El sentido de la realidad y la Administración inteligente

Decía Xavier Zubiri, filosofo, (discípulo de Ortega y Gasset y maestro de otros como Lain Entralgo o Julian Marias), que la inteligencia consiste en tener sentido de la realidad. Hoy en día, todos tenemos bastantes ejemplos del comportamiento de la administración pública que nos llevan a calificar negativamente su inteligencia, si es que se puede hablar de este atributo en las organizaciones.

La realidad de hoy es la de una sociedad con personas apuradas por la exigencia de la competencia en lo profesional y agobiadas con las obligaciones que tienen que cumplir, entre otras las de la esfera pública, tributarias, sociales, etc. Mientras tanto, la Administración, en su cultura colectiva, (que no en el honroso comportamiento individual), va “a su marcha” ignorando lo que pasa a su alrededor.

Esta cultura hunde sus raíces en un modelo de universidad napoleónico, del siglo XIX y XX, que forma a gente para memorizar y opositar a la administración, como dice I. Sotelo, y contempla el empleo público mas como premio que como vocación de servicio público.

Este comportamiento ajeno a la realidad y a la sociedad a la que sirve, lleva a cosas esperpénticas por todos conocidas y soportadas. Horarios no pensados para dar facilidad a los usuarios de los servicios, sino para la comodidad de empleados, documentos que han de aportarse por los ciudadanos a pesar de que ya obran en la administración y del mandato legal de que no es necesario aportar, y así podríamos señalar hasta un largo etcétera.

En este estado de cosas, mucha e-administración, e-gobierno, muchos intentos de modernización, pero la verdad es que la reforma de la administración se ha convertido ya en una quimera. Muchos gobernantes, con sentido práctico ya ni se lo plantean, y los que aún quieren hacerlo, cuando me comentan de sus intenciones de reforma y cambio, yo les pregunto “¿quién va a reformar a quien?”. Porque lo normal es que los frescos y lozanos políticos que un día llegaron, cargados de buenas intenciones, terminen su periplo justificando a los funcionarios.

Este divorcio entre la Administración y la sociedad, con los tiempos que corren parece que ya no aguanta más. El gran reto que tiene el flamante Ministerio de Hacienda y Administración Pública es reformar la Administración para conseguir que tenga sentido de la realidad. Ciertamente el Gobierno tiene que definir medidas muy serias para salir de la crisis. El problema es si el ejecutivo va a ser capaz de implementar con la Administración que tiene.

En la medida en que una sociedad gana en competencia y desarrollo todo tiene que fluir con la misma armonía. No puede exigirse a una empresa el pago religioso de sus impuestos y cargas sociales y sin embargo cuando acude a la ventanilla cualquier excusa sea buena para que no le den cualquier papel que necesita, marchándose con la sensación de que le han tomado el pelo. El ejemplo del indulto otorgado por el Consejo de Ministros de 16 de diciembre pasado al preso común más antiguo, es un claro ejemplo de lo que hablamos. Las buenas intenciones (y lo que es peor, el acuerdo) del Gobierno de que saliera por navidad han quedado en nada. Se ha comido el turrón y las uvas en la cárcel. La cosa es que no ha aportado el original de la sentencia por la que se le condeno, que la Audiencia no ha recibido la notificación… En fin lo que cualquier persona normal y bien pensada entendería como excusas, por decir algo. Y ya veremos a ver cuando sale, después de que su abogado consiga todos los papeles que seguramente el Consejo de Ministros de manera descuidada ni busco, ni comprobó.

Las medidas anunciadas por la flamante Alcaldesa de Madrid de suprimir las licencias para la apertura de determinadas actividades, sustituyéndolas por comunicaciones, ya de por si con retraso en la implementación de la Ley de Economia Sostenible, seguramente tienen que ver más con la impotencia y el reconocimiento de un hecho, que con una verdadera reforma. La realidad, en la inmensa mayoría de los municipios, es que los expedientes no llegan a su fin y los locales no tienen más remedio que jugársela y abrir, encontrándose la mayoría en situación ilegal y desde luego no por la furtividad de los tan reconocidos ahora “emprendedores”.

Con estos comportamientos de la Administración, ¿de verdad, puede gobernar un gobierno? ¿es legitimo el comportamiento de la Administración?

