19 octubre, 2018

Resolución de contrato de gestión por causa imputable a la empresa y denegación del derecho a compensación por las inversiones realizadas

Un Juzgado nos da la razón al declarar que la empresa incumplió el contrato de explotación del servicio municipal de instalaciones deportivas y, además, no tendrá derecho a ser compensada por las inversiones realizadas. Quien ha dado lugar al incumplimiento, abandonando el servicio, no puede obtener un beneficio de su actuación.

Básicamente, son dos la cuestiones que se planteaban en este litigio:

18 octubre, 2018

El Tribunal Supremo falla que son lo bancos quienes deben pagar los impuestos de la hipoteca

El Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y, en una sentencia hecha pública hoy, determina que son las entidades bancarias las que deben hacerse cargo de los impuestos de la hipoteca. Se trata de la Sentencia núm. 1505/2018, de 16 de octubre, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se estima el recurso de casación formulado por una empresa municipal de Madrid, sobre la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario de varias viviendas.

Asimismo, el Tribunal Supremo anula con esta sentencia el número 2 del art. 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Con esta última sentencia del Tribunal Supremo se establece que el sujeto pasivo del AJD en los préstamos hipotecarios es la entidad bancaria, y no el prestatario. Se abre la posibilidad de reclamar la devolución del AJD a los particulares que hayan suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. Habrá que estudiar las posibilidades de recuperar las cantidades ingresadas por ese impuesto respecto a los particulares que suscribieran su hipoteca hace más de 4 años, reclamándoselas directamente a la entidad bancaria.

1 octubre, 2018

Análisis del recurso de casación contencioso-administrativo, a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.

Tras la entrada en vigor el pasado 22 de julio de 2016 del nuevo recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se han comenzado a dictar las primeras resoluciones judiciales del Tribunal Supremo (en adelante TS) sobre las exigencias y requisitos que deben cumplirse para acceder a la casación, haciendo especial hincapié en el denominado “interés casacional” como piedra angular de dicho recurso.

A este respecto, en el presente artículo se intentará sistematizar el nuevo recurso de casación, con referencia a pronunciamientos recientes del TS que han ido definiendo este recurso y las exigencias que deben cumplirse, con referencia a los aspectos formales y sustantivos más relevantes.

La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria.

En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que:

3 septiembre, 2018

El Ejecutivo aprueba medidas urgentes en materia de protección de datos

A la espera de la aprobación de la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, aún en trámite parlamentario, el pasado 31 de julio entró en vigor el Real Decreto- Ley 5/2018, de 27 de julio, aprobado por el Ejecutivo por vía de urgencia. Estableciendo una serie de medidas urgentes destinadas a adaptar el Derecho Español al nuevo Reglamento General de Protección de Datos – en adelante RGPD-, que como es sabido, comenzó a desplegar plenos efectos sobre los Estados Miembros el 25 de mayo del año en curso.

La plena aplicación del RGPD en España, implica que hayan de considerarse desplazadas aquellas disposiciones de nuestro Derecho interno que no resulten conformes con lo establecido en el mismo, como así sucede con muchos preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, creando así la necesidad de suplir ese vacío jurídico.