¿Qué es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración?
La responsabilidad patrimonial de la Administración es un dispositivo de protección que el Estado español pone a disposición de los ciudadanos que presuntamente hayan sufrido daños derivados de las Administraciones públicas. De esta forma, podríamos decir que sirve de mecanismo de autorregulación de las entidades públicas. Se trata de una institución consagrada en la Constitución Española, que señala en su artículo 106.2 que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, los principios generales que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas están en la Ley de Régimen Jurídico del sector Público (arts. 32 y siguientes). Ahora bien, como todo tipo de procedimiento administrativo, éste tiene sus propios plazos, cálculo de indemnizaciones y fases, que son necesarios conocer antes de poner una reclamación. ¿Qué es un procedimiento de Responsabilidad Patrimonial? Si un ciudadano cree haber sufrido un daño derivado de la actuación de una o varias Administraciones públicas, puede iniciar una reclamación a la propia Administración de la que considere haber … Continúa leyendo ¿Qué es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración?
Seguir leyendo
El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”
El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que: “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de … Continúa leyendo El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”
Seguir leyendo