Esta cultura a desterrar de la Administración tiene también mucho que ver con la ejemplaridad de lo público en estos tiempos de crisis (y no estoy pensando en el discurso de noche buena del Rey sino al libro de Javier Gomá). Mal puede exigirse el cumplimiento de las normas cuando los empleados públicos no las observan para sí. El Decreto Ley 20/2011, de 30 de Diciembre, disponiendo el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas semanales y señalando reducción salarial caso de hacerse 35 horas, da buena cuenta de lo que hablamos.

Las medidas que han de tomarse para armonizar el binomio Sociedad-Administración son de tal calado que solo la coyuntura política de un nuevo Gobierno puede acometerlas. Esperemos que tenga acierto en la elección y suficiente energía y tesón para llevarlas a cabo.

Comentarios
  • Eloy
    Felicito a los autores de este Blog tan interesante y me permito comentar al respecto de la última entrada que, lejos del discurso pesimista, que viene dibujando a la Administración como un barco a la deriva de los grandes cambios, incapaz de acometer un proceso de modernización que viene pregonándose desde hace décadas, les propongo un cambio de perspectiva. La Administración Pública hasta ahora ha sido capaz de adaptarse al entorno y continúa siendo el mejor instrumento con el que cuentan las sociedades para dar respuestas a las grandes dificultades y retos que se plantean en la actualidad. Para empezar la ciudadanía del siglo XXI es cada vez más conocedora de sus derechos y obligaciones, y está dispuesta a participar y ejercer eventualmente la presión social ante decisiones que considera injustas o ante la insuficiencia de determinadas políticas públicas. También cuenta con mayores recursos a la hora de manifestar sus demandas pues ha aumentado el acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales desde donde se puede ejercer una mayor presión sobre los gobiernos y administraciones. Pero también parece necesario reconocer que la Administración Pública ha experimentado numerosos y profundos cambios positivos en las dos últimas décadas. Basta echar una mirada al pasado reciente, con serenidad, para comprobar que, en los últimos veinte años, la Administración Pública Española ha multiplicado y diversificado sus servicios, se ha orientado notablemente a la ciudadanía y ha mejorado su gestión. En apenas unos pocos años hemos pasado de las ventanillas a gestionar servicios a través de Internet. En este proceso, la Gestión de Calidad ha sido una de las principales estrategias para la modernización de las Administraciones Públicas. Entre otros aspectos importantes ha servido para: Dotar a la Administración Pública Española de un lenguaje común en la gestión.Aportar una referencia de valores a los directivos públicos españoles: la orientación al ciudadano y la apertura a la incorporación a la Administración Pública de los objetivos y las demandas de la sociedad.Abordar la gestión de una manera profesional, planificando, implantando, midiendo e incluso comparando.En los últimos tiempos asistimos a un persistente desprestigio del sector público, que está motivada en muchos casos por el ruido que genera el debate político, siempre superpuesto a la rendición de resultado. Esto nos lleva a una disociación entre las problemáticas sociales (detectadas ampliamente en las encuestas de opinión) y las consecuentes demandas ciudadanas que habrían de derivase. Este constituye un primer reto para la Administración Pública Española: establecer mecanismos para que el valor de las políticas e intervenciones públicas sea percibido por los ciudadanos en cuanto a su eficacia y eficiencia, diferenciando éstas de la visión meramente política de las mismas. Se trata de llevar al ámbito público la diferenciación, hasta donde sea posible, entre el qué y el cómo. Los fines y los medios, la política y la administración (que incluso son dos conceptos diferentes). Los avances que se produzcan en esta línea redundarán en el aumento de la capacidad ciudadana para visualizar y evaluar la actuación de la administración pública en tanto que instrumento al servicio de la sociedad, delimitando su actuación del debate político y posibilitando así el objetivo de que las problemáticas sociales den lugar a nuevas demandas ciudadanas orientadas a una Administración receptiva y ágil. Es cierto que el entorno actual es turbulento y está sujeto a grandes y vertiginosos cambios, pero es precisamente la Administración Pública, por sus potencialidades y su centralidad en el imaginario colectivo, el agente mejor situado para intervenir en una sociedad compleja con éxito. Precisamente la revalorización del papel del Estado y la Administración Pública, pasa por su puesta en valor como un instrumento necesario y de gran utilidad para unas sociedades inmersas en una cierta incertidumbre. De la capacidad de la Administración Pública para adoptar un planteamiento inteligente en esta nueva etapa, dependerá la revalidación de su legitimidad en el presente y futuro.

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