11 Enero, 2016

Tasa o precio privado en el servicio de agua (II): ¿fin del debate?

Esta entrada del blog es continuación de la anterior entrada Tasa o precio privado en el servicio de agua: vuelta al debate, en la que se trataba la clasificación de la contraprestación del servicio de abastecimiento de agua potable como tasa o precio público, tras la supresión del segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, tras la reforma de esta última llevada a cabo por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Informe de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) del 26 de julio de 2011.

Este informe de la DGT volvía abrir el debate sobre la naturaleza jurídica que tiene la contraprestación económica que se realiza por la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado; concluyéndose que si un ente local gestiona directamente y de manera indiferenciada el servicio, debe exigirse a los usuarios una tasa. Si por el contrario esos servicios se gestionan a través de una sociedad privada municipal, o una empresa privada con un contrato administrativo de gestión de servicio, las contraprestaciones económicas a percibir dejan la esfera de los ingresos de derecho público y se convierten en ingresos de derecho privado, y por tanto tales contraprestaciones, dice literalmente la DGT, se pueden reconducir al ámbito de los precios privados.

9 Noviembre, 2015

¿Son realmente públicas las sentencias?

“Cualesquiera otros beneficios que la garantía de un juicio público pueda conferir a la sociedad, esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial” [Corte Suprema de EE.UU. en In re Oliver 333 U.S. 257 (1948)]

Está de moda la transparencia. Está de moda el acceso a expedientes administrativos. Y está de moda el acceso a la información que tiene que ver con el control de la actividad de quienes ostentan responsabilidades en el poder ejecutivo y el legislativo, pero ¿qué pasa con el judicial? Nuestra Constitución en su artículo 120 recoge claramente que las actuaciones judiciales serán públicas y que las sentencias se pronunciarán en audiencia pública. De hecho, al final de cada sentencia que se nos notifica se dice expresamente que ha sido leída en audiencia pública, de lo que da fe el secretario judicial -ahora letrado de la administración de justicia-. Sabemos que el hecho de decir leída en audiencia pública es una falsedad en la mayoría de los casos y no le damos, indebidamente, importancia alguna pero ¿son realmente públicas las sentencias? La respuesta no es sencilla.

13 Octubre, 2015

Aspectos a valorar en las reclamaciones por desequilibrio económico en los servicios municipales

Tal y como indica recientemente en su blog -Lawlab- Miguel Ángel Pérez de la Manga, al tratar el tema de la “La utilidad y el precio en los servicios jurídicos”, el verdadero factor de la determinación del precio (de los servicios jurídicos) viene dado por la utilidad subjetiva, es decir, lo que el receptor del servicio valora y la ganancia que le genera (o pérdida evitada).

Es claro que la valoración del servicio por parte del cliente es claramente subjetiva, de forma que un servicio prestado en igualdad de condiciones a distintos clientes puede ser percibido y valorado de forma muy diferente: mientras uno quedará muy satisfecho en cuanto a la calidad y forma en que se lleva a cabo un servicio profesional, es posible que otro cliente no valore ni aprecie lo que, objetivamente, puede ser un servicio jurídico valioso o, incluso, excelente.

1 Octubre, 2015

Dictamen del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público

El Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público continúa su tramitación, habiéndose emitido ya el preceptivo Dictamen del Consejo Económico y Social en relación con esta nueva norma, que dará lugar a la trasposición al ordenamiento jurídico español de dos de las tres Directivas publicadas el 28 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Unión Europea: la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre contratación pública.

En cualquier caso, la nueva Ley de Contratos del Sector Público no estará en vigor en la fecha en debería haberse efectuado la trasposición de las Directivas comunitarias -abril de 2016, por lo que, desde esa fecha, y hasta que tenga lugar la entrada en vigor de la nueva Ley, convivirá la aplicación del vigente TRLCSP con las previsiones de las Directivas comunitarias que resulten de directa aplicación.

22 Septiembre, 2015

La segunda recuperación de la paga extra y los nuevos anticipos de financiación a municipios

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de septiembre aparece publicado el último Real Decreto-ley sobre medidas para estimular la economía, se trata del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

La citada norma se ha estructurado en tres capítulos. El primero de ellos contiene los artículos relacionados con el empleo público, cobrando especial protagonismo los referidos a la regulación para la recuperación de una nueva parte de la paga extra dejada de percibir en el sector público en diciembre de 2012 y los días de permisos por asuntos propios. Además en este primer capítulo se contempla una reforma de calado en el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, consistente en que los Secretarios-Interventores deberían acumular también las funciones propias de la tesorería municipal en sus ayuntamientos. Al parecer la reforma ha sido por sorpresa y sin previo consenso con el gremio afectado al comprobar el comunicado emitido al respecto desde COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local).