10 abril, 2019

Rentas mínimas autonómicas: actualización de la monografía sobre Renta Básica

A finales del año 2017, publicábamos en la Cátedra ACAL-Ciudad Sostenible un trabajo sobre Renta Básica que, entre otras muchas cuestiones, recoge la diferencia entre este concepto y las rentas mínimas existentes en cada comunidad autónoma. Concretamente, el capítulo 2.4 titulado “clarificación de conceptos” explica qué no es Renta Básica y es ahí donde se analizan aquellos aspectos que permiten diferenciarla de otro tipo de subsidios y ayudas que, aunque puedan tener un nombre similar o incluso igual, no tienen nada que ver.

A grandes rasgos, podemos afirmar que las rentas autonómicas funcionan como “techo”, siendo el máximo que la persona recibirá para sus necesidades más básicas; mientras que la Renta Básica es el “suelo” del que toda persona parte para emprender su vida. Se trata de prestaciones asistenciales subsidiarias, condicionadas, limitadas en el tiempo, revisables y necesitadas de una alta burocracia. Además, es importante tener en cuenta que las prestaciones condicionadas están enfocadas a la disminución de la pobreza pero son ajenas a la distribución de la riqueza. Por el contrario, la Renta Básica aspira no sólo a erradicar la pobreza sino a ser una herramienta útil en la distribución de la renta.

1 marzo, 2019

Nuevos requisitos para la aprobación de los contratos menores

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (en adelante OIRESCON) acaba de publicar la Instrucción nº 1/2019, de 28 de febrero , de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 332.7.d) de la LCSP, por medio de la cual se fijan unos criterios de interpretación, de obligado cumplimiento para el sector público estatal, de los aspectos que más problemática ocasionan respecto a los contratos menores regulados en el artículo 118 de la LCSP

La publicación de la referida Instrucción ha generado la inmediata, y justificada, controversia entre los operadores jurídicos, tanto en relación con su ámbito de aplicación, como en cuanto a su propio contenido. De forma que el efecto inmediato de la Instrucción, más que servir para resolver las dudas de interpretación que ha planteado la nueva regulación de los contratos menores, ha tenido el efecto contrario: abrir multitud de foros de debate en los que se trata de descifrar la “interpretación” que la OIRESCON realiza del artículo 118 de la LCSP.

23 octubre, 2018

Primeros pronunciamientos dictados por las Juntas Consultivas de Contratacón en relación con la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

En esta entrada haremos un repaso por los principales dictámenes emitidos por las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa sobre la aplicación de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Para abordar, cómo están interpretando algunos preceptos de la Ley una vez trascurridos ya los primeros seis meses desde su entrada en vigor y una vez superado el nerviosismo inicial que supuso su aplicación en todas las entidades del sector público, especialmente por las novedades que la Ley introduce en la contratación directa de los gastos menores.
De hecho, empezaremos esta entrada por los primeros informes que emitieron la JCCA del Estado y las administraciones territoriales sobre el artículo 118 LCSP que regula la tramitación del expediente de contratación en contratos menores. Y, que como es notorio, han dado una interpretación distinta para cada ámbito territorial.

Informes emitidos por la JCCA del Estado sobre los contratos menores: expte 41/2017, expte. 42/2017, expte 57/2018 y expte 5/2018 por la Junta Consultiva de Contratación del Estado.
En relación con la limitación que recoge el artículo 118.3 de la LCSP sobre el volumen máximo de contratos menores que pueden realizarse en un año, la JCCA del Estado señala que su interpretación más adecuada pasa por acudir a la finalidad y espíritu de esta nueva regulación. Y que, según este órgano consultivo, es evitar el indebido fraccionamiento de los contratos. Por ello, la JCCA concluye que la limitación impuesta en la norma no constituye una prohibición absoluta, siendo perfectamente admisible concertar contratos con un mismo operador por un importe superior al previsto en la norma cuando se trate de prestaciones “cualitativamente diferentes y no formen una unidad”.
En cuanto al cómputo del plazo de un año, la JCCA del Estado interpreta que el inicio del cómputo empieza a contar desde la fecha de aprobación del gasto, quedando vedada la posibilidad de contratar en los doce meses siguientes desde esa fecha con el mismo operador prestaciones equivalentes por encima de los límites económicos de la Ley. Ello supone que el cómputo será distinto para cada contrato, con la dificultada que ello supondrá para el control posterior de su cumplimiento. Asimismo, señala que, para el cómputo de contratos, habrá de tenerse en cuenta los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley, a efectos de valorar si la formalización del nuevo contrato vulnera el artículo 118.3 LCSP, sin que ello suponga una aplicación retroactiva de la norma.
Por último, la JCCA deja zanjado que es el órgano de contratación el que ha de suscribir el informe de necesidad del servicio, “sin que pueda sustituirse por un mero acuerdo de inicio”.

4 abril, 2018

Luz verde al destino del superávit para inversiones financieramente sostenibles

Las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el destino del superávit local para la realización de inversiones financieramente sostenibles y que fueron comprometidas a finales de febrero con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, han visto la luz con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las Corporaciones Locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

Con este nuevo Real Decreto-ley se da continuidad a la senda, iniciada en el año 2014 con la Ley Orgánica 9/2013 y continuada en los años 2015, 2016 y 2017, para que las Corporaciones Locales puedan reinvertir el superávit de sus liquidaciones presupuestarias obtenido con la liquidación del ejercicio 2017 en las denominadas inversiones financieramente sostenibles, dando con ello la flexibilización exigida por la FEMP al artículo 32 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF), que impone como único destino posible del superávit la reducción del nivel de endeudamiento.

26 febrero, 2018

La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes.

En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, conforme a lo dispuesto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), sino que era un precio privado, si bien estaba sujeto a autorización en los términos del art. 107 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de régimen local. Ha habido ayuntamientos que, dudando de sí mismos y de la propia letra expresa del TRLHL, impresionados por el derroche argumental de los informes que estas empresas aportaban y animados por alguna sentencia que llevaba las cosas más allá de donde la ley permite, expresamente, han derogado las ordenanzas reguladoras de las tasas por la prestación del servicio de agua potable y han dejado esta contraprestación en una tarifa fuera del alcance de la soberanía del pleno municipal. Es decir, en manos de la propia concesionaria y de la comisión de precios de la Comunidad Autónoma correspondiente.