19 julio, 2010

Confianza legitima de los administrados y legalidad de la administración

En la relación de la Administración Pública con los particulares y empresas tienen más importancia de la que a veces se les otorga los signos o actos externos que produce la Administración, y que resultan lo suficientemente concluyentes para inducir al administrado a realizar u omitir una actividad que puede repercutir en su esfera patrimonial o, en general, en su situación jurídica individualizada.

Esta convicción que la Administración es capaz de producir en sus relaciones con los ciudadanos –a veces, aunque no necesariamente, plasmada en actos expresos-, tiene un claro reflejo legal y jurisprudencial a través de los denominados principios de confianza legítima y buena fe. En este sentido, la propia Ley 30/1992, de 16 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 3º, tras señala que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y ha de actuar con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, determina que, igualmente, ha de respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima:

13 julio, 2010

Nuevas acciones legales de los contratistas frente al impago de la Administración

Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que, según establece en su Disposición Final Única, se encuentra en vigor desde el día siguiente a su publicación.

Según se señala en el Preámbulo, esta nueva norma pretende corregir el aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que derivan de la “crisis económica”. En este sentido, cualquier medida que pueda reducir los actuales plazos de pago del sector público resulta bienvenida si con la misma se consigue evitar los efectos que esta demora está produciendo no sólo en pequeños y medianos empresarios, como señala el Preámbulo, sino incluso en empresas con mayor potencial económico-financiero.

12 julio, 2010

Las nuevas medidas contra la morosidad

En el BOE nº 163 de 6 de julio de 2010 ha aparecido publicada la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A través de esa Ley, que ahora se ha modificado, se regulan los plazos de pago en las contraprestaciones de las operaciones comerciales realizadas entre empresas,  las realizadas entre empresas y la Administración, así como aquellas operaciones de pago que se realicen entre los contratistas principales y sus proveedores o subcontratistas. La modificación efectuada se aplicará a los contratos que se celebren con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor  (el día 7 de julio de 2010).

5 julio, 2010

La responsabilidad penal de las sociedades municipales

El pasado 23 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Entre las modificaciones que comprende, sin duda, la más llamativa es la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador ha excluido de la responsabilidad penal a las “Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”. Estas sociedades son entes con personalidad propia constituídas por la propia Administración para el logro de sus propios fines. Esta nota caracteristica es atribuible tambien a la sociedades mercantiles de la Administracion Local, sin embargo a estas no se les excluye de la responsabilidad penal.

25 junio, 2010

La reforma laboral en los ayuntamientos

Todos tenemos una ideología y, por tanto, una visión determinada del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Para algunos es una norma insignificante y despreciable y, para otros, algo abominable y agresivo. Sin embargo, no debemos olvidar nuestra condición de operadores jurídicos “casi objetivos” antes de avanzar en el análisis de esta “Reforma Laboral” y su implicación en la Administración Local.

Podríamos comenzar hablando de la relación de esta norma con el concepto de fracaso para explicar las causas de su nacimiento. Es obvia para todos la situación de fracaso de un mercado laboral actual que destruye más puestos de los que es capaz de generar, cuestión distinta es la de determinar si esa destrucción es culpa del mercado laboral o de la situación económica actual. En este sentido, hay que recordar que hace unos años con las mismas normas laborales tocábamos con los dedos el sueño del pleno empleo y, claro, es que la situación económica era diferente. Algunos hablan de fracaso en la negociación de los agentes sociales, algo que a mi juicio sería más bien discutible. Es cierto que los agentes sociales no han concluido un acuerdo deseable, pero es que en ellos no reside la potestad legislativa. Tan larga era la época de entendimiento (y tan cómoda para un legislador al que le daban las normas precocinadas) que habíamos olvidado quién era el verdadero legislador. Con este Decreto-ley es el legislador (bueno, el Gobierno convertido en legislador) quien está ejerciendo sus obligaciones. El verdadero fracaso de nuestro mercado laboral no son las cuestiones anteriores sino otras muy bien distintas, el de las normas que realmente no se cumplen. Es el fracaso de unas normas sociales que, una y otra vez, reiteran la marginalidad de los contratos temporales cuando la realidad a pie de calle (y también de Ayuntamiento) es bien distinta. Es el fracaso de normas que hablan de que en épocas de crisis las empresas y, ¿por qué no los Ayuntamientos?, pueden prescindir de sus empleados con indemnizaciones de veinte días cuando los jueces nos demuestran sentencia a sentencia que estamos bien equivocados. Es el fracaso de normas que pretenden la flexibilidad de la movilidad geográfica y funcional en el empleo pero acaba siendo bien distinto. Es el fracaso de normas que dicen ayudar a las empresas y, ¿por qué no los Ayuntamientos?, a ajustar los salarios al rendimiento pero todo queda en palabras que se lleva el viento. Estos son los verdaderos temas que afronta la Reforma Laboral en materia de contratación y no otros de los que se hablan en los foros.