12 julio, 2017

Indemnizaciones por cese de funcionarios interinos. La sentencia de 30 de junio de 2017 y algunas consideraciones sobre empleo temporal en las AAPP.

Texto integro de la sentencia de 30 de junio de 2017

Se veía venir, y efectivamente, ya tenemos “casi”, y sin casi, planteado un problema con consecuencias, a corto y medio plazo, de enorme repercusión en nuestro empleo público. Era cuestión de tiempo que la puesta en “solfa” de la recurrente temporalidad en el empleo público, ya se tratase de personal interino o laboral, fuera objeto de reproche judicial.

4 julio, 2017

Las sentencias declarativas y su ejecución impropia

La Ley de la Jurisdicción Contenciosa, en sus artículos 31 y 32,  señala que el demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. Estas peticiones pueden plantearse también respecto de la inactividad de la administración y de las actuaciones materiales constitutivas de lo que se denomina vía de hecho, por carecer la administración de titulo para actuar.

La sentencia, cuando es estimatoria del recurso, conforme al articulo 71 de la mentada Ley, contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

9 noviembre, 2015

¿Son realmente públicas las sentencias?

“Cualesquiera otros beneficios que la garantía de un juicio público pueda conferir a la sociedad, esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial” [Corte Suprema de EE.UU. en In re Oliver 333 U.S. 257 (1948)]

Está de moda la transparencia. Está de moda el acceso a expedientes administrativos. Y está de moda el acceso a la información que tiene que ver con el control de la actividad de quienes ostentan responsabilidades en el poder ejecutivo y el legislativo, pero ¿qué pasa con el judicial? Nuestra Constitución en su artículo 120 recoge claramente que las actuaciones judiciales serán públicas y que las sentencias se pronunciarán en audiencia pública. De hecho, al final de cada sentencia que se nos notifica se dice expresamente que ha sido leída en audiencia pública, de lo que da fe el secretario judicial -ahora letrado de la administración de justicia-. Sabemos que el hecho de decir leída en audiencia pública es una falsedad en la mayoría de los casos y no le damos, indebidamente, importancia alguna pero ¿son realmente públicas las sentencias? La respuesta no es sencilla.

16 junio, 2015

El valor probatorio de las declaraciones prestadas ante funcionarios policiales

El pasado 3 de junio de 2015 se adoptó un Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre el valor probatorio de las declaraciones efectuadas ante los funcionarios policiales en los procedimientos jurisdiccionales. En concreto se indica:

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.

1 junio, 2015

Los actos neutrales del funcionario

La prevaricación administrativa del art. 404 CP, tan presente en la actualidad,  ya ha sido tratada en este blog con ocasión de otros temas. En esta entrada nos ocuparemos de hacer un breve análisis de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo relativa a los actos neutrales de los funcionarios. En las diligencias penales que se instruyen con ocasión de supuestos actos arbitrarios e injustos, nos encontramos con que se imputa no sólo a la autoridad o funcionario que ha dictado el acto sino también a todos aquellos empleados públicos que hayan tenido algún tipo de participación en el expediente objeto de investigación. Se entiende, generalmente, que han sido cooperadores necesarios. Y en estos casos en los que el imputado no ha tenido realmente una conducta dolosa ni ha sido consciente de que su implicación formaba parte de un plan delictivo, nos encontramos, sin embargo, con juzgados reacios a desimputar y archivar la causa con relación a estas personas. Si bien, en los tiempos que corren, debería cobrar especial importancia la doctrina fijada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia 30 de julio de 2014. Y ello porque estar hoy imputado en un proceso penal parece más un estigma social que una garantía para que la persona pueda defender sus legítimos intereses.

Como tiene establecido reiterada jurisprudencia –que actualmente parece obviarse por muchos juzgados de instrucción- el art. 404 CP no sanciona la mera ilegalidad sino la arbitrariedad. En este sentido, como señala la STS de 23 enero de 2014 la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, del principio de legalidad como fundamento básico de un estado social y democrático de derecho frente a ilegalidades severas y dolosas. Es decir, no cabe la prevaricación administrativa imprudente y no cabe la prevaricación en cuestiones de mera legalidad ordinaria. Además,