9 mayo, 2019

Nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española

Ayer entró en vigor el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, cuya reforma ha llevado a cabo el Consejo General de la Abogacía. Asimismo, está en proceso de reforma el Estatuto General, cuya publicación aún no ha tenido lugar.

Las modificaciones traen causa en las reformas legales que se han producido durante los últimos años, pero no sólo. Entre ellas, se encuentra la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, conocida como «Ley Ómnibus«; la Ley de acceso a la profesión de abogado, que introdujo importantes cambios; y, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

25 marzo, 2019

Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019 (sección 3ª, Sala de lo contencioso administrativo) analiza la existencia de legitimación activa en el denunciante, cuando éste pretende que se imponga una sanción más grave al denunciado una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador.

El supuesto analizado parte de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Ciudad Real a un letrado, a instancia de su cliente, que es calificada como leve. El denunciante, disconforme con esta decisión del Colegio de Abogados, recurre en alzada pretendiendo que se agrave la sanción inicialmente impuesta por considerarla insuficiente. Tanto el Colegio de Abogados como, posteriormente, el Juzgado de lo contencioso administrativo, rechazan la legitimación activa del recurrente, manteniendo que, una vez formulada denuncia, no existe un derecho subjetivo ni interés legítimo a que el denunciado sea sancionado en un determinado sentido.

1 octubre, 2018

Análisis del recurso de casación contencioso-administrativo, a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.

Tras la entrada en vigor el pasado 22 de julio de 2016 del nuevo recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se han comenzado a dictar las primeras resoluciones judiciales del Tribunal Supremo (en adelante TS) sobre las exigencias y requisitos que deben cumplirse para acceder a la casación, haciendo especial hincapié en el denominado “interés casacional” como piedra angular de dicho recurso.

A este respecto, en el presente artículo se intentará sistematizar el nuevo recurso de casación, con referencia a pronunciamientos recientes del TS que han ido definiendo este recurso y las exigencias que deben cumplirse, con referencia a los aspectos formales y sustantivos más relevantes.

La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria.

En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que:

15 mayo, 2018

“No dos veces sobre lo mismo”: limitaciones al non bis in ídem según el TJUE (caso Menci y otros)

El aforismo latino non bis in idem o ne bis in idem significa no dos veces sobre lo mismo. Con esta expresión lo que se quiere expresar es que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. El objetivo es evitar que quede una amenaza de persecución perpetua sobre quien ya se ha visto sometido a un proceso penal. Según algunos autores[1], el ne bis in ídem es la solución al constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de la justicia material. En otras palabras, la pena que ya se ha cumplido no debe volverse a cumplir. Esta idea tan simple, no obstante, tiene múltiples matices que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido desarrollando a lo largo de los años.

Sin embargo, el pasado día 20 de marzo de 2018, la Gran Sala del TJUE dictó cuatro importantísimas sentencias[2] que establecen limitaciones al principio ne bis in ídem, que conviene tener en consideración en el ámbito administrativo sancionador. Se trata de cuestiones planteadas por cuatro tribunales italianos en las que se interpreta la normativa del IVA y los mercados financieros, pero cuyos criterios sirven para valorar, ya sea en el ámbito administrativo o penal, cuándo es compatible la acumulación de procedimientos y sanciones. Nos centraremos en el  caso Menci (asunto 524/15).