17 Mar, 2015
El plazo para recurrir frente al silencio negativo
Resulta  relativamente habitual ver en los Juzgados que los letrados defensores de la Administración alegan que los recursos interpuestos contra desestimaciones por silencio están fuera de plazo por haber transcurrido más de seis meses desde que ese silencio se produjo. Entendemos que tal forma de proceder se hace en muchas ocasiones con el ánimo de utilizar todos los medios de defensa que la dirección letrada entiende a su alcance. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia nº 6/1986, de 21 de enero, señaló que no puede “calificarse de razonable una interpretación que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales” y, por tanto, desde entonces ha venido estimando los recursos de amparo que se han presentado contra sentencias que inadmitían el acceso a la jurisdicción por extemporaneidad. El TC volvió a dictar una nueva sentencia, la número 52/2104, de 10 de abril, cuya particularidad respecto a las dictadas sobre esta problemática es que ya no se trataba de un recurso de amparo, limitado a examinar el caso concreto, sino de una cuestión de inconstitucionalidad, que le permitió … Continúa leyendo El plazo para recurrir frente al silencio negativo
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25 Mar, 2013
La caducidad en los procedimientos expropiatorios
El artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  regula los efectos de la falta de resolución en plazo en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración. El procedimiento de expropiación forzosa, salvo excepciones que no son objeto de análisis en esta entrada, es por lo general, uno de los casos típicos de procedimiento iniciado de oficio. A nadie le cabe duda que la expropiación forzosa, en cuanto supone una privación coactiva de la propiedad, implica el ejercicio de una potestad administrativa que genera efectos desfavorables en el administrado. Por ello, cabría entender aplicable el artículo 44.2 de la citada Ley 30/1992, que prevé la caducidad del procedimiento por la falta de resolución en plazo para los casos en que la Administración ejercitada facultades de intervención susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen. La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla como pudiera parecer. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias con doctrinas en principio contradictorias, aunque como veremos a continuación, en realidad son compatibles e incluso complementarias. Nos referimos a la Sentencia de 19 de octubre de 2010 – Sección 6ª – (Ar. RJ 20107399), … Continúa leyendo La caducidad en los procedimientos expropiatorios
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24 Oct, 2011
La nueva regulación de las costas procesales en la jurisdicción contenciosa tras la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal
La Ley37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, publicada en el BOE de 11 de octubre, ha supuesto un cambio en el régimen de imposición de las costas en el orden Contencioso-administrativo. Conforme a la anterior redacción de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA), en la primera o única instancia regía el criterio de la temeridad o mala fe. La reforma ahora operada ha cambiado el criterio por el del vencimiento, pero con un importante matiz, el Juez o Tribunal puede no imponer las costas si aprecia que el caso presenta serias dudas de hecho o de Derecho, lo que deberá ser razonado o motivado expresamente al adoptar tal decisión. Para comprender el motivo de la reforma en materia de costas es preciso conocer cuál ha sido la evolución que ha experimentado la jurisdicción Contencioso-administrativa y en qué medida ha contribuido a ello la regulación en materia de costas procesales. Hace ya más de diez años que comenzaron a funcionar los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Hasta ese momento, la primera y única instancia estaba formada por los Tribunales Superiores de Justicia y la AudienciaNacional, esta última para concretas y específicas … Continúa leyendo La nueva regulación de las costas procesales en la jurisdicción contenciosa tras la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal
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13 Jul, 2010
Nuevas acciones legales de los contratistas frente al impago de la Administración
Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que, según establece en su Disposición Final Única, se encuentra en vigor desde el día siguiente a su publicación. Según se señala en el Preámbulo, esta nueva norma pretende corregir el aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que derivan de la “crisis económica”. En este sentido, cualquier medida que pueda reducir los actuales plazos de pago del sector público resulta bienvenida si con la misma se consigue evitar los efectos que esta demora está produciendo no sólo en pequeños y medianos empresarios, como señala el Preámbulo, sino incluso en empresas con mayor potencial económico-financiero. Al margen de lo anterior, la Ley  15/2010, de 5 de julio nos plantea algunas dudas procesales -propias seguramente de cualquier cambio legislativo-, que vamos a tratar de analizar. Se trata, en síntesis, de que el nuevo artículo 200 bis que introduce la Ley 15/2010, de 5 de julio en la Ley de Contratos del Sector Público, regula … Continúa leyendo Nuevas acciones legales de los contratistas frente al impago de la Administración
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05 Jul, 2010
La responsabilidad penal de las sociedades municipales

El pasado 23 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Entre las modificaciones que comprende, sin duda, la más llamativa es la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador ha excluido de la responsabilidad penal a las “Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”. Estas sociedades son entes con personalidad propia constituídas por la propia Administración para el logro de sus propios fines. Esta nota caracteristica es atribuible tambien a la sociedades mercantiles de la Administracion Local, sin embargo a estas no se les excluye de la responsabilidad penal.

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