6 Julio, 2015

Las limitaciones a la creación de sociedades municipales: los resultados de la reforma local.

En entradas recientes de nuestro blog se ha llevado a cabo un análisis entorno al debate introducido en la agenda reciente de nuestros ayuntamientos sobre la remunicipalización de los servicios públicos locales, abordando con ellas las principales cuestiones relativas a los procesos tendentes a volver a traer al ámbito de la gestión directa los servicios municipales.

Con esta entrada abordaremos las limitaciones con las que se enfrentan las Entidades Locales (impuestas a través de la Ley 27/2013)  para llevar a cabo una remunicipalización de servicios mediante la utilización de entes instrumentales, además de exponer una serie de datos que nos permitan evaluar el impacto que está teniendo el denominado redimensionamiento del sector público local pretendido por las últimas reformas legislativas.

22 Junio, 2015

El mecanismo de financiación en las entidades locales para el pago de sentencias judiciales

En el preámbulo de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, podemos atisbar que la reducción de costes que está obteniendo nuestro país en los mercados financieros como consecuencia de la confianza que está generando la economía española por el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y las reformas estructurales que están siendo llevadas a cabo, pretende ser compartida en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Es por ello que según el gobierno de España resultan necesarias una serie de adaptaciones en la normativa de estabilidad presupuestaria y en la financiación de las Comunidades Autónomas, naciendo del resultado de esa necesidad la citada Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio. En esta entrada nos centraremos, única y exclusivamente, en lo que puede afectar a las entidades locales tras la aprobación de esa ley en los aspectos de estabilidad presupuestaria y de mecanismos de financiación.
Como primer elemento destacable encontramos que se incorpora, como parte del principio de sostenibilidad financiera, la prudencia financiera. Para ello se introduce un nuevo apartado 3 del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, con lo que se pretende que las operaciones financieras se sometan a condiciones que permitan reducir costes financieros y mitigar riesgos, contribuyendo así a mejorar la capacidad de financiar los gastos financieros presentes y futuros.

16 Junio, 2015

El valor probatorio de las declaraciones prestadas ante funcionarios policiales

El pasado 3 de junio de 2015 se adoptó un Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre el valor probatorio de las declaraciones efectuadas ante los funcionarios policiales en los procedimientos jurisdiccionales. En concreto se indica:

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.

3 Junio, 2015

Los órganos jurisdiccionales enmiendan la plana a los Tribunales Administrativos de Contratos: los Pliegos no son atacables una vez que su contenido ha sido aceptado y consentido.

La muy reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de mayo de 2015 reabre el debate acerca del diferente criterio que, en la práctica, vienen manteniendo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) y, por extensión, sus homólogos autonómicos, y los Tribunales judiciales, a los que está reservado, recordemos, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de nuestra Constitución.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se incorporó a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, como órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, y que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda (art. 41 TRLCSP); todo ello, como consecuencia de la exigencia de que fuera un órgano independiente al órgano de contratación el que resolviera los recursos especiales que, en esta materia, cabe interponer en determinados supuestos. Se producía así la adaptación, aun de forma tardía, de nuestra normativa interna a las Directivas Comunitarias de 2004.

1 Junio, 2015

Los actos neutrales del funcionario

La prevaricación administrativa del art. 404 CP, tan presente en la actualidad,  ya ha sido tratada en este blog con ocasión de otros temas. En esta entrada nos ocuparemos de hacer un breve análisis de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo relativa a los actos neutrales de los funcionarios. En las diligencias penales que se instruyen con ocasión de supuestos actos arbitrarios e injustos, nos encontramos con que se imputa no sólo a la autoridad o funcionario que ha dictado el acto sino también a todos aquellos empleados públicos que hayan tenido algún tipo de participación en el expediente objeto de investigación. Se entiende, generalmente, que han sido cooperadores necesarios. Y en estos casos en los que el imputado no ha tenido realmente una conducta dolosa ni ha sido consciente de que su implicación formaba parte de un plan delictivo, nos encontramos, sin embargo, con juzgados reacios a desimputar y archivar la causa con relación a estas personas. Si bien, en los tiempos que corren, debería cobrar especial importancia la doctrina fijada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia 30 de julio de 2014. Y ello porque estar hoy imputado en un proceso penal parece más un estigma social que una garantía para que la persona pueda defender sus legítimos intereses.

Como tiene establecido reiterada jurisprudencia –que actualmente parece obviarse por muchos juzgados de instrucción- el art. 404 CP no sanciona la mera ilegalidad sino la arbitrariedad. En este sentido, como señala la STS de 23 enero de 2014 la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, del principio de legalidad como fundamento básico de un estado social y democrático de derecho frente a ilegalidades severas y dolosas. Es decir, no cabe la prevaricación administrativa imprudente y no cabe la prevaricación en cuestiones de mera legalidad ordinaria. Además,