13 septiembre, 2010

Los tribunales empiezan a poner multas a los alcaldes que no pagan

A finales de julio pasado, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Sevilla ha dictado un auto resolviendo un incidente de ejecución de sentencia recaída en un recurso que data, su interposicion, del año 2000. El auto trae causa en el fallo que reconoce el derecho a que se le abonen unas cantidades a  la mercantil recurrente. La Sala, “visto el tiempo transcurrido”, (ahora hace justo un año que se dicto la sentencia), entiende que ya no caben “alegaciones dilatorias”, pues  según se ha acreditado, el ayuntamiento ha aprobado los presupuestos y operaciones de crédito, sin que el pago objeto de la condena cuya ejecución se insta, haya sido merecedor de consideración alguna. No haremos ningun comentario sobre  los nueve años que el resurso ha estado en sede jurisdiccional previamente a ser resuelto.

El auto que comentamos tiene tres pronunciamientos:

8 septiembre, 2010

Las novedades introducidas por la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público realizada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto

Mañana entra en vigor la Ley 34/2010, de 5 de agosto (BOE de 9-08-10), de modificación, entre otras, de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), introduciendo importantes novedades respecto a la regulación anterior.

El motivo de la reforma ha sido la aprobación de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, que tiene como principal finalidad mejorar la eficacia de los procedimientos de tramitación de los recursos en materia de contratación así como luchar contra la adjudicación directa ilegal, calificada por el Tribunal Europeo como la infracción más importante del derecho comunitario en materia de contratos públicos.

3 septiembre, 2010

A propósito de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana

Desde mediados del pasado mes de agosto, unos 188.000 empleados públicos que prestan sus servicios en el ámbito de la Comunidad Valenciana han visto modificado su actual régimen normativo, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que fue publicada el pasado 14 de julio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (nº 6310).

22 julio, 2010

Politicos y tecnocracia política

Recuerdo que a finales de los años ochenta cuando hablabas con los políticos locales y regionales, todos tenían muy claro lo que tenían que hacer. No solamente no preguntaban a nadie sobre lo que se debía hacer sino que cuando les decían o les sugerían al respecto, tampoco escuchaban. Entre aquella clase politica, los más modernos, con la amenaza de que los cementerios están llenos de gente imprescindible que lleva razón, apuntaban hacia  maneras más empíricas de hacer politica.  Orientaban hacia prácticas más próximas a la gente, preguntando por sus necesidades y sus aspiraciones. Proponían la realización de encuestas para ver qué quería la gente y actuar en consecuencia. Es verdad que por aquellos tiempos, no había que leer muchos tratados sobre las necesidades, ni preguntar mucho para saber lo que había que hacer. Eran tales las carencias de infraestructuras y de servicios en las ciudades que no había tiempo que perder para salir adelante.

Poco a poco las ciudades se fueron dotando y las carencias aparentes fueron desapareciendo, de la misma manera que la estrategia se fue convirtiendo por lo general, en hacer aquello que la gente iba pidiendo. Se trataba de sacrificar el modelo de futuro que cada gobernante tenía en su cabeza por temor a no salvar el presente. Para ser el actor principal de la ciudad futura había que estar en el poder, si se producía un desapego del electorado y se perdía el gobierno, los protagonistas principales serían otros.

19 julio, 2010

Confianza legitima de los administrados y legalidad de la administración

En la relación de la Administración Pública con los particulares y empresas tienen más importancia de la que a veces se les otorga los signos o actos externos que produce la Administración, y que resultan lo suficientemente concluyentes para inducir al administrado a realizar u omitir una actividad que puede repercutir en su esfera patrimonial o, en general, en su situación jurídica individualizada.

Esta convicción que la Administración es capaz de producir en sus relaciones con los ciudadanos –a veces, aunque no necesariamente, plasmada en actos expresos-, tiene un claro reflejo legal y jurisprudencial a través de los denominados principios de confianza legítima y buena fe. En este sentido, la propia Ley 30/1992, de 16 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 3º, tras señala que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y ha de actuar con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, determina que, igualmente, ha de respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima: