21 octubre, 2010

Las televisiones locales y la legislacion autonómica

Además de aquellos servicios públicos que los Ayuntamientos vienen obligados a prestar en atención a su población, porque así lo determina el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), hay otra serie de servicios y actividades que las Corporaciones Locales han ido asumiendo al amparo de la cláusula genérica contenida en el artículo 25 de la citada Ley de Bases: “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Dentro de esta última categoría se encuentra el servicio de televisión local, al que la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atribuía ya la naturaleza de servicio público, determinando la posibilidad de su gestión por los municipios mediante alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 de la LBRL.

Posteriormente, y al amparo de las previsiones contenidas en la misma Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, se aprobó el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local, que organizaba en demarcaciones territoriales a los distintos municipios que hubieran manifestado su voluntad de disponer y de gestionar, en un futuro, un canal de televisión local con tecnología digital

15 octubre, 2010

Las compañías de telefonía móvil y las ordenanzas reguladoras de la tasa por ocupación del dominio público

En los últimos años, una de las cuestiones que más litigiosidad  ha generado en los ayuntamientos ha sido la tributación de las compañías de telefonía móvil. Sistemáticamente, todas las compañías como Movistar, Vodafone y Orange, han recurrido por vía directa  las ordenanzas que los ayuntamientos han ido aprobando para regular el cobro de la tasa por la ocupación del dominio público local. En estas impugnaciones, en vía jurisdiccional, se ha discutido, unas veces con argumentos y otras sin ellos, prácticamente todo. Desde la sujeción de las compañías al tributo, el hecho imponible, la cuantificación de la cuota y otros aspectos como por ejemplo la supuesta doble tributación.

Los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia ya son muy abundantes, aunque en su mayoría quedan pendientes los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. De estas resoluciones judiciales, al día de la fecha, se pueden extraer una serie de   conclusiones que básicamente están contenidas en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número 774, de 16 de Julio de 2010, y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de 2009, dictada en el recurso de casación  numero 5082/2005. Las traemos a colación porque en este mes de octubre, muchos ayuntamientos  están modificando sus ordenanzas y sabiendo de antemano que van a ser objeto de impugnación, hemos querido señalar en este artículo las cuestiones más significativas a tener en cuenta al respecto.

13 octubre, 2010

La tasa de reposición de efectivos en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2011

El Pasado dos de octubre el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. En él se contienen, no solo la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que puede realizar el Estado y los Entes a el vinculados, sino que también contiene normas de carácter temporal, relativas a materias o cuestiones que guardan relación con las previsiones de ingresos, (regulación impositiva aplicable al ejercicio, por ejemplo) y con las habilitaciones de gasto, (normas de desarrollo en materia de gestión del gasto público, entre otras) o con los criterios de política económica general que son complemento necesario para la interpretación y ejecución de los presupuestos que se pretenden aprobar.

En este ámbito, el Título III de esta Ley  se rubrica como “De los gastos de personal”, estructurándose en tres capítulos: en el primero de ellos  (artículos 22 y 23)  se define que  las Corporaciones Locales y los Organismos de ellas dependientes constituyen el Sector Público Estatal (art. 22.1.c), y se establece que, con carácter general, no habrá incremento de las retribuciones de este personal en 2011, con respecto  a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, es decir, que las retribuciones se congelan en los términos fijados en el Real Decreto-Ley  8/2010 de 20 de mayo. Con una novedad, las retribuciones básicas de las pagas extra de junio y diciembre, siendo menores que las de un mes normal, tienen un mínimo incremento en relación a la fijada para el mes de diciembre de 2010, por el mencionado Real Decreto-Ley, con la consiguiente problemática en el cálculo del capítulo I del presupuesto de nuestros Entes Locales, para el ejercicio 2011.

4 octubre, 2010

El proyecto de presupuestos deja sin efecto las medidas previstas para el pago a proveedores

Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no se ponen en marcha.

Albert Einstein. Mis ideas y opiniones. 1921

27 septiembre, 2010

La modificacion de la Ley de Contratos, realizada por la Ley 34/2010, es una amenaza para la autonomia local

La modificación que se ha llevado a cabo este verano de la Ley de Contratos, mediante la Ley 34/2010, de 5 de Agosto, entre otras novedades, ha venido a añadirle un Libro VI, con diez artículos, del 310 al 320, para regular el “régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos”. El título sobrepasa el contenido real ya que estos nuevos artículos pretenden conseguir un cuerpo normativo de este recurso administrativo, incluyendo el tribunal u órgano especial independiente que ha de resolverlo, pero nada se regula acerca de esos otros medios alternativos de la resolución de conflictos que se dan en la contratación. Es un pequeño detalle del cúmulo de imprecisiones, confusiones y en definitiva, mala técnica legislativa que pone de manifiesto esta modificación.

Según se señala en el propio preámbulo de la Ley, la modificación tiene como objetivo primordial hacer efectivas las resoluciones que se dicten en los recursos que se interpongan, y que estas resoluciones sean adoptadas por órganos independientes de quien resolvió o tramitó el procedimiento objeto de recurso, trasladando de este modo, a nuestro ordenamiento Directivas Comunitarias. En la administración municipal, por su propia configuración, normalmente los órganos con competencia para resolver, tienen también competencia para entender de los recursos que se presenten contra su actuación, agotando de esta manera la vía administrativa. Naturalmente esta actuación está dotada de ejecutividad y de la presunción de legalidad, siendo revisable únicamente en vía jurisdiccional, que puede suspenderla cautelarmente o incluso, llegar a anularla.