La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria.

En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que:

3 septiembre, 2018

El Ejecutivo aprueba medidas urgentes en materia de protección de datos

A la espera de la aprobación de la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, aún en trámite parlamentario, el pasado 31 de julio entró en vigor el Real Decreto- Ley 5/2018, de 27 de julio, aprobado por el Ejecutivo por vía de urgencia. Estableciendo una serie de medidas urgentes destinadas a adaptar el Derecho Español al nuevo Reglamento General de Protección de Datos – en adelante RGPD-, que como es sabido, comenzó a desplegar plenos efectos sobre los Estados Miembros el 25 de mayo del año en curso.

La plena aplicación del RGPD en España, implica que hayan de considerarse desplazadas aquellas disposiciones de nuestro Derecho interno que no resulten conformes con lo establecido en el mismo, como así sucede con muchos preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, creando así la necesidad de suplir ese vacío jurídico.

El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”

El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que:

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”

30 mayo, 2018

Itinerario de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos para Administraciones Locales

El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) lleva en vigor desde el 24 de mayo de 2016. Sin embargo, ha sido el pasado 25 de mayo de 2018 cuando éste ha comenzado a desplegar sus efectos y, pese ha haber tenido dos años para poder adaptarnos a sus novedades normativas y prácticas, lo cierto es que la mayoría han aguantado hasta el último momento para ponerse “manos a la obra”.

El RGPD se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico y ha comenzado a convivir junto con la actual, y aún vigente, Ley Orgánica 15/999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que configuran a día de hoy nuestro marco normativo en materia de protección de datos.

15 mayo, 2018

“No dos veces sobre lo mismo”: limitaciones al non bis in ídem según el TJUE (caso Menci y otros)

El aforismo latino non bis in idem o ne bis in idem significa no dos veces sobre lo mismo. Con esta expresión lo que se quiere expresar es que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. El objetivo es evitar que quede una amenaza de persecución perpetua sobre quien ya se ha visto sometido a un proceso penal. Según algunos autores[1], el ne bis in ídem es la solución al constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de la justicia material. En otras palabras, la pena que ya se ha cumplido no debe volverse a cumplir. Esta idea tan simple, no obstante, tiene múltiples matices que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido desarrollando a lo largo de los años.

Sin embargo, el pasado día 20 de marzo de 2018, la Gran Sala del TJUE dictó cuatro importantísimas sentencias[2] que establecen limitaciones al principio ne bis in ídem, que conviene tener en consideración en el ámbito administrativo sancionador. Se trata de cuestiones planteadas por cuatro tribunales italianos en las que se interpreta la normativa del IVA y los mercados financieros, pero cuyos criterios sirven para valorar, ya sea en el ámbito administrativo o penal, cuándo es compatible la acumulación de procedimientos y sanciones. Nos centraremos en el  caso Menci (asunto 524/15).

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