8 abril, 2019

Reforma del régimen de los habilitados nacionales en las entidades de ámbito inferior al municipio

El pasado día 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2019).

Como indica el extenso título de la norma, aparte de su contenido principal se aborda, bajo la genérica referencia a “otras medidas”, una reforma parcial del reciente Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del que nos hacíamos eco en esta entrada del blog.

25 marzo, 2019

Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019 (sección 3ª, Sala de lo contencioso administrativo) analiza la existencia de legitimación activa en el denunciante, cuando éste pretende que se imponga una sanción más grave al denunciado una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador.

El supuesto analizado parte de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Ciudad Real a un letrado, a instancia de su cliente, que es calificada como leve. El denunciante, disconforme con esta decisión del Colegio de Abogados, recurre en alzada pretendiendo que se agrave la sanción inicialmente impuesta por considerarla insuficiente. Tanto el Colegio de Abogados como, posteriormente, el Juzgado de lo contencioso administrativo, rechazan la legitimación activa del recurrente, manteniendo que, una vez formulada denuncia, no existe un derecho subjetivo ni interés legítimo a que el denunciado sea sancionado en un determinado sentido.

18 octubre, 2018

El Tribunal Supremo falla que son lo bancos quienes deben pagar los impuestos de la hipoteca

El Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y, en una sentencia hecha pública hoy, determina que son las entidades bancarias las que deben hacerse cargo de los impuestos de la hipoteca. Se trata de la Sentencia núm. 1505/2018, de 16 de octubre, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se estima el recurso de casación formulado por una empresa municipal de Madrid, sobre la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario de varias viviendas.

Asimismo, el Tribunal Supremo anula con esta sentencia el número 2 del art. 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Con esta última sentencia del Tribunal Supremo se establece que el sujeto pasivo del AJD en los préstamos hipotecarios es la entidad bancaria, y no el prestatario. Se abre la posibilidad de reclamar la devolución del AJD a los particulares que hayan suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. Habrá que estudiar las posibilidades de recuperar las cantidades ingresadas por ese impuesto respecto a los particulares que suscribieran su hipoteca hace más de 4 años, reclamándoselas directamente a la entidad bancaria.

30 mayo, 2018

Itinerario de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos para Administraciones Locales

El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) lleva en vigor desde el 24 de mayo de 2016. Sin embargo, ha sido el pasado 25 de mayo de 2018 cuando éste ha comenzado a desplegar sus efectos y, pese ha haber tenido dos años para poder adaptarnos a sus novedades normativas y prácticas, lo cierto es que la mayoría han aguantado hasta el último momento para ponerse “manos a la obra”.

El RGPD se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico y ha comenzado a convivir junto con la actual, y aún vigente, Ley Orgánica 15/999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que configuran a día de hoy nuestro marco normativo en materia de protección de datos.

15 mayo, 2018

“No dos veces sobre lo mismo”: limitaciones al non bis in ídem según el TJUE (caso Menci y otros)

El aforismo latino non bis in idem o ne bis in idem significa no dos veces sobre lo mismo. Con esta expresión lo que se quiere expresar es que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. El objetivo es evitar que quede una amenaza de persecución perpetua sobre quien ya se ha visto sometido a un proceso penal. Según algunos autores[1], el ne bis in ídem es la solución al constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de la justicia material. En otras palabras, la pena que ya se ha cumplido no debe volverse a cumplir. Esta idea tan simple, no obstante, tiene múltiples matices que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido desarrollando a lo largo de los años.

Sin embargo, el pasado día 20 de marzo de 2018, la Gran Sala del TJUE dictó cuatro importantísimas sentencias[2] que establecen limitaciones al principio ne bis in ídem, que conviene tener en consideración en el ámbito administrativo sancionador. Se trata de cuestiones planteadas por cuatro tribunales italianos en las que se interpreta la normativa del IVA y los mercados financieros, pero cuyos criterios sirven para valorar, ya sea en el ámbito administrativo o penal, cuándo es compatible la acumulación de procedimientos y sanciones. Nos centraremos en el  caso Menci (asunto 524/15).