¿Cómo van a pagar sus deudas los ayuntamientos?

Últimamente, la pregunta más recurrente que me hacen mis clientes, los alcaldes, es ¿Qué hacer para nivelar los ingresos y los gastos? ¿Sabes qué medidas piensa adoptar el Gobierno para salvar esta situación? ¿Qué están haciendo en los demás sitios para equilibrar el presupuesto? Sin embargo, la pregunta así formulada no es correcta. La pregunta correcta es ¿Cómo vamos a poder estabilizar las cuentas y además poder pagar la deuda que tenemos atrasada con nuestros proveedores y contratistas? Porque aunque fuéramos capaces de aplicar una disciplina terrible en el gasto hasta poner en riesgo los servicios básicos y aumentáramos los tributos, a pesar de los malos tiempos que corren, hasta colocarnos en signos positivos, lo único que conseguiremos, (y no es poco) es no incrementar el agujero financiero, pero desde luego no vamos a generar excedentes de tesorería, a corto plazo, capaces de hacer frente a las deudas no financieras vencidas. La deuda financiera de los Ayuntamientos se sitúa por encima de los 30.000 millones de euros, pero la deuda no financiera es mayor.

De manera que a estas alturas de la crisis que padecemos, el anuncio de una inminente ley del gobierno local que clarifique bien lo que deben de hacer los ayuntamientos, está muy bien. Y mejor todavía otra ley que acompañe a la anterior, diciendo como se financia y se paga lo que hagan los ayuntamientos. Bienvenida sea la moción que aprobó ayer, por amplia mayoría, el Congreso, para que antes de que finalice el actual período de sesiones, se presente el Proyecto de la nueva Ley de Financiación Local conjuntamente con el nuevo Proyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local.

Imaginamos, porque no hay ningún libro blanco todavía, que las líneas de financiación tendrán pocas sorpresas. Una financiación en torno al 50% con recursos de las administraciones estatal y autonómica, y el resto municipal, como ahora. Las figuras impositivas variaran poco, no hay mucho donde inventar, si bien con más libertad para fijar tarifas y bases imponibles. Se ha hablado de alguna cosa nueva del tipo de gravar estancias en hoteles, como en algún país europeo, pero esto la FEMP no lo ve con buenos ojos. Y eso sí, en los tiempo que corren, introducirá criterios de rigor y austeridad en el gasto. Es lo que toca. Esto no da mucho más de sí. Lo mejor que puede pasar es que de este paquete de leyes, (qué hacer y cómo financiarlo) resulte menos visible el concepto de autonomía financiera y cobre relevancia el otro más prudente y realista de suficiencia financiera para los ayuntamientos.

Esperemos que esto arregle el futuro, pero el pasado, pagar la deuda no financiera que se ha generado haciendo lo que se podía y no se podía, se debía y no se debía hacer, esto está por ver como se arregla, es decir, cómo se paga con los menores daños para los ayuntamientos, sus vecinos y las empresas acreedoras.

Lo lógico es que el dinero lo presten los bancos y no los proveedores y contratistas. Cuando no se page a las empresas, pasará alguna de estas cosas. Tratándose de una pequeña empresa del pueblo, que tiene como cliente importante a su ayuntamiento, al no descontarle el banco las facturas o certificaciones, como está ocurriendo, lo normal es que la empresa acabe en quiebra. Si se trata de un grupo empresarial importante, entonces será la empresa la que saldrá ganando a costa del ayuntamiento, ya que su deuda se incrementara con el interés de demora, (actualmente el 11%), mas la penalización de un par de puntos que la ley de la jurisdicción contenciosa contempla cuando la sentencia no se cumple y aprecia una conducta impropia en el deudor. Total, que entre unas cosas y otras los grandes contratistas van a tener ingentes cantidades de dinero prestado a los ayuntamientos a unos tipos superiores al 12% o 13%, cuando estamos con un Euribor que ronda el 3%. Y todo esto porque nuestros ayuntamientos no pueden declararse legalmente en situación de concurso de acreedores como ocurre por ejemplo en EEUU.

El Gobierno debería tener sentido de la realidad y darse cuenta de que ya estamos endeudados y que esto solo se remedia pagando lo que se debe. Las restricciones para evitar endeudamiento tienen sentido hacia el futuro, pero sobre la deuda contraída lo único que cabe hacer es atenderla de la mejor manera posible. Así, es mejor deber a los bancos que son quienes se dedican a prestar dinero que no a las empresas a quienes o bien las vamos a arruinar, cosa no muy aconsejable en tiempos de crisis, o bien nos van a sangrar cobrándonos los intereses de demora. La deuda generada solo se puede digerir por los ayuntamientos dándoles tiempo, como en cualquier concurso, cuando se vela por la continuidad de la empresa. Y este tiempo no puede ser ni ventajoso para las grandes empresas ni la muerte de las pequeñas. Debe de concertarse con las entidades financieras en unas condiciones de mercado aceptables. Para ello el marco normativo debería permitir convertir deuda no financiera en deuda financiera, lógicamente con las mediadas de garantía del sector público, el ICO. Esto permitiría dar liquidez y viabilidad a las empresas y ahorrarse una importante cantidad de dinero a los ayuntamientos que retribuirían su deuda a unos tipos de mercado, 7 u 8 puntos por debajo de los de demora. No es la primera vez que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para salvar la situación financiera de los ayuntamientos, por ejemplo la Ley 24/1983 de medidas de saneamiento, cuando los primeros ayuntamientos democráticos según parece,“hicieron lo que debieron y debieron lo que hicieron”; creo que algo muy similar a lo que ha ocurrido ahora, esta vez en una parte importante, en beneficio de otras administraciones, que no han pagado lo que han mandado a otras hacer.