1 junio, 2010

Los alcaldes en el último año de mandato

Justamente dentro de un año, por estas fechas, los alcaldes que ahora están en sus despachos, seguirán estando, pero para entonces ya estarán en funciones, esperando la constitución de las nuevas corporaciones salidas de las urnas. Estar en funciones es una manera eufemística que se utiliza en la administración para referirse a los cargos públicos que están de “cuerpo presente”: ese trance en el que el poder ya se le ha evaporado a la persona que lo ejercía y solo le queda administrar lo ordinario y firmar papeles de trámite. Obviamente, aquellos que hayan vuelto a ser candidatos y hayan ganado, tendrán energías renovadas para afrontar los importantes cambios que tendrán que acometerse en el próximo mandato.

Hasta que llegue ese tiempo, los alcaldes se enfrentan a uno de los periodos más difíciles de los treinta últimos años de ayuntamientos democráticos. Hubo tiempos difíciles pero la gente no había conocido otros mejores. Ahora se trata de que no se puede mantener lo que hay, y eso requiere un replanteamiento de prioridades y una reconsideración en profundidad de la asignación de los recursos disponibles. En definitiva, nuevas estrategias y nuevos impulsos. Como ha señalado Claudio Magris, nunca el mundo ha estado más necesitado de política que ahora. Pero con un horizonte electoral a la vuelta de la esquina, difícilmente se van a acometer estrategias orientadas al medio y largo plazo que supongan más sacrificios a una ciudadanía ya bastante azotada por el rigor que exigen estos tiempos. Lo más natural es que, el que mas y el que menos, alcaldes de uno u otro signo o partido, intenten sortear la tempestad durante este año hasta las elecciones, con la mirada puesta en la coyuntura del día a día, y a ver qué pasa. Al fin y al cabo, unos meses se pasan como sea, pagando la nomina y poco mas; y después de las elecciones ya se tomaran decisiones.

27 mayo, 2010

El proyecto de modificacion de la ley de contratos y la nueva regulacion del recurso especial

El Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar, entre otras cuestiones, la exigencia impuesta por la normativa Comunitaria, de que los recursos especiales en materia de contratación sean resueltos por un “órgano independiente” plantea, al menos, dos cuestiones que son analizadas en el presente comentario: la atribución de esta facultad de revisión de actos administrativos a un órgano que no tiene naturaleza jurisdiccional; y posición en la que queda la autonomía local como consecuencia de la “opción” que se reconoce a las Corporaciones Locales de decidir si los recursos que se planteen frente a sus actos serán resueltos por la Administración del Estado o la Administración Autonómica

25 mayo, 2010

Las leyes y su aplicación, a propósito de la determinación de la base imponible del ICIO en huertos solares y parques eólicos

Con el horizonte de la nueva financiación local por delante, se plantea qué fuentes de riqueza gravar, las que configuran el modelo actual u otras. Analizando algunos ejemplos llegamos a la conclusión de que importa la configuración del modelo, pero importa más si cabe la forma en que se va a integrar el ordenamiento con los pronunciamientos de los tribunales. El ICIO es un claro ejemplo de lo que queremos decir.

La ley reguladora de las haciendas locales configuro este impuesto en tan solo 4 artículos (arts. 100 a 103) y la única referencia al cálculo de la base imponible se contiene en el párrafo primero del artículo 102, que señala que la base imponible del impuesto viene constituida por “el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra”. La intención del legislador estaba clara, tanto en lo que pretendía gravar como en cuales eran los parámetros para determinar el cuánto. Sin embargo, desde un primer momento, los tribunales se mostraron reacios a integrar la base imponible con “el coste real y efectivo” y permitieron excluir determinadas partidas, aunque supusieran un coste para el promotor. Fue por ello que este precepto ha sido objeto de dos importantes modificaciones normativas, la primera operada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, que excluyó de la base imponible el IVA y demás impuestos; la segunda, por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que además de excluir otros conceptos, concretó el coste real y efectivo de la obra con el coste de ejecución material de la misma. Creyó el legislador que con esto terminaría por hacer que se cumpliera su voluntad.

19 mayo, 2010

A vueltas con el disfrute del crédito sindical

El disfrute del crédito horario por parte de los Delegados Sindicales en la Administración Local tiene obviamente una doble regulación que parte de un tronco común. La Ley Orgánica de Libertad Sindical posibilita en su artículo 10.3 el disfrute de permisos a los Delgados Sindicales en los mismos términos que los representantes del personal público. Es por ello que acudiendo a los artículos 37.3.e) del Estatuto de los Trabajadores y 48.1.c) del Estatuto del Empleado Público los representantes sindicales de trabajadores y funcionarios pueden disfrutar de crédito horario mensual destinado a la realización de tareas sindicales.

En el día a día de los Ayuntamientos solemos encontrar una problemática casuística muy amplia, aunque hoy nos centraremos en dos cuestiones que ocasionan acaloradas disputas. ¿Pueden entrar y salir libremente los sindicalistas de la Casa Consistorial con cargo al crédito sindical? Obviamente, las cosas no son tan sencillas, pero mojándonos un poco diremos que NO.

16 mayo, 2010

La conocida ineficacia de los convenios y acuerdos contrarios a las leyes

La semana pasada conocimos la sentencia número 0047/2010, de 10/05/2010, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que ha resuelto el conflicto colectivo interpuesto por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Ministerio de Fomento, en el que también ha sido parte el Ministerio Fiscal. Aunque la realidad aeroportuaria y la navegación aérea queda muy lejos de nuestra realidad municipal, lo cierto es que leyendo la sentencia, en términos estrictamente legales, se encuentra un mimetismo jurídico muy importante, cualitativamente, entre la situación de los controladores y la de algunos colectivos de la administración municipal. Me estoy refiriendo por una parte, al desbordamiento legal de muchos acuerdos y convenios que tienen suscritos muchos ayuntamientos, y la exigibilidad de su cumplimiento contraviniendo normas de derecho necesario, que no son disponibles en las mesas de negociación de las casas consistoriales. Por otro, al descaro con el que se acuerdan y se aplican jornadas inferiores a las fijadas anualmente (1647 horas en computo anual), para luego, bajo distintas denominaciones, hacer servicios extraordinarios que se cobran a unas cantidades muy superiores a la jornada ordinaria.

Ambas cuestiones son tratadas de manera muy contundente en la sentencia de la Audiencia, poniendo de manifiesto su ilegalidad. Señala que “el Convenio Colectivo es una norma que sólo tiene fuerza vinculante y despliega su eficacia en el campo de juego que la Ley señala. Por esa razón, la jurisprudencia, por todas, sentencia Sala 3ª TS 21-03-2002, EDJ 2002/4046, estudiando la incidencia de las leyes en los acuerdos colectivos, alcanzados con anterioridad a la vigencia de la ley, ha defendido que la Administración no está vinculada a los convenios suscritos, que contradigan la ley, porque no existe ningún límite legal a la ordenación del gasto, ya que la Ley de Presupuestos es una verdadera ley, superior jerárquicamente al acuerdo, donde se fija la cuantía de las retribuciones de los funcionarios en el ejercicio de la potestad legislativa. Dicha jurisprudencia se comparte por la jurisprudencia social, que la ha extendido también a las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, habiéndose mantenido así en STS 18-01-2000.