30 mayo, 2018

Itinerario de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos para Administraciones Locales

El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) lleva en vigor desde el 24 de mayo de 2016. Sin embargo, ha sido el pasado 25 de mayo de 2018 cuando éste ha comenzado a desplegar sus efectos y, pese ha haber tenido dos años para poder adaptarnos a sus novedades normativas y prácticas, lo cierto es que la mayoría han aguantado hasta el último momento para ponerse “manos a la obra”.

El RGPD se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico y ha comenzado a convivir junto con la actual, y aún vigente, Ley Orgánica 15/999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que configuran a día de hoy nuestro marco normativo en materia de protección de datos.

15 mayo, 2018

“No dos veces sobre lo mismo”: limitaciones al non bis in ídem según el TJUE (caso Menci y otros)

El aforismo latino non bis in idem o ne bis in idem significa no dos veces sobre lo mismo. Con esta expresión lo que se quiere expresar es que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. El objetivo es evitar que quede una amenaza de persecución perpetua sobre quien ya se ha visto sometido a un proceso penal. Según algunos autores[1], el ne bis in ídem es la solución al constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de la justicia material. En otras palabras, la pena que ya se ha cumplido no debe volverse a cumplir. Esta idea tan simple, no obstante, tiene múltiples matices que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido desarrollando a lo largo de los años.

Sin embargo, el pasado día 20 de marzo de 2018, la Gran Sala del TJUE dictó cuatro importantísimas sentencias[2] que establecen limitaciones al principio ne bis in ídem, que conviene tener en consideración en el ámbito administrativo sancionador. Se trata de cuestiones planteadas por cuatro tribunales italianos en las que se interpreta la normativa del IVA y los mercados financieros, pero cuyos criterios sirven para valorar, ya sea en el ámbito administrativo o penal, cuándo es compatible la acumulación de procedimientos y sanciones. Nos centraremos en el  caso Menci (asunto 524/15).

Novedades en el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional

El pasado 17 de marzo de 2018 fue publicado en el BOE el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Este nuevo cuerpo normativo obedece a la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local  sobre la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) por la que se introdujo el artículo 92 bis , cuyo contenido prevé el desarrollo reglamentario mediante Real Decreto de las especialidades correspondientes a los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional (en adelante, FHCN).

Así, esta nueva regulación, tal y como se expresa en la propia exposición de motivos del Real Decreto 128/2018, tiene entre sus objetivos:

19 abril, 2017

Las ciudades frente al impacto de la economía colaborativa en el turismo y la convivencia: ¿es una guerra o hay espacio para la conciliación?

«En esencia, se trata de empoderar. Se trata de empoderar a la gente para establecer vínculos valiosos que nos están permitiendo redescubrir la humanidad que hemos perdido por el camino, interactuando en mercados (…) que se basan en las relaciones personales y no en la transacción vacía»

El extracto anterior es la definición de economía colaborativa que ofreció Rachel Botsman en una famosa conferencia, traducida hoy a más de 23 idiomas, cuyo título viene a decir que la moneda de cambio de hoy en día es la confianza.

23 noviembre, 2016

La mediación ya esta en marcha en la jurisdicción contenciosa.

A veces cuando hablamos de los problemas de la justicia nos limitamos a señalar la sobrecarga de los asuntos a la que se enfrentan los tribunales y las oficinas judiciales. Siendo este hecho muy relevante para el éxito de la función jurisdiccional, en puridad, la cuestión está mal planteada. Realmente el verdadero problema al que se enfrenta la justicia, como servicio público, es resolver los asuntos de manera justa en derecho, dando a cada uno lo suyo. La sobrecarga de trabajo o de expedientes o de asuntos, es un problema subjetivo, del tribunal o de la oficina que padece tal situación. Pero objetivamente, el verdadero problema de la jurisdicción es conseguir que las partes de un litigio salgan del palacio de justicia al que acudieron a resolver sus diferencias, mejor de lo que entraron y con una solución, en derecho, a su problema. Por desgracia esto no siempre es así. Ocurre con frecuencia  que a veces los litigantes salen peor que entraron.

Ya hace tiempo que desde las distintas instancias, Consejo General  del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Colegios Profesionales, entre otros, se viene trabajando con soluciones alternativas a las formulas tradicionales de resolver los conflictos que tienen los ciudadanos.