14 junio, 2010

Las vacaciones de los funcionarios en situación de incapacidad temporal

¿Puede el personal funcionario de carrera disfrutar sus vacaciones después del 15 de enero del año siguiente cuando ha estado impedido por una situación de incapacidad temporal? La reciente Sentencia del Juzgado de lo contenicioso-administrativo nº 8 de Murcia ha denegado la pretensión que se formulaba en este sentido por un empleado público municipal, aduciendo la inaplicación de la doctrina jurisprudencial dictada en el ámbito social, y ratificando la plena aplicación en nuestro sistema de función pública de la Resolución de la Secretaría General para Administración Pública de 20 de diciembre de 2005.

7 junio, 2010

La subida del IVA y su incidencia en la ejecución de los contratos

A las puertas de la entrada en vigor del incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) prevista para el próximo 1 de julio, en donde el tipo impositivo general pasará del 16 % actual al 18 %, y el tipo impositivo reducido se incrementará del 7 % al 8 %, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 79, apartado uno, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la Dirección General de Tributos (DGT) ha procedido a emitir una serie de consultas para aclarar y arrojar luz sobre los efectos que dicha variación legal provocará en el devengo del IVA de determinadas operaciones sujetas y no exentas.

El IVA es uno de los principales impuestos que recae sobre el consumo y que afecta de una manera muy importante a la economía de los Ayuntamientos, toda vez que en la gran mayoría de las ocasiones este impuesto no es deducible para ellos y por tanto dichas entidades soportan las cantidades del IVA como un mayor coste de las contraprestaciones recibidas.

1 junio, 2010

Los alcaldes en el último año de mandato

Justamente dentro de un año, por estas fechas, los alcaldes que ahora están en sus despachos, seguirán estando, pero para entonces ya estarán en funciones, esperando la constitución de las nuevas corporaciones salidas de las urnas. Estar en funciones es una manera eufemística que se utiliza en la administración para referirse a los cargos públicos que están de “cuerpo presente”: ese trance en el que el poder ya se le ha evaporado a la persona que lo ejercía y solo le queda administrar lo ordinario y firmar papeles de trámite. Obviamente, aquellos que hayan vuelto a ser candidatos y hayan ganado, tendrán energías renovadas para afrontar los importantes cambios que tendrán que acometerse en el próximo mandato.

Hasta que llegue ese tiempo, los alcaldes se enfrentan a uno de los periodos más difíciles de los treinta últimos años de ayuntamientos democráticos. Hubo tiempos difíciles pero la gente no había conocido otros mejores. Ahora se trata de que no se puede mantener lo que hay, y eso requiere un replanteamiento de prioridades y una reconsideración en profundidad de la asignación de los recursos disponibles. En definitiva, nuevas estrategias y nuevos impulsos. Como ha señalado Claudio Magris, nunca el mundo ha estado más necesitado de política que ahora. Pero con un horizonte electoral a la vuelta de la esquina, difícilmente se van a acometer estrategias orientadas al medio y largo plazo que supongan más sacrificios a una ciudadanía ya bastante azotada por el rigor que exigen estos tiempos. Lo más natural es que, el que mas y el que menos, alcaldes de uno u otro signo o partido, intenten sortear la tempestad durante este año hasta las elecciones, con la mirada puesta en la coyuntura del día a día, y a ver qué pasa. Al fin y al cabo, unos meses se pasan como sea, pagando la nomina y poco mas; y después de las elecciones ya se tomaran decisiones.

27 mayo, 2010

El proyecto de modificacion de la ley de contratos y la nueva regulacion del recurso especial

El Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar, entre otras cuestiones, la exigencia impuesta por la normativa Comunitaria, de que los recursos especiales en materia de contratación sean resueltos por un “órgano independiente” plantea, al menos, dos cuestiones que son analizadas en el presente comentario: la atribución de esta facultad de revisión de actos administrativos a un órgano que no tiene naturaleza jurisdiccional; y posición en la que queda la autonomía local como consecuencia de la “opción” que se reconoce a las Corporaciones Locales de decidir si los recursos que se planteen frente a sus actos serán resueltos por la Administración del Estado o la Administración Autonómica

25 mayo, 2010

Las leyes y su aplicación, a propósito de la determinación de la base imponible del ICIO en huertos solares y parques eólicos

Con el horizonte de la nueva financiación local por delante, se plantea qué fuentes de riqueza gravar, las que configuran el modelo actual u otras. Analizando algunos ejemplos llegamos a la conclusión de que importa la configuración del modelo, pero importa más si cabe la forma en que se va a integrar el ordenamiento con los pronunciamientos de los tribunales. El ICIO es un claro ejemplo de lo que queremos decir.

La ley reguladora de las haciendas locales configuro este impuesto en tan solo 4 artículos (arts. 100 a 103) y la única referencia al cálculo de la base imponible se contiene en el párrafo primero del artículo 102, que señala que la base imponible del impuesto viene constituida por “el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra”. La intención del legislador estaba clara, tanto en lo que pretendía gravar como en cuales eran los parámetros para determinar el cuánto. Sin embargo, desde un primer momento, los tribunales se mostraron reacios a integrar la base imponible con “el coste real y efectivo” y permitieron excluir determinadas partidas, aunque supusieran un coste para el promotor. Fue por ello que este precepto ha sido objeto de dos importantes modificaciones normativas, la primera operada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, que excluyó de la base imponible el IVA y demás impuestos; la segunda, por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que además de excluir otros conceptos, concretó el coste real y efectivo de la obra con el coste de ejecución material de la misma. Creyó el legislador que con esto terminaría por hacer que se cumpliera su voluntad.