Gobiernos y datos abiertos para una gestión mas transparente.

Hace unos cuatro años en distintos países de nuestro entorno cultural, empezó a propagarse una pregunta muy simple entre muchos ciudadanos que querían saber que se hacia con sus impuestos, ¿en que se gastaban los gobiernos los dineros que les detraían?, ¿a donde iba a parar su dinero?. Esta inquietud ciudadana tiene que ver mucho con los tiempos de crisis que atravesamos y con las corrientes de opinión que se producen acerca de los gestores de la situación. Quienes la padecen terminan por cuestionar el sistema político en sí mismo.

Frente a estas inquietudes de la ciudadanía, los gobiernos reaccionaron de distinta forma. Unos abriendo su forma de gobernar, abriendo datos y en definitiva facilitando la participación ciudadana desde la información que se le facilita para que pueda tomar decisiones. Otros sintiendo este movimiento de querer saber como una amenaza, añadiendo opacidad, arrinconándose detrás de estructuras formales de participación que puede que sean suficientes a nivel legal pero que políticamente dejan a la gente insatisfecha y al margen.

Gobernar de forma trasparente y abrir los datos, debidamente anonimizados, es una posibilidad real que además de facilitar la participación de la gente en los asuntos de su ciudad o de su entorno, permite abordar otros aspectos no menos importantes como la realización de análisis y estudios, tanto en el terreno académico como en el de la empresa para fomentar nuevas iniciativas de negocio en las ciudades. Compartir información es una elemento esencial dentro de la cultura colaborativa que caracteriza nuestro tiempo. Hoy los problemas de la mayoría de las ciudades son los mismos pero sin embargo, desgraciadamente no se comparten las experiencias.

Recientemente se ha celebrado en Barcelona el Congreso Smart City Expo 2012 y los que hemos tenido la oportunidad de asistir hemos podido comprobar que el lugar que ocupan nuestros gobiernos en estas nuevas orientaciones y tendencias esta muy alejado de otros de nuestro entorno con los que pretendemos codearnos.

En nuestro país se esta intentando arreglar esta carencia una vez mas mediante la promulgación de leyes, como si estas por si mismas arreglaran las cosas. El Consejo de Ministros ya aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia y esta pendiente de culminar su tramitación parlamentaria. Sin embargo mucho nos tememos que una norma como esta, que va dirigida fundamentalmente a las administraciones que son quienes han de cumplirla, no es suficiente para alcanzar los objetivos que se pretenden. La cuestión depende mas de una cultura que de una norma. Por otra parte ha de tenerse en cuenta que para abrir la gestión y los datos no hay ningún impedimento legal en el marco actual. ¿Que hace pensar que la nueva norma producirá los cambios que deseamos para contar con gobiernos abiertos? Ya de entrada el Proyecto de Ley no cumple con los estándares de open data internacionales establecidos por el open government partnership entidad de la que España es miembro. Basta ver lo que están haciendo otros países como EEUU o Reino Unido tener un buenos ejemplos en practicas de apertura de datos a los ciudadanos. Parece una ironía que justo ahora haya desaparecido el acceso a los datos de AEMET como venia siendo, de manera gratuita y publica. Los datos que se generan con fondos públicos, que eran de uso muy común, entre investigadores y profesionales (190.000 visitas diarias a sus bases de datos) debieran seguir siendo públicos y gratuitos.

Hay una una cultura muy arraigada en nuestra administración, proveniente de periodos no democráticos, que consiste en poner la gestión pública bajo la vigilancia de unas personas concretas, funcionarios, que controlan la legalidad, a priori, y por delante del control último de los tribunales de justicia al que han de someterse, al final y si llegara el caso, los actos de la administración. Este tipo de controles, que suelen desresponsabilizar a gestores (véanse múltiples declaraciones políticas apelando a los informes) y aunque la buena voluntad y empeño de estos funcionarios no se pone en duda, los resultados son francamente mejorables. Ahí esta la gestión de los profesionales del Banco de España y sus resultados con Bankia y tantos otros cuyo control les correspondía, y la los miles de interventores que se ocupan del control de los actos de la administración, que seguramente consiguieron que los expedientes de contratación cumplieran todos sus tramites pero no evitaron en muchas ocasiones los perjuicios en la cosa pública (con impunidad para sus responsables). Las reformas que se están haciendo siguen incurriendo en el mismo error, se apuesta todo a que unas personas (funcionarios)  controlen a otras, con una independencia muy limitada unos sobre otros.

Confiar todo al control interno no evita las corruptelas que dan con el desapego de los ciudadanos hacia lo público. Al final el control de la opinión pública, el que se ejerce mediante la participación de la gente en los asuntos que les incumben teniendo acceso a la información y a los datos con los que se gobierna es el mas eficaz para fortalecer un sistema democrático. Las medidas para el control de la gestión pública y sus responsables políticos deberían encaminarse de manera mucho mas activa hacia nuevas formas de gobernar, abriendo los datos y la información a los ciudadanos. Abriendo de par en par las instituciones a la ciudadanía.