1 octubre, 2018

Análisis del recurso de casación contencioso-administrativo, a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.

Tras la entrada en vigor el pasado 22 de julio de 2016 del nuevo recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se han comenzado a dictar las primeras resoluciones judiciales del Tribunal Supremo (en adelante TS) sobre las exigencias y requisitos que deben cumplirse para acceder a la casación, haciendo especial hincapié en el denominado “interés casacional” como piedra angular de dicho recurso.

A este respecto, en el presente artículo se intentará sistematizar el nuevo recurso de casación, con referencia a pronunciamientos recientes del TS que han ido definiendo este recurso y las exigencias que deben cumplirse, con referencia a los aspectos formales y sustantivos más relevantes.

La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria.

En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que:

3 septiembre, 2018

El Ejecutivo aprueba medidas urgentes en materia de protección de datos

A la espera de la aprobación de la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, aún en trámite parlamentario, el pasado 31 de julio entró en vigor el Real Decreto- Ley 5/2018, de 27 de julio, aprobado por el Ejecutivo por vía de urgencia. Estableciendo una serie de medidas urgentes destinadas a adaptar el Derecho Español al nuevo Reglamento General de Protección de Datos – en adelante RGPD-, que como es sabido, comenzó a desplegar plenos efectos sobre los Estados Miembros el 25 de mayo del año en curso.

La plena aplicación del RGPD en España, implica que hayan de considerarse desplazadas aquellas disposiciones de nuestro Derecho interno que no resulten conformes con lo establecido en el mismo, como así sucede con muchos preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, creando así la necesidad de suplir ese vacío jurídico.

30 agosto, 2018

Repensando el Estado de Bienestar en el siglo XXI (18º Congreso Mundial de Renta Básica)

Tampere (Finlandia) acogió durante los días 24, 25 y 26 de agosto el decimoctavo Congreso Mundial de Renta Básica, organizado por el Basic Income Earth Network, (red mundial de Renta Básica, de la que soy miembro y que es más conocida por sus siglas en inglés: “BIEN”).  Gracias a la aceptación del paper que propuse hace unos meses a la organización del Congreso, pude participar como ponente, presentando una pequeña parte del trabajo publicado por la Cátedra ACAL Ciudad Sostenible a finales de 2017.

El tema del Congreso de este año tenía que ver con la Renta Básica y el Nuevo Universalismo así como la necesidad de repensar el Estado de Bienestar en el siglo XXI. Como indica la organización del Congreso, los estados de bienestar durante el siglo XX fueron efectivos a la hora de reducir la pobreza y construir sociedades en las que prevalecieran políticas tendentes a lograr la igualdad de oportunidades. Hoy, sin embargo, nuestras sociedades son más desiguales y reflejan más las estructuras del pasado que las del futuro.

El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”

El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que:

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”