24 Mayo, 2017

El fin de la plusvalía municipal: efectos reales de las sentencias del tribunal constitucional.

Tras la reciente Sentencia nº 59/2017 de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, en adelante TC, (sin perjuicio de las anteriores Sentencias nº 26/2017 y 37/2017), se ha empezado a hablar del fin del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en adelante IIVTNU, en aquellos supuestos en los que el precio de venta del inmueble es inferior al precio de adquisición que en su día abonó el sujeto pasivo.

A este respecto, debemos señalar en primer lugar cual es el pronunciamiento exacto del TC sobre la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales (artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4), y cuál es el alcance del mismo.

19 Abril, 2017

Las ciudades frente al impacto de la economía colaborativa en el turismo y la convivencia: ¿es una guerra o hay espacio para la conciliación?

«En esencia, se trata de empoderar. Se trata de empoderar a la gente para establecer vínculos valiosos que nos están permitiendo redescubrir la humanidad que hemos perdido por el camino, interactuando en mercados (…) que se basan en las relaciones personales y no en la transacción vacía»

El extracto anterior es la definición de economía colaborativa que ofreció Rachel Botsman en una famosa conferencia, traducida hoy a más de 23 idiomas, cuyo título viene a decir que la moneda de cambio de hoy en día es la confianza.

Remunicipalización de servicios públicos y su problemática jurídico laboral

Hace ya más de tres décadas que la “ola” de privatizaciones y de gestión indirecta de servicios públicos se impuso en la búsqueda de modos más eficientes en su funcionamiento. La “idolatrada” mayor eficiencia de la gestión privatizada generó la necesidad también de externalizar una buena parte de las actividades prestacionales de servicio público. La externalización de servicios públicos tuvo indudables consecuencias de tipo laboral, en términos de estabilidad en el empleo, pero también en clave de poder sindical.

¿Era este un debate “real o interesado”? Probablemente ambas cosas. De un lado, las dificultades para una reforma “interna” del funcionamiento de la propia Administración Pública que la haga más eficiente y adaptada a las nuevas necesidades. De otro, el auge del “mito” de la mayor flexibilidad y productividad de las relaciones de trabajo bajo gestión “privatizada” que se da como un hecho cierto. Se ha asumido el paradigma de que siempre la gestión privada es más eficiente que la pública. Y ello incluso frente a dato incontestable de que, cuando se trata de gestión del personal laboral, las prerrogativas organizativas y de dirección son las mismas sea cual sea la naturaleza jurídica (pública o privada) de la empleadora. Si se tuvieran en cuenta los costes de supervisión y control de las actividades públicas de gestión privatizada –y la calidad de los servicios que prestan- quizá el balance no sería tan nítido.

27 Diciembre, 2016

El empleo público, a debate

ACAL organizó el jueves 22 de diciembre una sesión de formación interna sobre la contratación laboral en las Administraciones Públicas

El empleo público fue el eje de la última sesión de formación interna que el despacho ACAL (Abogados y Consultores de Administración Pública) organizó el pasado jueves 22 de diciembre. La sesión la impartieron Federico Castillo Blanco, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada; y José Antonio Fernández Álvarez, Catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Granada.

23 Noviembre, 2016

La mediación ya esta en marcha en la jurisdicción contenciosa.

A veces cuando hablamos de los problemas de la justicia nos limitamos a señalar la sobrecarga de los asuntos a la que se enfrentan los tribunales y las oficinas judiciales. Siendo este hecho muy relevante para el éxito de la función jurisdiccional, en puridad, la cuestión está mal planteada. Realmente el verdadero problema al que se enfrenta la justicia, como servicio público, es resolver los asuntos de manera justa en derecho, dando a cada uno lo suyo. La sobrecarga de trabajo o de expedientes o de asuntos, es un problema subjetivo, del tribunal o de la oficina que padece tal situación. Pero objetivamente, el verdadero problema de la jurisdicción es conseguir que las partes de un litigio salgan del palacio de justicia al que acudieron a resolver sus diferencias, mejor de lo que entraron y con una solución, en derecho, a su problema. Por desgracia esto no siempre es así. Ocurre con frecuencia  que a veces los litigantes salen peor que entraron.

Ya hace tiempo que desde las distintas instancias, Consejo General  del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Colegios Profesionales, entre otros, se viene trabajando con soluciones alternativas a las formulas tradicionales de resolver los conflictos que tienen los ciudadanos.