19 abril, 2017

Las ciudades frente al impacto de la economía colaborativa en el turismo y la convivencia: ¿es una guerra o hay espacio para la conciliación?

«En esencia, se trata de empoderar. Se trata de empoderar a la gente para establecer vínculos valiosos que nos están permitiendo redescubrir la humanidad que hemos perdido por el camino, interactuando en mercados (…) que se basan en las relaciones personales y no en la transacción vacía»

El extracto anterior es la definición de economía colaborativa que ofreció Rachel Botsman en una famosa conferencia, traducida hoy a más de 23 idiomas, cuyo título viene a decir que la moneda de cambio de hoy en día es la confianza.

20 julio, 2015

Las dificultades para gobernar los nuevos ayuntamientos

Los ayuntamientos que han resultado de las últimas elecciones tienen una diversidad política que dan un colorido muy novedoso a las posibilidades y también a las limitaciones que tienen las corporaciones locales. Hay alcaldes que han resultado elegidos con pactos de gobierno; otros han contado con pactos para la investidura; y otros, simplemente lo son por haber encabezado la lista más votada. Es un nuevo tiempo para la política y el gobierno de las ciudades en el que las cosas no van a ser como hasta ahora. Ni siquiera en aquellos consistorios cuyo alcalde tiene el respaldo de la mayoría absoluta de sus concejales, las cosas van a ser como han venido siendo.

La gente -quienes no son actores de la contienda- entiende que ya basta de tanta mayoría absoluta, que no puede ser que quien “manda” haga “lo que le dé la gana” y que es bueno que tengan que “contar unos con otros” para decidir y hacer “aquello que más conviene a la ciudad”. A esta misma conclusión “de la calle” llegan los analistas y otros que intentan crear opinión. En los sistemas democráticos  las elecciones son un intento de someter la política al sistema métrico decimal, pero como resulta que la política tiene tanto de irracional, nada más pasar la contienda electoral, son muchos los que se pronuncian y aseveran al respecto como si hubieran consultado al oráculo.

13 julio, 2015

La falta de transparencia de las asignaciones económicas a los grupos municipales

En los meses inmediatamente anteriores a la aprobación de la infausta Reforma Local, tratamos en este blog las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Analizábamos su insuficiente regulación legal y las malas practicas, por no decir otra cosa, que ello permitía. Como estaba en marcha aquella Reforma aprovechábamos la ocasión para pedir desde este humilde sitio que se abordaran las asignaciones a los grupos municipales. Al fin y al cabo, si lo que se pretendía era, entre otras cosas, poner orden en las liberaciones de concejales y sus emolumentos y en los cargos de confianza, entendíamos que de la misma naturaleza de fines participaba la cuestión para la que demandábamos una mejor regulación.

Como todos sabemos, el articulo 73.3 de la LRBRL, que regula las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, no fue objeto de modificación. Nos quedamos como estábamos.  Ya después, la precampaña y en la campaña electoral de estas ultimas elecciones todos los partidos y agrupaciones proclamaban a los cuatro vientos la transparencia como un valor supremo de su futuro gobierno. Todos hemos percibido en esta campaña electoral pasada que los candidatos se han preocupado más de la forma en la que ha de gobernarse, que de las prioridades y estrategias de la acción de gobierno a desarrollar si recibían la confianza de los vecinos. Lo cierto es que por el signo de los tiempos y por la música que hemos oído desde todos los puntos cardinales de la política, llegamos a creer que el mismo pudor que se notaba en la clase política para tratar sobre sueldos, liberaciones y demás recursos económicos para el ejercicio de la política, llegaría también a las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Que igual que se conocen los sueldos de los políticos -en esta especie de concurso extraordinario y ocasional para ver cómo se hace esto de la política más difícil, es decir, quién tiene los sueldos más bajos- íbamos también a saber qué asignaciones se hacen a los grupos, en qué se lo gastan y demás extremos que la gente quiere saber y tiene todo su derecho a ello. Pero lo cierto es que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo.

27 enero, 2014

El fomento de la ética de los cargos públicos a propósito de la Ley de Transparencia.

Asumir que se tiene un problema es el primer paso que ha de darse para solucionarlo. De lo contrario, ni siquiera será posible implementar una solución, por muy mala que ésta sea. Esto fue lo que asumió el gobierno de EE.UU. cuando creó la Oficina de Ética como consecuencia de la falta de confianza de sus ciudadanos tras el escándalo del watergate. Nos lo contó la semana pasada en su viaje a España una de las “madres fundadoras” de la Oficina de Ética: Jane S. Ley, actualmente retirada de sus funciones como directora adjunta de la Oficina y dedicada a asesorar al departamento de estado del gobierno norteamericano en programas internacionales de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad en los cargos públicos.

La conferencia de Jane S. Ley fue encaminada a contar su experiencia a lo largo de estos años en la Oficina de Ética y cuáles son las medidas que se adoptaron para fomentar la transparencia en las administraciones públicas y la integridad de los cargos públicos. El papel de la Oficina es, fundamentalmente, preventivo y, en este sentido, si bien también opera con posterioridad a que se produzcan conductas no deseadas el principal objetivo es que se eviten. Los cuatro puntos cardinales en los que se basa el funcionamiento de la Oficina son los que pasamos a comentar brevemente.

20 enero, 2014

La Reforma Local (II): la aprobación de los presupuestos por la junta de gobierno

La ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, (en adelante Reforma Local) ha añadido una nueva disposición adicional a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), la decimosexta,  en la que modifica el régimen de competencias entre órganos municipales para la aprobación de determinados asuntos que antes eran competencia del pleno y ahora pasan a ser competencia de la Junta de Gobierno. La técnica legislativa empleada en esta ocasión, a nuestro entender, no es la adecuada. Deberían haberse modificado los articulos 22 y 23 de la LRBRL en lugar de añadir una nueva disposición adicional. De esta forma cada materia estaría regulada donde corresponde, en el capitulo que tiene por objeto su tratamiento, y no desperdigado a lo largo del texto legal.

Pero lo realmente importante de la modificación que introduce esta nueva disposición es su alcance. A nuestro modo de ver la norma tiene dos propósitos de suerte bien distinta.  El primero de ellos es corregir una deficiencia normativa que arrastraba la regulación legal de las medidas extraordinarias y urgentes que se han venido dictando para dar liquidez a las entidades locales y de esa forma poder dar cumplimiento al mandato legal de cumplimiento de los plazos de pago para erradicar esa lacra de la morosidad de las Entidades Locales (la última la prevista en el RDL 8/2013, de 28 de junio). Estas disposiciones legales en ocasiones han quedado sin poder ser cumplidas (con el correspondiente perjuicio para los proveedores) en la medida en que tenían que ser  implementadas mediante acuerdos plenarios y allí donde no se podía conseguir una mayoría, resultaba que la norma con rango de ley era “tumbada” por un simple acuerdo de pleno. Realmente, tratándose de dar cumplimiento a un mandato legal, no puede ser que tal cuestión quede en manos de la aritmética política de un pleno municipal. Ahora el apartado 1.d) de la disposición adicional que comentamos, permitirá que aquellos ayuntamientos que de mala manera politizaron el cumplimiento de la ley (de morosidad) puedan retornar al camino de la normalidad, mediante la aprobación por la junta de gobierno de los mecanismos de financiación. En la misma linea podríamos situar la media prevista en el apartado 1.b) de la mentada disposición para dar cumplimiento a la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Mas complicado va ha ser el apartado 1.c), pues aquí ya se habla de “planes de saneamiento” y “planes de reducción de deudas”  no de los planes de “reequilibrio” y los planes de “ajuste” derivados de la aplicación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Las medidas de saneamiento que requieran de la aprobación del pleno (plantillas, relaciones de puestos de trabajo o formas de gestión de servicios) se paralizaran en la implementación.