3 Junio, 2015

Los órganos jurisdiccionales enmiendan la plana a los Tribunales Administrativos de Contratos: los Pliegos no son atacables una vez que su contenido ha sido aceptado y consentido.

La muy reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de mayo de 2015 reabre el debate acerca del diferente criterio que, en la práctica, vienen manteniendo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) y, por extensión, sus homólogos autonómicos, y los Tribunales judiciales, a los que está reservado, recordemos, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de nuestra Constitución.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se incorporó a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, como órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, y que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda (art. 41 TRLCSP); todo ello, como consecuencia de la exigencia de que fuera un órgano independiente al órgano de contratación el que resolviera los recursos especiales que, en esta materia, cabe interponer en determinados supuestos. Se producía así la adaptación, aun de forma tardía, de nuestra normativa interna a las Directivas Comunitarias de 2004.

1 Junio, 2015

Los actos neutrales del funcionario

La prevaricación administrativa del art. 404 CP, tan presente en la actualidad,  ya ha sido tratada en este blog con ocasión de otros temas. En esta entrada nos ocuparemos de hacer un breve análisis de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo relativa a los actos neutrales de los funcionarios. En las diligencias penales que se instruyen con ocasión de supuestos actos arbitrarios e injustos, nos encontramos con que se imputa no sólo a la autoridad o funcionario que ha dictado el acto sino también a todos aquellos empleados públicos que hayan tenido algún tipo de participación en el expediente objeto de investigación. Se entiende, generalmente, que han sido cooperadores necesarios. Y en estos casos en los que el imputado no ha tenido realmente una conducta dolosa ni ha sido consciente de que su implicación formaba parte de un plan delictivo, nos encontramos, sin embargo, con juzgados reacios a desimputar y archivar la causa con relación a estas personas. Si bien, en los tiempos que corren, debería cobrar especial importancia la doctrina fijada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia 30 de julio de 2014. Y ello porque estar hoy imputado en un proceso penal parece más un estigma social que una garantía para que la persona pueda defender sus legítimos intereses.

Como tiene establecido reiterada jurisprudencia –que actualmente parece obviarse por muchos juzgados de instrucción- el art. 404 CP no sanciona la mera ilegalidad sino la arbitrariedad. En este sentido, como señala la STS de 23 enero de 2014 la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, del principio de legalidad como fundamento básico de un estado social y democrático de derecho frente a ilegalidades severas y dolosas. Es decir, no cabe la prevaricación administrativa imprudente y no cabe la prevaricación en cuestiones de mera legalidad ordinaria. Además,

19 Mayo, 2015

Los informes preceptivos deben constar por escrito

En estos términos se pronunció la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 15 de diciembre de 2011, inadmitiendo el recurso contencioso planteado por un municipio, por falta de capacidad procesal o legitimación “ad procesum” conforme a lo dispuesto en los artículos 69, b) y 45.2 d) de la LJCA. La inadmision se produjo por la falta de cumplimentación de los requisitos previos necesarios para interponer el recurso y, concretamente, la falta del informe previo del secretario a la que alude el articulo 54,3 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local.  Esta sentencia ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo en la STS (Sala C-A, Sección 3ª) de 13 de marzo de 2015, tras el correspondiente recurso de casación

Con relación a lo anterior, hemos de hacer una precisión terminológica para evitar confusiones. Una cosa es la constancia de un informe y su contenido -dando cuenta de él las distintas actuaciones y documentos que obran en el expediente- y otra cosa es la forma que adopte el informe inicialmente. Así, si el informe se emite por escrito, obra en el expediente de manera directa y explícita. Sin embargo, si el informe se emite verbalmente solo quedará constancia de su contenido, argumentos y conclusiones, si se traslada a la resolución que se dicte en el expediente en cuestión o en el acta de la sesión del órgano colegiado que recibió el informe verbal.

6 Mayo, 2015

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (y II): La base imponible.

Como ya indicábamos en la entrada anterior del blog (El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (I): El hecho imponible), la cuestión problemática que se está suscitando sobre la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU) se trataría en una nueva entrada, aún cuando está relacionada estrechamente con el hecho imponible del impuesto.

Así, mientras en la otra entrada se planteaba si se había llevado a cabo la realización del hecho imponible del IIVTNU cuando el precio de transmisión del inmueble era inferior al precio de adquisición del mismo en su momento, en la presente entrada se tratará de determinar cual es la fórmula legal establecida en la norma para cuantificar el incremento de valor de los terrenos, es decir, para determinar la base imponible del impuesto.

30 Abril, 2015

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (I): El hecho imponible.

En los últimos meses, se está abriendo un interesantísimo debate en relación al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU), la conocida como “plusvalía municipal”, que en los años del llamado “boom inmobiliario” ni siquiera se planteaba, dada la enorme diferencia que existía entre los precios de adquisición y de transmisión de los terrenos.

En la actualidad, con la explosión de la burbuja y la transmisión de los terrenos, en algunos casos por ejecuciones judiciales, resulta que el inmueble se transmite, en muchas ocasiones, por un precio muy inferior al precio de adquisición del mismo. En estos supuestos surge la impugnación por parte del sujeto pasivo de la liquidación del IIVTNU que realiza el ayuntamiento correspondiente, al entender que no se ha producido el hecho imponible del impuesto.