24 junio, 2019

¿Qué hacemos los Ayuntamientos en estos 30 días? (III). Nombramiento de personal eventual

A. Cese

Como ya indicamos, la conclusión del mandato electoral da lugar al cese automático de los funcionarios eventuales, al ser cargos de confianza y de carácter temporal, debido a su unión indisoluble al mandato de la autoridad que los nombró.

9 mayo, 2019

Nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española

Ayer entró en vigor el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, cuya reforma ha llevado a cabo el Consejo General de la Abogacía. Asimismo, está en proceso de reforma el Estatuto General, cuya publicación aún no ha tenido lugar.

Las modificaciones traen causa en las reformas legales que se han producido durante los últimos años, pero no sólo. Entre ellas, se encuentra la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, conocida como «Ley Ómnibus«; la Ley de acceso a la profesión de abogado, que introdujo importantes cambios; y, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

1 marzo, 2019

Liderazgo y Capacidad en el Servicio Público

Hace tan sólo unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo pública su Recomendación sobre Liderazgo y Capacidad en el Sector Público. Se trata de un documento elaborado al amparo del art. 5.b) del Convenio de la OCDE, firmado el 14 de diciembre de 1960. Es, por tanto, un instrumento jurídico internacional reconocido que no debe pasar inadvertido en el entorno en el que trabajamos.

La Recomendación recoge las capacidades, condiciones de trabajo, motivación y valores de la función pública. Todas ellas variables que tienen impacto en la calidad de los gobiernos. Como en otras ocasiones, la Recomendación fue sometida a consulta hasta el día 14 de septiembre de 2018 a fin de obtener aportaciones de la ciudadanía en general, empleados y cargos públicos, entidades de la sociedad civil y, en definitiva, cualquier interesado en este ámbito. A día de hoy, acaban de cerrarse otras consultas como la relativa a la Declaración sobre la Innovación del Sector Público, que será publicada en los próximos meses. También pueden consultarse otros datos y documentos relativos a la gobernanza pública en los países de la OCDE en este enlace, donde cabe significar la Recomendación sobre integridad pública y la necesidad de implementar estrategias contra la corrupción, y la Recomendación sobre contratación pública.

19 octubre, 2018

Resolución de contrato de gestión por causa imputable a la empresa y denegación del derecho a compensación por las inversiones realizadas

Un Juzgado nos da la razón al declarar que la empresa incumplió el contrato de explotación del servicio municipal de instalaciones deportivas y, además, no tendrá derecho a ser compensada por las inversiones realizadas. Quien ha dado lugar al incumplimiento, abandonando el servicio, no puede obtener un beneficio de su actuación.

Básicamente, son dos la cuestiones que se planteaban en este litigio:

La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria.

En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que: