8 abril, 2019

Reforma del régimen de los habilitados nacionales en las entidades de ámbito inferior al municipio

El pasado día 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2019).

Como indica el extenso título de la norma, aparte de su contenido principal se aborda, bajo la genérica referencia a “otras medidas”, una reforma parcial del reciente Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del que nos hacíamos eco en esta entrada del blog.

25 marzo, 2019

Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019 (sección 3ª, Sala de lo contencioso administrativo) analiza la existencia de legitimación activa en el denunciante, cuando éste pretende que se imponga una sanción más grave al denunciado una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador.

El supuesto analizado parte de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Ciudad Real a un letrado, a instancia de su cliente, que es calificada como leve. El denunciante, disconforme con esta decisión del Colegio de Abogados, recurre en alzada pretendiendo que se agrave la sanción inicialmente impuesta por considerarla insuficiente. Tanto el Colegio de Abogados como, posteriormente, el Juzgado de lo contencioso administrativo, rechazan la legitimación activa del recurrente, manteniendo que, una vez formulada denuncia, no existe un derecho subjetivo ni interés legítimo a que el denunciado sea sancionado en un determinado sentido.

31 enero, 2018

¿Quién paga los trienios a los concejales que se encuentran en situación de servicios especiales?

En esta entrada se abordan dos cuestiones relacionadas con el pago de trienios a aquellos Concejales que, a raíz de su nombramiento, han quedado en situación de servicios especiales en la Administración Pública a la que pertenecen. En primer término, en estos casos se suscita la cuestión relativa a qué Administración –a la que se accedió como funcionario o en la que se desempeña el cargo de Concejal-, debe asumir el abono de los trienios devengados en la Administración de origen. Y, en segundo lugar, habrá que determinar a qué concreto órgano correspondería aprobar el abono de dicha retribución.

I.- ¿Qué Administración debe asumir el pago?.

21 septiembre, 2017

INTERNALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO POR SOCIEDAD MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

En una entrada anterior, hacíamos referencia a los argumentos por los que considerábamos que las previsiones contenidas en la Disposición Adicional 15ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2016 (en adelante LPGE 2016), no suponían un impedimento legal a la internalización de un servicio público por una sociedad mercantil municipal ya constituida.

Este criterio acaba de ser corroborado ahora en sede jurisdiccional, al desestimarse íntegramente la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, frente al acuerdo municipal encaminado a que la sociedad mercantil de capital municipal, se hiciese cargo del servicio de limpieza de edificios municipales –que hasta ese momento venía siendo prestado por una entidad mercantil privada-.

30 junio, 2017

 ¿Tiene la administración margen para aceptar la cesión del contrato?

En una entrada anterior, El Ayuntamiento de Liérganes gana la ‘batalla del agua’, dábamos cuenta de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso de apelación nº 47/2017, que tenía como consecuencia inmediata, en efecto, que el citado Ayuntamiento veía confirmado en sede judicial su planteamiento en cuanto al rechazo a que el contrato de concesión fuera cedido a otro contratista, en aras de garantizar el interés público aquí predominante.

Además de la noticia, reflejada en la prensa local, interesa ahora hacer una somera valoración de dos aspectos concretos que aborda la Sentencia, y que presentan, a nuestro juicio, indudable relevancia práctica en este ámbito contractual: