Resulta recurrente, tanto en el ámbito interno como en el propio del Derecho europeo, que normas de carácter tuitivo que fueron dictadas pensando en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas ven desbordadas sus costuras cuando, como consecuencia de decisiones jurisprudenciales, se aplican las mismas al ámbito público que no fue pensado primigeniamente como su natural campo de aplicación. Y, en esa traslación, las mismas entran en conflicto con normas, principios y valores existentes en el campo público que no estuvieron presentes en las previsiones que se realizaron a la hora de ser dictadas. Lo estamos viendo, en estos momentos, a propósito de la aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada que ha obligado, finalmente y tras distintas resoluciones jurisdiccionales del TJUE, a dictar en España una normativa interna, sumamente discutida y discutible, plasmada en la ya célebre Ley 20/2021. También, quizás más de puntillas dado que solo un público especializado se ha preocupado de ello, con ocasión de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de … Continúa leyendo Compra pública y sucesión de empresas: numerosas dudas y una hipótesis respecto de la compra directa de activos materializados

La Junta de Compensación es un organismo con unas funciones muy importantes, pues representa a los propietarios de terrenos pendientes de urbanizar y defiende sus intereses. Además, ejerce otras funciones administrativas con la finalidad de ejecutar un proyecto urbanístico, como veremos a continuación. Qué es una junta de compensación Una Junta de Compensación es un organismo que lleva a cabo actuaciones relacionadas con urbanismo: la reparcelación -conversión de los terrenos en edificables y cesión de viales y dotaciones públicas- y ejecución de las obras de urbanización en un determinado ámbito, de conformidad con los planes urbanísticos. Específicamente no es una entidad pública, sino una entidad privada, pero que se regula parcialmente por el Derecho Público, ya que se considera entidad colaboradora. La Junta de Compensación tiene personalidad jurídica, naturaleza administrativa y cuenta con la capacidad necesaria para cumplir con los fines que tiene establecidos. Así está regulado también por las legislaciones autonómicas donde se mantiene está figura de las Juntas de Compensación. Esta persona jurídica que se crea requiere cumplir una serie de formalidades entre las que se encuentra elaboración de estatutos y bases de actuación, obligatoriedad de escritura pública, aprobación por el Ayuntamiento y la inscripción en el Registro … Continúa leyendo Cuáles son las funciones de la junta de compensación

Como es suficientemente conocido no fue hasta tiempos relativamente recientes que nuestro país, a diferencia de lo que sucedía en la práctica totalidad de los países desarrollados y, particularmente, de los Estados que conformaban la Unión Europea, carecía de una normativa general que regulase de forma mínimamente satisfactoria tanto la transparencia pública como el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Fue, en ese año y en lo sucesivos en el caso de las Comunidades Autónomas, cuando por fin se aprobaría una normativa que, con todas las mejoras que ahora con el tiempo vemos que serían precisas, era digna de tal nombre y se correspondía con el nivel de desarrollo y la calidad de la democracia que era exigible a nuestro país. En paralelo la doctrina científica (VILLORIA, GUICHOT, PIÑAR, BARRERO, etc) y destacados profesionales en el tema objeto de análisis cómo MIGUEL ANGEL BLANES y su célebre y documentado blog (de necesaria consulta para el acercamiento a este tema y que también al tema que hoy analizamos dedicó un comentario) han venido interpretando y clarificando las distintas interpretaciones a este texto legal y denunciando, cuando así ha sido preciso, los excesos y abusos en la actuación de … Continúa leyendo Criterios jurisprudenciales sobre la inadmisión por necesidad de reelaboración de la información: entre el abuso y las limitaciones torticeras a este derecho

09Como es notorio ya se han puesto en marcha, en distintas Administraciones públicas de todos los colores e ideologías, los ya célebres procesos de estabilización de empleo temporal concebidos como la solución y panacea al sempiterno problema de la temporalidad en el empleo público. No digo que no fueran necesarios, tampoco que no estén inspirados en los más puros deseos ni que en todos los supuestos se estén realizando en forma artera. No. Sin embargo, lo cierto es que, como ya se puso de relieve en la primera fase del proceso consistente en delimitar las plazas a incluir en estos procesos en el mes de mayo  (aquí), tras ver la plasmación de los baremos de concurso en distintas convocatorias de estos procesos de estabilización hay una cierta sensación, y conviene advertirlo desde ahora, de chapuza, improvisación y descarado favor hacia los interinos o contratados cuyas plazas se estabilizan. En algunos casos demasiado descarado y para ello creo que bastará dar algunos datos, sin decir el pecador, extraídos de algunas convocatorias que hemos podido analizar en las últimas semanas. 1. Las reflexiones que se desprende de algunas convocatorias ya efectuadas. La simple lectura de algunas de las convocatorias ya efectuadas, en … Continúa leyendo La valoración de la experiencia profesional en los procesos de estabilización de empleo temporal

La relación entre el ejercicio de competencias en materia urbanística y, simultáneamente, los aspectos que se derivan del turismo y las libertades derivadas del libre establecimiento son, cuando menos, problemáticas en multitud de aspectos. No digo irreconciliables, solo digo que problemáticas, como se pone de manifiesto en la sentencia que hoy comentaremos. Desde luego no es algo nuevo, aunque se haya convertido en especialmente problemático desde la Directiva de Servicios, y así se puso de manifiesto en el recurso de apelación resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1992 (rec. 2032/1990) en relación a la prohibición establecida en una ordenanza de apertura de nuevos establecimientos de restauración dado que indicaría la sentencia referida que “los Ayuntamientos, en el ejercicio de su competencia, pueden regular todo lo relativo a la seguridad e higiene y protección de la salubridad pública; y pueden completar la normativa existente en materia de instalación de la actividad, estableciendo límites sobre superficie, ruidos, etc., tal como se ha reflejado en el segundo fundamento jurídico de esta Sentencia. Y en el caso de que una determinada actividad no reúna los requisitos que la normativa exija, puede la autoridad municipal denegar la correspondiente licencia … Continúa leyendo Urbanismo y turismo: la necesidad de justificar limitaciones