25 mayo, 2010

Las leyes y su aplicación, a propósito de la determinación de la base imponible del ICIO en huertos solares y parques eólicos

Con el horizonte de la nueva financiación local por delante, se plantea qué fuentes de riqueza gravar, las que configuran el modelo actual u otras. Analizando algunos ejemplos llegamos a la conclusión de que importa la configuración del modelo, pero importa más si cabe la forma en que se va a integrar el ordenamiento con los pronunciamientos de los tribunales. El ICIO es un claro ejemplo de lo que queremos decir.

La ley reguladora de las haciendas locales configuro este impuesto en tan solo 4 artículos (arts. 100 a 103) y la única referencia al cálculo de la base imponible se contiene en el párrafo primero del artículo 102, que señala que la base imponible del impuesto viene constituida por “el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra”. La intención del legislador estaba clara, tanto en lo que pretendía gravar como en cuales eran los parámetros para determinar el cuánto. Sin embargo, desde un primer momento, los tribunales se mostraron reacios a integrar la base imponible con “el coste real y efectivo” y permitieron excluir determinadas partidas, aunque supusieran un coste para el promotor. Fue por ello que este precepto ha sido objeto de dos importantes modificaciones normativas, la primera operada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, que excluyó de la base imponible el IVA y demás impuestos; la segunda, por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que además de excluir otros conceptos, concretó el coste real y efectivo de la obra con el coste de ejecución material de la misma. Creyó el legislador que con esto terminaría por hacer que se cumpliera su voluntad.

19 mayo, 2010

A vueltas con el disfrute del crédito sindical

El disfrute del crédito horario por parte de los Delegados Sindicales en la Administración Local tiene obviamente una doble regulación que parte de un tronco común. La Ley Orgánica de Libertad Sindical posibilita en su artículo 10.3 el disfrute de permisos a los Delgados Sindicales en los mismos términos que los representantes del personal público. Es por ello que acudiendo a los artículos 37.3.e) del Estatuto de los Trabajadores y 48.1.c) del Estatuto del Empleado Público los representantes sindicales de trabajadores y funcionarios pueden disfrutar de crédito horario mensual destinado a la realización de tareas sindicales.

En el día a día de los Ayuntamientos solemos encontrar una problemática casuística muy amplia, aunque hoy nos centraremos en dos cuestiones que ocasionan acaloradas disputas. ¿Pueden entrar y salir libremente los sindicalistas de la Casa Consistorial con cargo al crédito sindical? Obviamente, las cosas no son tan sencillas, pero mojándonos un poco diremos que NO.

16 mayo, 2010

La conocida ineficacia de los convenios y acuerdos contrarios a las leyes

La semana pasada conocimos la sentencia número 0047/2010, de 10/05/2010, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que ha resuelto el conflicto colectivo interpuesto por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Ministerio de Fomento, en el que también ha sido parte el Ministerio Fiscal. Aunque la realidad aeroportuaria y la navegación aérea queda muy lejos de nuestra realidad municipal, lo cierto es que leyendo la sentencia, en términos estrictamente legales, se encuentra un mimetismo jurídico muy importante, cualitativamente, entre la situación de los controladores y la de algunos colectivos de la administración municipal. Me estoy refiriendo por una parte, al desbordamiento legal de muchos acuerdos y convenios que tienen suscritos muchos ayuntamientos, y la exigibilidad de su cumplimiento contraviniendo normas de derecho necesario, que no son disponibles en las mesas de negociación de las casas consistoriales. Por otro, al descaro con el que se acuerdan y se aplican jornadas inferiores a las fijadas anualmente (1647 horas en computo anual), para luego, bajo distintas denominaciones, hacer servicios extraordinarios que se cobran a unas cantidades muy superiores a la jornada ordinaria.

Ambas cuestiones son tratadas de manera muy contundente en la sentencia de la Audiencia, poniendo de manifiesto su ilegalidad. Señala que “el Convenio Colectivo es una norma que sólo tiene fuerza vinculante y despliega su eficacia en el campo de juego que la Ley señala. Por esa razón, la jurisprudencia, por todas, sentencia Sala 3ª TS 21-03-2002, EDJ 2002/4046, estudiando la incidencia de las leyes en los acuerdos colectivos, alcanzados con anterioridad a la vigencia de la ley, ha defendido que la Administración no está vinculada a los convenios suscritos, que contradigan la ley, porque no existe ningún límite legal a la ordenación del gasto, ya que la Ley de Presupuestos es una verdadera ley, superior jerárquicamente al acuerdo, donde se fija la cuantía de las retribuciones de los funcionarios en el ejercicio de la potestad legislativa. Dicha jurisprudencia se comparte por la jurisprudencia social, que la ha extendido también a las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, habiéndose mantenido así en STS 18-01-2000.

El derecho de cualquier persona capacitada a participar en los procesos de adjudicación de los contratos negociados sin publicidad

Hasta ahora, cuando una administración autoriza un contrato de esta naturaleza, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Contratos del Sector Público, basta con que el órgano de contratación solicite oferta a tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siempre que ello sea posible. La práctica ha convertido este tipo de procedimientos en una relación bilateral, administración-contratista, totalmente opaca para cualquier otra empresa que no sea alguna de las que hubiera contactado con los gestores públicos; generalmente por falta de información de estos procesos en el sector empresarial correspondiente. A veces es el propio elegido el que se encarga de facilitar de alguna manera que se complete el expediente, procurando que concurran o que se invite a otras dos personas a su conveniencia, asegurándose así no tener sobresaltos en su contratación.

Todo esto supone en la práctica que hay una discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, para cursar las invitaciones y que en el mejor de los casos si alguien tiene conocimiento de que se están produciendo estas invitaciones, si no es invitado, no puede hacer nada para participar, solo contemplar como siempre se invita a otros. Pues bien, sobre esta práctica ha venido a pronunciarse la Junta Consultiva de Contratación para señalar que cualquier empresa capacitada ha de ser invitada si así lo solicita y que aunque no haya sido invitada, puede participar si se entera a tiempo para concurrir. Todo ello viene recogido en el reciente Informe 33/09, de 1 de febrero de 2010. «Participación en un procedimiento negociado sin publicidad», el cual trata esta cuestión y viene a proscribir esta práctica.

16 abril, 2010

¿Cómo van a pagar sus deudas los ayuntamientos?

Últimamente, la pregunta más recurrente que me hacen mis clientes, los alcaldes, es ¿Qué hacer para nivelar los ingresos y los gastos? ¿Sabes qué medidas piensa adoptar el Gobierno para salvar esta situación? ¿Qué están haciendo en los demás sitios para equilibrar el presupuesto? Sin embargo, la pregunta así formulada no es correcta. La pregunta correcta es ¿Cómo vamos a poder estabilizar las cuentas y además poder pagar la deuda que tenemos atrasada con nuestros proveedores y contratistas? Porque aunque fuéramos capaces de aplicar una disciplina terrible en el gasto hasta poner en riesgo los servicios básicos y aumentáramos los tributos, a pesar de los malos tiempos que corren, hasta colocarnos en signos positivos, lo único que conseguiremos, (y no es poco) es no incrementar el agujero financiero, pero desde luego no vamos a generar excedentes de tesorería, a corto plazo, capaces de hacer frente a las deudas no financieras vencidas. La deuda financiera de los Ayuntamientos se sitúa por encima de los 30.000 millones de euros, pero la deuda no financiera es mayor.

De manera que a estas alturas de la crisis que padecemos, el anuncio de una inminente ley del gobierno local que clarifique bien lo que deben de hacer los ayuntamientos, está muy bien. Y mejor todavía otra ley que acompañe a la anterior, diciendo como se financia y se paga lo que hagan los ayuntamientos. Bienvenida sea la moción que aprobó ayer, por amplia mayoría, el Congreso, para que antes de que finalice el actual período de sesiones, se presente el Proyecto de la nueva Ley de Financiación Local conjuntamente con el nuevo Proyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local.