8 abril, 2019

Reforma del régimen de los habilitados nacionales en las entidades de ámbito inferior al municipio

El pasado día 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2019).

Como indica el extenso título de la norma, aparte de su contenido principal se aborda, bajo la genérica referencia a “otras medidas”, una reforma parcial del reciente Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del que nos hacíamos eco en esta entrada del blog.

25 marzo, 2019

Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019 (sección 3ª, Sala de lo contencioso administrativo) analiza la existencia de legitimación activa en el denunciante, cuando éste pretende que se imponga una sanción más grave al denunciado una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador.

El supuesto analizado parte de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Ciudad Real a un letrado, a instancia de su cliente, que es calificada como leve. El denunciante, disconforme con esta decisión del Colegio de Abogados, recurre en alzada pretendiendo que se agrave la sanción inicialmente impuesta por considerarla insuficiente. Tanto el Colegio de Abogados como, posteriormente, el Juzgado de lo contencioso administrativo, rechazan la legitimación activa del recurrente, manteniendo que, una vez formulada denuncia, no existe un derecho subjetivo ni interés legítimo a que el denunciado sea sancionado en un determinado sentido.

1 marzo, 2019

Liderazgo y Capacidad en el Servicio Público

Hace tan sólo unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo pública su Recomendación sobre Liderazgo y Capacidad en el Sector Público. Se trata de un documento elaborado al amparo del art. 5.b) del Convenio de la OCDE, firmado el 14 de diciembre de 1960. Es, por tanto, un instrumento jurídico internacional reconocido que no debe pasar inadvertido en el entorno en el que trabajamos.

La Recomendación recoge las capacidades, condiciones de trabajo, motivación y valores de la función pública. Todas ellas variables que tienen impacto en la calidad de los gobiernos. Como en otras ocasiones, la Recomendación fue sometida a consulta hasta el día 14 de septiembre de 2018 a fin de obtener aportaciones de la ciudadanía en general, empleados y cargos públicos, entidades de la sociedad civil y, en definitiva, cualquier interesado en este ámbito. A día de hoy, acaban de cerrarse otras consultas como la relativa a la Declaración sobre la Innovación del Sector Público, que será publicada en los próximos meses. También pueden consultarse otros datos y documentos relativos a la gobernanza pública en los países de la OCDE en este enlace, donde cabe significar la Recomendación sobre integridad pública y la necesidad de implementar estrategias contra la corrupción, y la Recomendación sobre contratación pública.

20 marzo, 2018

Subvencionar el empleo: algunas consideraciones y una reflexión sobre el workfare encubierto

“La clave es crear empleo. Es empleo, empleo y más empleo. Es generar las condiciones para que se cree cada día más y mejor empleo”. Lo anterior está extraído, literalmente, de las primeras páginas del programa con el que el partido que hoy gobierna concurrió a las últimas elecciones generales. Se ha escogido por su claridad, pero no por su originalidad. El Partido Popular no está solo en la búsqueda del pleno empleo, le acompañan en esta anacrónica travesía las principales fuerzas políticas del país[1]. Y, también, desde hace algunos años, son comunes las políticas de empleo autonómicas que consisten en otorgar subvenciones y fomentar la contratación pública basada en criterios sociales -llevadas a cabo por parte de gobiernos de distinto signo político-. Sin embargo, la ausencia de evaluación de este tipo de medidas evidencia carencias a la hora de fijar con claridad qué modelo de estado de bienestar queremos, desde el punto de vista del empleo. Parece que la implantación de estas medidas tiene más que ver con la intuición que con un análisis de la realidad referenciado en un determinado modelo social.

El objetivo de esta entrada es hacer un breve repaso a los distintos modelos de estado de bienestar existentes para ver dónde podrían encajar las políticas que se están llevando a cabo en España. Nos ocuparemos de estudiar si, jurídicamente, se adecuan a los principios constitucionales; y si, económicamente, encuentran justificación. Se advierte al lector con prisa que la conclusión a la que se ha llegado es que podríamos estar ante políticas más propias del workfare anglosajón que los ansiados modelos de políticas activas de empleo nórdicos o la inclusión social de la Europa continental.

12 julio, 2017

Indemnizaciones por cese de funcionarios interinos. La sentencia de 30 de junio de 2017 y algunas consideraciones sobre empleo temporal en las AAPP.

Texto integro de la sentencia de 30 de junio de 2017

Se veía venir, y efectivamente, ya tenemos “casi”, y sin casi, planteado un problema con consecuencias, a corto y medio plazo, de enorme repercusión en nuestro empleo público. Era cuestión de tiempo que la puesta en “solfa” de la recurrente temporalidad en el empleo público, ya se tratase de personal interino o laboral, fuera objeto de reproche judicial.