemplados dentro del ámbito de aplicación de la Ley 10/2010, de 9 de julio?

Sí, así lo señala el artículo 3º, según el cual la presente ley se aplica al personal que presta sus servicios en las administraciones locales situadas en el territorio de la Comunitat Valenciana.  De ahí, que según determina el Preámbulo de la ley la misma afecte, de forma directa o indirecta, a unos 188.000 empleados públicos.

Debe tenerse en cuenta,  no obstante, respecto del personal que presta sus servicios en las distintas Administraciones Locales (municipios, provincias, comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y organismos públicos locales), que habrá que acudir a la normativa estatal de régimen local, a la hora de determinar en qué materias resulta de aplicación preferente esta ley autonómica, y en cuáles otras la misma tendrá únicamente carácter supletorio de la normativa estatal.

Igualmente, conviene tener presente que la Ley resultará de aplicación a otras Entidades del sector público que no tienen la consideración de Administración Pública, como es el caso de las empresas públicas (artículo 3).

  • ¿Existe alguna diferencia en materia de sistemas de selección respecto a la regulación contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público?

La Ley 10/2010 de 9 de julio establece en su artículo 56 el carácter preferente de la oposición en la selección de personal funcionario, a diferencia de la regulación contenida en el EBEP, que no sitúa en un plano de igualdad a la oposición y al concurso-oposición.

  • ¿Cuáles son los concretos permisos y su duración aplicables al personal funcionario que presta sus servicios en las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana?

A pesar de que en esta materia la legislación básica de régimen local otorga preferencia a la legislación autonómica respectiva, lo cierto es que la Ley valenciana se limita en su artículo 69 a señalar una relación de circunstancias o supuestos de hecho que darán lugar a la obtención, en su caso, de los correspondientes permisos retribuidos, pero sin establecer la duración de los mismos. Serán de aplicación, por tanto, los permisos regulados en el EBEP, sin perjuicio de lo previsto en los correspondientes Acuerdos de Condiciones de Trabajo.

En definitiva, quienes esperaban a que aquellos aspectos del Estatuto Básico del Empleado Público que habían quedado pendientes de su desarrollo por la legislación autonómica dictada en aplicación del mismo, deberán seguir esperando, al menos en lo que respecta al ámbito de la Función Pública Valenciana, a que por la vía del desarrollo reglamentario, se concreten cuestiones de tanta relevancia y generadoras de tantas expectativas como la carrera profesional, la evaluación del desempeño o el nuevo régimen de retribuciones. Por otro lado, y dado el indudable trasfondo económico que subyace, el actual escenario de control del gasto público no constituye el contexto idóneo a este respecto.