Tratamientos térmicos de RSU: ¿Incineración o valorización energética?

El Anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DMR), distingue las operaciones de valorización de residuos catalogándolas en trece apartados. En lo referente a valorización energética, el primero de ellos “R1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía” incluye las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos sólo cuando su eficiencia energética resulte igual o superior a un valor determinado en función de la fecha de puesta en marcha de la instalación; 0.60 GJ/año (0.1666 MW*h) para instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009, y 0,65 GJ/año (0.1805 MW*h) para aquellas autorizadas después del 31 de diciembre d 2008. La operación “R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica)” incluye la gasificación y la pirólisis que utilizan los componentes como elementos químicos, sin marcar umbrales de producción de energía por lo que deben considerarse como operaciones de valorización desde el primer vatio producido.

La transposición de la citada Directiva al ordenamiento jurídico español corresponde a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que también en su Anexo II recoge las operaciones de valorización en los mismos términos ya expresados.

13 abril, 2015

La doble condición de acusado y acusador en los procedimientos penales

Actualmente, hay muchos ayuntamientos que se ven implicados en diligencias penales que traen causa en conductas de sus autoridades o funcionarios. Nos referimos a aquellas que tienen que ver con delitos contra la administración pública o contra el medio ambiente, fundamentalmente. En estos casos, cuando empiezan las diligencias, está claro que la institución municipal tiene interés en la medida en que se están ventilando asuntos relativos a su actuación -ya sea a través de informes o resoluciones de sus funcionarios y autoridades- . Sin embargo, a pesar de este interés, no es fácil al principio conocer la situación procesal que va a ocupar el ayuntamiento en esas diligencias. Así, puede ocurrir que de las actuaciones de sus funcionarios y autoridades resulten perjuicios a sus intereses; fundamentalmente, a su hacienda municipal, algo que le llevará a ejercer acciones como acusación particular. Asimismo, del desarrollo de las actuaciones y conforme se van conociendo las imputaciones y se concretan en escritos de acusación, puede resultar que las exigencias de responsabilidades civiles derivadas del ilícito penal lleven a la exigencia de estas responsabilidades al propio ayuntamiento, en calidad de responsable civil subsidiario. Esto último, le llevaría a ocupar la posición procesal pasiva.

En definitiva, se sabe que se están ventilando asuntos municipales pero no siempre se conoce el detalle, que es lo propio de quien está actuando como parte en el proceso. por tanto, personarse para conocer las actuaciones y poder ocupar la posición procesal adecuada es algo indispensable, pero ¿es posible la personación sin conocer la posición procesal que voy a ocupar? ¿Acusación particular o responsable civil subsidiario? Máxime cuando la acusación particular depende del ayuntamiento pero la de responsable civil subsidiario depende del contenido de las acusaciones que se ejerciten. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fue titubeante. En un primer momento señaló la posibilidad de que en una misma causa se pueda ejercitar la acción penal, como acusación particular, por quien también es víctima de determinados hechos que guardan relación con otros, por los que simultáneamente, se encuentran en situación de imputado o acusado. Esta posición favorable se recogió en la STS (Sala de lo Penal) de 19 de enero de 1994 tomando como base el art. 790.5 LeCrim y basándose en que la acusación se extenderá a las faltas imputables al acusado del delito o a otras personas cuando la comisión de la falta o su prueba estuviera relacionada con el delito. Con ello, señala la sentencia que se pretende eliminar la posibilidad de sentencias contradictorias, dictadas por órganos jurisdiccionales distintos, al conocer uno de un delito y otro de otros, que están íntimamente relacionados entre sí, pero en las que los acusados y perjudicados ostentan una posición u otra. Esta forma de entender este asunto se vio modificada en la STS (Sala de lo Penal) de 27 mayo de 1998, manteniendo una orientación contraria.

24 marzo, 2015

La inminente adapación de la Ley de Contratos del Sector Público a las nuevas Directivas comunitarias.

En la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aparece ya publicado el Anteproyecto de la que será nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y aunque el texto se encuentra aún en una fase incipiente, presenta aspectos novedosos con los que conviene ir familiarizándonos. Se pretende aquí dar una primera visión general del inminente cambio legislativo.

17 marzo, 2015

El plazo para recurrir frente al silencio negativo

Resulta  relativamente habitual ver en los Juzgados que los letrados defensores de la Administración alegan que los recursos interpuestos contra desestimaciones por silencio están fuera de plazo por haber transcurrido más de seis meses desde que ese silencio se produjo.

Entendemos que tal forma de proceder se hace en muchas ocasiones con el ánimo de utilizar todos los medios de defensa que la dirección letrada entiende a su alcance. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia nº 6/1986, de 21 de enero, señaló que no puede “calificarse de razonable una interpretación que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales” y, por tanto, desde entonces ha venido estimando los recursos de amparo que se han presentado contra sentencias que inadmitían el acceso a la jurisdicción por extemporaneidad.

12 marzo, 2015

La remunicipalización de los servicios: análisis y perspectivas (y II).

Esta entrada es continuación de La remunicipalización de los servicios: análisis y perspectivas (I).

Centrándonos en las cuestiones jurídicas, habrá que empezar por convenir que en una estrategia de remunicipalizacion no se trata de resolver un contrato de manera culposa por incumplimientos del contratista. En estos casos la cuestión se limita a exigir el cumplimiento de lo pactado. Con la remunicipalizacion se trata de resolver un contrato por causas de interés publico, articulo 210 y siguientes del TRLCSP. De tal forma que tal causa nos lleva a elegir como solución mas ventajosa la gestión directa. Centrada la cuestión en estos términos lo determinante en la estrategia a seguir será: