23 octubre, 2018

Primeros pronunciamientos dictados por las Juntas Consultivas de Contratacón en relación con la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

En esta entrada haremos un repaso por los principales dictámenes emitidos por las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa sobre la aplicación de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Para abordar, cómo están interpretando algunos preceptos de la Ley una vez trascurridos ya los primeros seis meses desde su entrada en vigor y una vez superado el nerviosismo inicial que supuso su aplicación en todas las entidades del sector público, especialmente por las novedades que la Ley introduce en la contratación directa de los gastos menores.
De hecho, empezaremos esta entrada por los primeros informes que emitieron la JCCA del Estado y las administraciones territoriales sobre el artículo 118 LCSP que regula la tramitación del expediente de contratación en contratos menores. Y, que como es notorio, han dado una interpretación distinta para cada ámbito territorial.

Informes emitidos por la JCCA del Estado sobre los contratos menores: expte 41/2017, expte. 42/2017, expte 57/2018 y expte 5/2018 por la Junta Consultiva de Contratación del Estado.
En relación con la limitación que recoge el artículo 118.3 de la LCSP sobre el volumen máximo de contratos menores que pueden realizarse en un año, la JCCA del Estado señala que su interpretación más adecuada pasa por acudir a la finalidad y espíritu de esta nueva regulación. Y que, según este órgano consultivo, es evitar el indebido fraccionamiento de los contratos. Por ello, la JCCA concluye que la limitación impuesta en la norma no constituye una prohibición absoluta, siendo perfectamente admisible concertar contratos con un mismo operador por un importe superior al previsto en la norma cuando se trate de prestaciones “cualitativamente diferentes y no formen una unidad”.
En cuanto al cómputo del plazo de un año, la JCCA del Estado interpreta que el inicio del cómputo empieza a contar desde la fecha de aprobación del gasto, quedando vedada la posibilidad de contratar en los doce meses siguientes desde esa fecha con el mismo operador prestaciones equivalentes por encima de los límites económicos de la Ley. Ello supone que el cómputo será distinto para cada contrato, con la dificultada que ello supondrá para el control posterior de su cumplimiento. Asimismo, señala que, para el cómputo de contratos, habrá de tenerse en cuenta los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley, a efectos de valorar si la formalización del nuevo contrato vulnera el artículo 118.3 LCSP, sin que ello suponga una aplicación retroactiva de la norma.
Por último, la JCCA deja zanjado que es el órgano de contratación el que ha de suscribir el informe de necesidad del servicio, “sin que pueda sustituirse por un mero acuerdo de inicio”.

4 abril, 2018

Luz verde al destino del superávit para inversiones financieramente sostenibles

Las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el destino del superávit local para la realización de inversiones financieramente sostenibles y que fueron comprometidas a finales de febrero con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, han visto la luz con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las Corporaciones Locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

Con este nuevo Real Decreto-ley se da continuidad a la senda, iniciada en el año 2014 con la Ley Orgánica 9/2013 y continuada en los años 2015, 2016 y 2017, para que las Corporaciones Locales puedan reinvertir el superávit de sus liquidaciones presupuestarias obtenido con la liquidación del ejercicio 2017 en las denominadas inversiones financieramente sostenibles, dando con ello la flexibilización exigida por la FEMP al artículo 32 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF), que impone como único destino posible del superávit la reducción del nivel de endeudamiento.

26 febrero, 2018

La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes.

En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, conforme a lo dispuesto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), sino que era un precio privado, si bien estaba sujeto a autorización en los términos del art. 107 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de régimen local. Ha habido ayuntamientos que, dudando de sí mismos y de la propia letra expresa del TRLHL, impresionados por el derroche argumental de los informes que estas empresas aportaban y animados por alguna sentencia que llevaba las cosas más allá de donde la ley permite, expresamente, han derogado las ordenanzas reguladoras de las tasas por la prestación del servicio de agua potable y han dejado esta contraprestación en una tarifa fuera del alcance de la soberanía del pleno municipal. Es decir, en manos de la propia concesionaria y de la comisión de precios de la Comunidad Autónoma correspondiente.

19 febrero, 2018

Renta Básica: la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se pronuncia favorablemente

Hace algo menos de un mes, el pasado 23 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se pronunció acerca de la Renta Básica, votando mayoritariamente a su favor. Se hizo en la sesión de invierno, la primera de las cuatro que se celebran al año, y entre los asuntos a tratar, a propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, se encontraba el llamado “basic citizenship income” (renta básica ciudadana). El informe presentado parte de la situación actual en la que los países europeos han evidenciado sus dificultades para asegurar una vida digna a los ciudadanos. En un contexto en el que el estándar de vida no está asegurado, el pago de una cantidad a cada persona aparece como una forma de proteger la dignidad y la autonomía de las personas. Pero no sólo eso, tal y como recoge el informe, este ingreso universal, individual, incondicional y suficiente ayudaría también a superar los desincentivos para buscar trabajo que muchas veces encuentran quienes perciben prestaciones asistenciales condicionadas. Según el informe, garantizaría de una forma más efectiva que los actuales programas sociales la igualdad de oportunidades. A pesar de las dificultades en implementar una medida como la Renta Básica, el informe concluye que los países deben trabajar juntos para adoptar un marco común europeo con el fin de aspirar, a largo plazo, a una sociedad más inclusiva, justa y unida en la dignidad de las personas.

La resolución fue votada por 93 diputados, de los que 43 votaron a favor, 33 votaron en contra y 13 se abstuvieron. Es decir, sólo el 35% se mostraron claramente en contra de contemplar la Renta Básica como una medida necesaria para erradicar la pobreza y garantizar una vida digna a los ciudadanos europeos. Casi el 52% se mostraron favorables. De la delegación española en la APCE votaron 5 miembros: Jokin Bildarratz (PNV) a favor;  Miren E. Gorrotxategui (Podemos) a favor;  Jordi Roca (PP) a favor; Melisa Rodríguez (Ciudadanos), en contra; y Jordi Xuclà (PDeCat) en contra. Pueden consultarse aquí el resto de miembros de la delegación española en la APCE.

10 enero, 2018

Una Renta Básica es viable

– Una monografía de la Cátedra ACAL Ciudad Sostenible concluye que el gasto del Estado para paliar las necesidades más básicas, debidamente reestructurado, permitiría el pago de una cantidad fija más alta que las actuales prestaciones asistenciales y alcanzaría, en términos netos, a un mayor número de personas.

 – La conveniencia social y la viabilidad económica de la Renta Básica se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Alcantarilla con datos del año 2016, con el fin de que los resultados se basaran en la realidad de un municipio y se concretaran en un periodo de tiempo determinado.