01 Mar, 2019
Nuevos requisitos para la aprobación de los contratos menores
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (en adelante OIRESCON) acaba de publicar la Instrucción nº 1/2019, de 28 de febrero , de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 332.7.d) de la LCSP, por medio de la cual se fijan unos criterios de interpretación, de obligado cumplimiento para el sector público estatal, de los aspectos que más problemática ocasionan respecto a los contratos menores regulados en el artículo 118 de la LCSP La publicación de la referida Instrucción ha generado la inmediata, y justificada, controversia entre los operadores jurídicos, tanto en relación con su ámbito de aplicación, como en cuanto a su propio contenido. De forma que el efecto inmediato de la Instrucción, más que servir para resolver las dudas de interpretación que ha planteado la nueva regulación de los contratos menores, ha tenido el efecto contrario: abrir multitud de foros de debate en los que se trata de descifrar la “interpretación” que la OIRESCON realiza del artículo 118 de la LCSP. De entrada, a la vista de la polémica suscitada, no puede decirse que la primera Instrucción dictada por la OIRESCON haya sido precisamente pacífica, en la tarea que, entre otras funciones, dicho órgano tiene … Continúa leyendo Nuevos requisitos para la aprobación de los contratos menores
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Operaciones de endeudamiento de las Entidades Locales: régimen legal en 2016
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales una nota informativa sobre el régimen legal que resulta de aplicación a las operaciones de crédito a largo plazo que las Entidades Locales pretendan concertar en el presente ejercicio 2016. Esta nota informativa constituye en realidad una actualización de la que elaboró en el año 2014 y que también apareció publicada en su Oficina Virtual. Teniendo en cuenta la evidente dispersión normativa que opera en el régimen aplicable a las corporaciones locales para la formalización de las operaciones de endeudamiento a largo plazo, lo que sin duda contribuye a que los gestores públicos locales experimenten un elevado grado de inseguridad jurídica a la hora de abordar este tipo de operaciones, resulta comprensible que el Ministerio se vea en la obligación de elaborar cada cierto tiempo este tipo de notas aclaratorias. Entrando en el contenido de la nota informativa en ella se han diferenciado cuatro grupos de operaciones, habiendo sido identificadas según la finalidad que se pretenda llevar a cabo con el préstamo a formalizar. Estos cuatro grupos son: Operaciones cuya finalidad es la financiación de inversiones. Operaciones que pretende la … Continúa leyendo Operaciones de endeudamiento de las Entidades Locales: régimen legal en 2016
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Tasa o precio privado en el servicio de agua (II): ¿fin del debate?
Esta entrada del blog es continuación de la anterior entrada “Tasa o precio privado en el servicio de agua: vuelta al debate”, en la que se trataba la clasificación de la contraprestación del servicio de abastecimiento de agua potable como tasa o precio público, tras la supresión del segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, tras la reforma de esta última llevada a cabo por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Informe de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) del 26 de julio de 2011. Este informe de la DGT volvía abrir el debate sobre la naturaleza jurídica que tiene la contraprestación económica que se realiza por la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado; concluyéndose que si un ente local gestiona directamente y de manera indiferenciada el servicio, debe exigirse a los usuarios una tasa. Si por el contrario esos servicios se gestionan a través de una sociedad privada municipal, o una empresa privada con un contrato administrativo de gestión de servicio, las contraprestaciones económicas a percibir dejan la esfera de los ingresos de derecho público y se convierten en ingresos de derecho privado, y … Continúa leyendo Tasa o precio privado en el servicio de agua (II): ¿fin del debate?
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El cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales
Acaba de aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios que son prestados por las entidades locales, si bien los responsables económicos de las entidades locales no deben sobresaltarse por esta nueva obligación de rendir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que la nueva rendición afectará a la información económico-financiera correspondiente al ejercicio 2014, tal y como establece la disposición final segunda de la orden. La aprobación de esta orden del Ministerio era esperada tras aparecer el concepto de coste efectivo de los servicios en el art. 116 ter de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL) como consecuencia de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, ya que el propio artículo establecía que los criterios para su cálculo se desarrollarían a través de la correspondiente Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El objeto de la orden aparece en su artículo primero, que no es otro que regular los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios locales de conformidad con lo previsto en … Continúa leyendo El cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales
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Los tribunales no deben utilizarse como instancias políticas (I): la capacidad procesal en la jurisdicción penal
El art. 125 de la Constitución Española, piedra angular de la participación en la Administración de Justicia para los ciudadanos, establece que éstos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. En parecidos términos se pronuncia el art. 101 de la LeCrim, al establecer que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley. Al amparo de este precepto legal, los grupos políticos, a menudo, trasladan la discusión política propia de las instituciones representativas a los tribunales. Sin embargo, este proceder tan impropio como extendido actualmente, no viene respaldado por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En este entrada, haremos un repaso de cuáles son los motivos que conducen a nuestros tribunales a rechazar la personación de los grupos políticos y de las propias administraciones públicas en las causas penales, ya sea como acusación popular o como acusación particular – art. 110 LeCrim-. Con carácter previo, tenemos que tener claro que los grupos parlamentarios y los grupos municipales, aunque ejercitan funciones públicas, no ostentan personalidad jurídica. En concreto, por lo que respecta a … Continúa leyendo Los tribunales no deben utilizarse como instancias políticas (I): la capacidad procesal en la jurisdicción penal
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