29 octubre, 2018

Las Corporaciones Locales en cifras

Como cada año por estas fechas ha aparecido publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales (OVEELL) el informe elaborado por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sobre las cifras de las Haciendas Locales, correspondiente en este caso al ejercicio 2016.

Este documento lleva a cabo una exposición de las cifras que, para cada ejercicio al que vienen referido, caracterizan y definen la situación económica de las Corporaciones Locales en España, utilizando para ello los datos facilitados por es entidades sobre las liquidaciones de sus presupuestos, incluyendo información sobre el endeudamiento y de evolución de las principales magnitudes financieras de los últimos siete años.

18 octubre, 2018

El Tribunal Supremo falla que son lo bancos quienes deben pagar los impuestos de la hipoteca

El Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y, en una sentencia hecha pública hoy, determina que son las entidades bancarias las que deben hacerse cargo de los impuestos de la hipoteca. Se trata de la Sentencia núm. 1505/2018, de 16 de octubre, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se estima el recurso de casación formulado por una empresa municipal de Madrid, sobre la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario de varias viviendas.

Asimismo, el Tribunal Supremo anula con esta sentencia el número 2 del art. 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Con esta última sentencia del Tribunal Supremo se establece que el sujeto pasivo del AJD en los préstamos hipotecarios es la entidad bancaria, y no el prestatario. Se abre la posibilidad de reclamar la devolución del AJD a los particulares que hayan suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. Habrá que estudiar las posibilidades de recuperar las cantidades ingresadas por ese impuesto respecto a los particulares que suscribieran su hipoteca hace más de 4 años, reclamándoselas directamente a la entidad bancaria.

26 febrero, 2018

La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes.

En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, conforme a lo dispuesto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), sino que era un precio privado, si bien estaba sujeto a autorización en los términos del art. 107 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de régimen local. Ha habido ayuntamientos que, dudando de sí mismos y de la propia letra expresa del TRLHL, impresionados por el derroche argumental de los informes que estas empresas aportaban y animados por alguna sentencia que llevaba las cosas más allá de donde la ley permite, expresamente, han derogado las ordenanzas reguladoras de las tasas por la prestación del servicio de agua potable y han dejado esta contraprestación en una tarifa fuera del alcance de la soberanía del pleno municipal. Es decir, en manos de la propia concesionaria y de la comisión de precios de la Comunidad Autónoma correspondiente.

24 mayo, 2017

El fin de la plusvalía municipal: efectos reales de las sentencias del tribunal constitucional.

Tras la reciente Sentencia nº 59/2017 de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, en adelante TC, (sin perjuicio de las anteriores Sentencias nº 26/2017 y 37/2017), se ha empezado a hablar del fin del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en adelante IIVTNU, en aquellos supuestos en los que el precio de venta del inmueble es inferior al precio de adquisición que en su día abonó el sujeto pasivo.

A este respecto, debemos señalar en primer lugar cual es el pronunciamiento exacto del TC sobre la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales (artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4), y cuál es el alcance del mismo.

30 diciembre, 2016

Los ayuntamientos percibirán una liquidación adicional por su participación en los tributos del estado de 2014

Mediante documento publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública comunica que ha procedido a revisar las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de 2014 que realizó en el pasado mes de julio, tanto a los municipios que se encuentran en régimen de cesión de impuestos como a los del régimen general o de variables.

La causa de esta revisión, tal y como se indica en la Memoria publicada, es el inadecuado cálculo del índice de incremento en los ingresos tributarios del Estado (ITE) como consecuencia de haber incluido en el mismo la minoración en esos ingresos por la devolución del Estado de los ingresos derivados del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-82/12, cuando esa minoración no se debe tener en cuenta según señala el propio Ministerio.