26 febrero, 2018

La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes.

En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, conforme a lo dispuesto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), sino que era un precio privado, si bien estaba sujeto a autorización en los términos del art. 107 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de régimen local. Ha habido ayuntamientos que, dudando de sí mismos y de la propia letra expresa del TRLHL, impresionados por el derroche argumental de los informes que estas empresas aportaban y animados por alguna sentencia que llevaba las cosas más allá de donde la ley permite, expresamente, han derogado las ordenanzas reguladoras de las tasas por la prestación del servicio de agua potable y han dejado esta contraprestación en una tarifa fuera del alcance de la soberanía del pleno municipal. Es decir, en manos de la propia concesionaria y de la comisión de precios de la Comunidad Autónoma correspondiente.

30 junio, 2017

 ¿Tiene la administración margen para aceptar la cesión del contrato?

En una entrada anterior, El Ayuntamiento de Liérganes gana la ‘batalla del agua’, dábamos cuenta de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso de apelación nº 47/2017, que tenía como consecuencia inmediata, en efecto, que el citado Ayuntamiento veía confirmado en sede judicial su planteamiento en cuanto al rechazo a que el contrato de concesión fuera cedido a otro contratista, en aras de garantizar el interés público aquí predominante.

Además de la noticia, reflejada en la prensa local, interesa ahora hacer una somera valoración de dos aspectos concretos que aborda la Sentencia, y que presentan, a nuestro juicio, indudable relevancia práctica en este ámbito contractual:

21 abril, 2016

¿Es la cesión del contrato un negocio jurídico privado?

La cesión del contrato se había situado extramuros del ejercicio del ius variandi, que se circunscribe a la novación objetiva del contrato. De esta forma, no se ha reparado suficientemente que la alteración del sujeto que ha de realizar la prestación supone una modificación esencial del contrato. Por ello, como ha resaltado BAÑO LEON el impacto de las nuevas Directivas de 2014 respecto de la cesión debiera ser notable.

Como es conocido, la modificación subjetiva del contrato abarca los supuestos de sucesión en la persona del contratista y la cesión del contrato.

18 marzo, 2016

Aplicación de las nuevas Directivas sobre contratación pública: documentos de interés

Ponemos en esta entrada dos documentos que consideramos de especial interés en relación con la aplicación de las nuevas Directivas europeas sobre contratación pública:

  • La recomendación de la Junta Consultiva de contratación administrativa del estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las nuevas Directivas de contratación pública, de 15 de marzo de 2016; y
  • El documento de estudio aprobado por los Tribunales administrativos de contratación pública, titulado los efectos jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de Contratos del Sector Público, de 1 de marzo de 2016.

 

13 octubre, 2015

Aspectos a valorar en las reclamaciones por desequilibrio económico en los servicios municipales

Tal y como indica recientemente en su blog -Lawlab- Miguel Ángel Pérez de la Manga, al tratar el tema de la “La utilidad y el precio en los servicios jurídicos”, el verdadero factor de la determinación del precio (de los servicios jurídicos) viene dado por la utilidad subjetiva, es decir, lo que el receptor del servicio valora y la ganancia que le genera (o pérdida evitada).

Es claro que la valoración del servicio por parte del cliente es claramente subjetiva, de forma que un servicio prestado en igualdad de condiciones a distintos clientes puede ser percibido y valorado de forma muy diferente: mientras uno quedará muy satisfecho en cuanto a la calidad y forma en que se lleva a cabo un servicio profesional, es posible que otro cliente no valore ni aprecie lo que, objetivamente, puede ser un servicio jurídico valioso o, incluso, excelente.