1 marzo, 2019

Liderazgo y Capacidad en el Servicio Público

Hace tan sólo unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo pública su Recomendación sobre Liderazgo y Capacidad en el Sector Público. Se trata de un documento elaborado al amparo del art. 5.b) del Convenio de la OCDE, firmado el 14 de diciembre de 1960. Es, por tanto, un instrumento jurídico internacional reconocido que no debe pasar inadvertido en el entorno en el que trabajamos.

La Recomendación recoge las capacidades, condiciones de trabajo, motivación y valores de la función pública. Todas ellas variables que tienen impacto en la calidad de los gobiernos. Como en otras ocasiones, la Recomendación fue sometida a consulta hasta el día 14 de septiembre de 2018 a fin de obtener aportaciones de la ciudadanía en general, empleados y cargos públicos, entidades de la sociedad civil y, en definitiva, cualquier interesado en este ámbito. A día de hoy, acaban de cerrarse otras consultas como la relativa a la Declaración sobre la Innovación del Sector Público, que será publicada en los próximos meses. También pueden consultarse otros datos y documentos relativos a la gobernanza pública en los países de la OCDE en este enlace, donde cabe significar la Recomendación sobre integridad pública y la necesidad de implementar estrategias contra la corrupción, y la Recomendación sobre contratación pública.

19 octubre, 2018

Resolución de contrato de gestión por causa imputable a la empresa y denegación del derecho a compensación por las inversiones realizadas

Un Juzgado nos da la razón al declarar que la empresa incumplió el contrato de explotación del servicio municipal de instalaciones deportivas y, además, no tendrá derecho a ser compensada por las inversiones realizadas. Quien ha dado lugar al incumplimiento, abandonando el servicio, no puede obtener un beneficio de su actuación.

Básicamente, son dos la cuestiones que se planteaban en este litigio:

La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria.

En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que:

3 septiembre, 2018

El Ejecutivo aprueba medidas urgentes en materia de protección de datos

A la espera de la aprobación de la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, aún en trámite parlamentario, el pasado 31 de julio entró en vigor el Real Decreto- Ley 5/2018, de 27 de julio, aprobado por el Ejecutivo por vía de urgencia. Estableciendo una serie de medidas urgentes destinadas a adaptar el Derecho Español al nuevo Reglamento General de Protección de Datos – en adelante RGPD-, que como es sabido, comenzó a desplegar plenos efectos sobre los Estados Miembros el 25 de mayo del año en curso.

La plena aplicación del RGPD en España, implica que hayan de considerarse desplazadas aquellas disposiciones de nuestro Derecho interno que no resulten conformes con lo establecido en el mismo, como así sucede con muchos preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, creando así la necesidad de suplir ese vacío jurídico.

El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”

El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que:

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”