19 Abril, 2017

Las ciudades frente al impacto de la economía colaborativa en el turismo y la convivencia: ¿es una guerra o hay espacio para la conciliación?

«En esencia, se trata de empoderar. Se trata de empoderar a la gente para establecer vínculos valiosos que nos están permitiendo redescubrir la humanidad que hemos perdido por el camino, interactuando en mercados (…) que se basan en las relaciones personales y no en la transacción vacía»

El extracto anterior es la definición de economía colaborativa que ofreció Rachel Botsman en una famosa conferencia, traducida hoy a más de 23 idiomas, cuyo título viene a decir que la moneda de cambio de hoy en día es la confianza.

23 Noviembre, 2016

La mediación ya esta en marcha en la jurisdicción contenciosa.

A veces cuando hablamos de los problemas de la justicia nos limitamos a señalar la sobrecarga de los asuntos a la que se enfrentan los tribunales y las oficinas judiciales. Siendo este hecho muy relevante para el éxito de la función jurisdiccional, en puridad, la cuestión está mal planteada. Realmente el verdadero problema al que se enfrenta la justicia, como servicio público, es resolver los asuntos de manera justa en derecho, dando a cada uno lo suyo. La sobrecarga de trabajo o de expedientes o de asuntos, es un problema subjetivo, del tribunal o de la oficina que padece tal situación. Pero objetivamente, el verdadero problema de la jurisdicción es conseguir que las partes de un litigio salgan del palacio de justicia al que acudieron a resolver sus diferencias, mejor de lo que entraron y con una solución, en derecho, a su problema. Por desgracia esto no siempre es así. Ocurre con frecuencia  que a veces los litigantes salen peor que entraron.

Ya hace tiempo que desde las distintas instancias, Consejo General  del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Colegios Profesionales, entre otros, se viene trabajando con soluciones alternativas a las formulas tradicionales de resolver los conflictos que tienen los ciudadanos.

30 Mayo, 2016

La exigencia “interesada” de informes en todos los expedientes.

A cualquier estudioso del régimen jurídico de las Administraciones públicas no le cabrá duda alguna de que, según lo previsto legalmente, los informes con carácter general no son preceptivos ni vinculantes en las Administración públicas.  Es, casi puede decirse así, una histórica regla de nuestro procedimiento administrativo. También, hemos de añadir, de los procedimientos administrativos que se tramitan en las entidades locales. El problema viene cuando este paradigma, indiscutido por toda la doctrina, se cruza con la responsabilidad en que pueden incurrir autoridades y empleados públicos. En estos casos, y como vía de salvación para algunas autoridades y funcionarios públicos, el artículo 172 del ROF se convierte en un “rosco de salvación” al cual agarrarse para trasladar la responsabilidad a otros funcionarios y salvar la propia. Así, muchos responsables políticos evitan enfrentarse a sus responsabilidades, cual es su obligación y para eso les pagan, pudiendo de esta manera obviar o bordear la legalidad para conseguir objetivos, no necesariamente inconfesables, pero si que no ajustados a la legalidad vigente.

Estos supuestos constituyen, a nuestro juicio, una equivocada e intencionada interpretación del régimen jurídico de los informes en las entidades locales, que viene a concluir que todos los expedientes han de ser preceptivamente informados, en contra de la legislación de procedimiento administrativo común  -común hemos de repetir –  establecida en normas con rango de Ley y en virtud de un título competencial muy específico que va más allá de la legislación básica.

18 Enero, 2016

Jornadas sobre las novedades en el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas.

Organizan:

Instituto Garcia Oviedo.

17 Marzo, 2015

El plazo para recurrir frente al silencio negativo

Resulta  relativamente habitual ver en los Juzgados que los letrados defensores de la Administración alegan que los recursos interpuestos contra desestimaciones por silencio están fuera de plazo por haber transcurrido más de seis meses desde que ese silencio se produjo.

Entendemos que tal forma de proceder se hace en muchas ocasiones con el ánimo de utilizar todos los medios de defensa que la dirección letrada entiende a su alcance. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia nº 6/1986, de 21 de enero, señaló que no puede “calificarse de razonable una interpretación que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales” y, por tanto, desde entonces ha venido estimando los recursos de amparo que se han presentado contra sentencias que inadmitían el acceso a la jurisdicción por extemporaneidad.