16 mayo, 2010

La conocida ineficacia de los convenios y acuerdos contrarios a las leyes

La semana pasada conocimos la sentencia número 0047/2010, de 10/05/2010, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que ha resuelto el conflicto colectivo interpuesto por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Ministerio de Fomento, en el que también ha sido parte el Ministerio Fiscal. Aunque la realidad aeroportuaria y la navegación aérea queda muy lejos de nuestra realidad municipal, lo cierto es que leyendo la sentencia, en términos estrictamente legales, se encuentra un mimetismo jurídico muy importante, cualitativamente, entre la situación de los controladores y la de algunos colectivos de la administración municipal. Me estoy refiriendo por una parte, al desbordamiento legal de muchos acuerdos y convenios que tienen suscritos muchos ayuntamientos, y la exigibilidad de su cumplimiento contraviniendo normas de derecho necesario, que no son disponibles en las mesas de negociación de las casas consistoriales. Por otro, al descaro con el que se acuerdan y se aplican jornadas inferiores a las fijadas anualmente (1647 horas en computo anual), para luego, bajo distintas denominaciones, hacer servicios extraordinarios que se cobran a unas cantidades muy superiores a la jornada ordinaria.

Ambas cuestiones son tratadas de manera muy contundente en la sentencia de la Audiencia, poniendo de manifiesto su ilegalidad. Señala que “el Convenio Colectivo es una norma que sólo tiene fuerza vinculante y despliega su eficacia en el campo de juego que la Ley señala. Por esa razón, la jurisprudencia, por todas, sentencia Sala 3ª TS 21-03-2002, EDJ 2002/4046, estudiando la incidencia de las leyes en los acuerdos colectivos, alcanzados con anterioridad a la vigencia de la ley, ha defendido que la Administración no está vinculada a los convenios suscritos, que contradigan la ley, porque no existe ningún límite legal a la ordenación del gasto, ya que la Ley de Presupuestos es una verdadera ley, superior jerárquicamente al acuerdo, donde se fija la cuantía de las retribuciones de los funcionarios en el ejercicio de la potestad legislativa. Dicha jurisprudencia se comparte por la jurisprudencia social, que la ha extendido también a las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, habiéndose mantenido así en STS 18-01-2000.

9 mayo, 2010

El derecho de cualquier persona capacitada a participar en los procesos de adjudicación de los contratos negociados sin publicidad

Hasta ahora, cuando una administración autoriza un contrato de esta naturaleza, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Contratos del Sector Público, basta con que el órgano de contratación solicite oferta a tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siempre que ello sea posible. La práctica ha convertido este tipo de procedimientos en una relación bilateral, administración-contratista, totalmente opaca para cualquier otra empresa que no sea alguna de las que hubiera contactado con los gestores públicos; generalmente por falta de información de estos procesos en el sector empresarial correspondiente. A veces es el propio elegido el que se encarga de facilitar de alguna manera que se complete el expediente, procurando que concurran o que se invite a otras dos personas a su conveniencia, asegurándose así no tener sobresaltos en su contratación.

Todo esto supone en la práctica que hay una discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, para cursar las invitaciones y que en el mejor de los casos si alguien tiene conocimiento de que se están produciendo estas invitaciones, si no es invitado, no puede hacer nada para participar, solo contemplar como siempre se invita a otros. Pues bien, sobre esta práctica ha venido a pronunciarse la Junta Consultiva de Contratación para señalar que cualquier empresa capacitada ha de ser invitada si así lo solicita y que aunque no haya sido invitada, puede participar si se entera a tiempo para concurrir. Todo ello viene recogido en el reciente Informe 33/09, de 1 de febrero de 2010. «Participación en un procedimiento negociado sin publicidad», el cual trata esta cuestión y viene a proscribir esta práctica.

16 abril, 2010

¿Cómo van a pagar sus deudas los ayuntamientos?

Últimamente, la pregunta más recurrente que me hacen mis clientes, los alcaldes, es ¿Qué hacer para nivelar los ingresos y los gastos? ¿Sabes qué medidas piensa adoptar el Gobierno para salvar esta situación? ¿Qué están haciendo en los demás sitios para equilibrar el presupuesto? Sin embargo, la pregunta así formulada no es correcta. La pregunta correcta es ¿Cómo vamos a poder estabilizar las cuentas y además poder pagar la deuda que tenemos atrasada con nuestros proveedores y contratistas? Porque aunque fuéramos capaces de aplicar una disciplina terrible en el gasto hasta poner en riesgo los servicios básicos y aumentáramos los tributos, a pesar de los malos tiempos que corren, hasta colocarnos en signos positivos, lo único que conseguiremos, (y no es poco) es no incrementar el agujero financiero, pero desde luego no vamos a generar excedentes de tesorería, a corto plazo, capaces de hacer frente a las deudas no financieras vencidas. La deuda financiera de los Ayuntamientos se sitúa por encima de los 30.000 millones de euros, pero la deuda no financiera es mayor.

De manera que a estas alturas de la crisis que padecemos, el anuncio de una inminente ley del gobierno local que clarifique bien lo que deben de hacer los ayuntamientos, está muy bien. Y mejor todavía otra ley que acompañe a la anterior, diciendo como se financia y se paga lo que hagan los ayuntamientos. Bienvenida sea la moción que aprobó ayer, por amplia mayoría, el Congreso, para que antes de que finalice el actual período de sesiones, se presente el Proyecto de la nueva Ley de Financiación Local conjuntamente con el nuevo Proyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local.

15 abril, 2010

La revisión de precios en los contratos administrativos como técnica de preservación del equilibrio económico del contrato

La técnica o mecanismo de la revisión del precio de los contratos administrativos surge ante la evidencia y constación de la realidad histórica de la inflación económica española, que se repite año tras año, lo que lleva al legislador a remediar esta situación mediante el establecimiento de fórmulas de revisión del contrato. Ahora bien, ¿puede este mecanismo resarcitorio del contratista ir en detrimento del mismo y del equilbrio económico perfeccionado a la firma del contrato?

11 abril, 2010

Viejas ideas para la "nueva" crisis

Revolviendo papeles me he encontrado con unas carpetas de documentos de hace mas de veinticinco años, cuando empecé mi andadura en esto de los gobiernos locales. Todos tenemos la sensación de que nuestras vivencias son únicas, que la crisis actual es apocalíptica y que los gobiernos que se enfrentan a la escasez actual no pueden encontrar referente alguno. Pues bien, entre estos viejos papeles me he encontrado con algunos que han llamado mi atención por su rabiosa actualidad después de treinta años de ser concebidos.

El ayuntamiento de Cincinatti estaba abocado en 1976 al déficit presupuestario. Realizo un referéndum proponiendo un aumento de impuestos, y a pesar de la opinión favorable de las entidades ciudadanas, el resultado fue desfavorable. Para conseguir reducir gastos, constituyo un comité especifico, que inicio una política de reducción de gastos.