30 agosto, 2018

Repensando el Estado de Bienestar en el siglo XXI (18º Congreso Mundial de Renta Básica)

Tampere (Finlandia) acogió durante los días 24, 25 y 26 de agosto el decimoctavo Congreso Mundial de Renta Básica, organizado por el Basic Income Earth Network, (red mundial de Renta Básica, de la que soy miembro y que es más conocida por sus siglas en inglés: “BIEN”).  Gracias a la aceptación del paper que propuse hace unos meses a la organización del Congreso, pude participar como ponente, presentando una pequeña parte del trabajo publicado por la Cátedra ACAL Ciudad Sostenible a finales de 2017.

El tema del Congreso de este año tenía que ver con la Renta Básica y el Nuevo Universalismo así como la necesidad de repensar el Estado de Bienestar en el siglo XXI. Como indica la organización del Congreso, los estados de bienestar durante el siglo XX fueron efectivos a la hora de reducir la pobreza y construir sociedades en las que prevalecieran políticas tendentes a lograr la igualdad de oportunidades. Hoy, sin embargo, nuestras sociedades son más desiguales y reflejan más las estructuras del pasado que las del futuro.

Novedades en el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional

El pasado 17 de marzo de 2018 fue publicado en el BOE el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Este nuevo cuerpo normativo obedece a la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local  sobre la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) por la que se introdujo el artículo 92 bis , cuyo contenido prevé el desarrollo reglamentario mediante Real Decreto de las especialidades correspondientes a los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional (en adelante, FHCN).

Así, esta nueva regulación, tal y como se expresa en la propia exposición de motivos del Real Decreto 128/2018, tiene entre sus objetivos:

4 abril, 2018

Luz verde al destino del superávit para inversiones financieramente sostenibles

Las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el destino del superávit local para la realización de inversiones financieramente sostenibles y que fueron comprometidas a finales de febrero con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, han visto la luz con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las Corporaciones Locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

Con este nuevo Real Decreto-ley se da continuidad a la senda, iniciada en el año 2014 con la Ley Orgánica 9/2013 y continuada en los años 2015, 2016 y 2017, para que las Corporaciones Locales puedan reinvertir el superávit de sus liquidaciones presupuestarias obtenido con la liquidación del ejercicio 2017 en las denominadas inversiones financieramente sostenibles, dando con ello la flexibilización exigida por la FEMP al artículo 32 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF), que impone como único destino posible del superávit la reducción del nivel de endeudamiento.

20 marzo, 2018

Subvencionar el empleo: algunas consideraciones y una reflexión sobre el workfare encubierto

“La clave es crear empleo. Es empleo, empleo y más empleo. Es generar las condiciones para que se cree cada día más y mejor empleo”. Lo anterior está extraído, literalmente, de las primeras páginas del programa con el que el partido que hoy gobierna concurrió a las últimas elecciones generales. Se ha escogido por su claridad, pero no por su originalidad. El Partido Popular no está solo en la búsqueda del pleno empleo, le acompañan en esta anacrónica travesía las principales fuerzas políticas del país[1]. Y, también, desde hace algunos años, son comunes las políticas de empleo autonómicas que consisten en otorgar subvenciones y fomentar la contratación pública basada en criterios sociales -llevadas a cabo por parte de gobiernos de distinto signo político-. Sin embargo, la ausencia de evaluación de este tipo de medidas evidencia carencias a la hora de fijar con claridad qué modelo de estado de bienestar queremos, desde el punto de vista del empleo. Parece que la implantación de estas medidas tiene más que ver con la intuición que con un análisis de la realidad referenciado en un determinado modelo social.

El objetivo de esta entrada es hacer un breve repaso a los distintos modelos de estado de bienestar existentes para ver dónde podrían encajar las políticas que se están llevando a cabo en España. Nos ocuparemos de estudiar si, jurídicamente, se adecuan a los principios constitucionales; y si, económicamente, encuentran justificación. Se advierte al lector con prisa que la conclusión a la que se ha llegado es que podríamos estar ante políticas más propias del workfare anglosajón que los ansiados modelos de políticas activas de empleo nórdicos o la inclusión social de la Europa continental.

26 febrero, 2018

La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes.

En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, conforme a lo dispuesto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), sino que era un precio privado, si bien estaba sujeto a autorización en los términos del art. 107 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de régimen local. Ha habido ayuntamientos que, dudando de sí mismos y de la propia letra expresa del TRLHL, impresionados por el derroche argumental de los informes que estas empresas aportaban y animados por alguna sentencia que llevaba las cosas más allá de donde la ley permite, expresamente, han derogado las ordenanzas reguladoras de las tasas por la prestación del servicio de agua potable y han dejado esta contraprestación en una tarifa fuera del alcance de la soberanía del pleno municipal. Es decir, en manos de la propia concesionaria y de la comisión de precios de la Comunidad Autónoma correspondiente.