12 julio, 2010

Las nuevas medidas contra la morosidad

En el BOE nº 163 de 6 de julio de 2010 ha aparecido publicada la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A través de esa Ley, que ahora se ha modificado, se regulan los plazos de pago en las contraprestaciones de las operaciones comerciales realizadas entre empresas,  las realizadas entre empresas y la Administración, así como aquellas operaciones de pago que se realicen entre los contratistas principales y sus proveedores o subcontratistas. La modificación efectuada se aplicará a los contratos que se celebren con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor  (el día 7 de julio de 2010).

27 mayo, 2010

El proyecto de modificacion de la ley de contratos y la nueva regulacion del recurso especial

El Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar, entre otras cuestiones, la exigencia impuesta por la normativa Comunitaria, de que los recursos especiales en materia de contratación sean resueltos por un “órgano independiente” plantea, al menos, dos cuestiones que son analizadas en el presente comentario: la atribución de esta facultad de revisión de actos administrativos a un órgano que no tiene naturaleza jurisdiccional; y posición en la que queda la autonomía local como consecuencia de la “opción” que se reconoce a las Corporaciones Locales de decidir si los recursos que se planteen frente a sus actos serán resueltos por la Administración del Estado o la Administración Autonómica

11 abril, 2010

Viejas ideas para la "nueva" crisis

Revolviendo papeles me he encontrado con unas carpetas de documentos de hace mas de veinticinco años, cuando empecé mi andadura en esto de los gobiernos locales. Todos tenemos la sensación de que nuestras vivencias son únicas, que la crisis actual es apocalíptica y que los gobiernos que se enfrentan a la escasez actual no pueden encontrar referente alguno. Pues bien, entre estos viejos papeles me he encontrado con algunos que han llamado mi atención por su rabiosa actualidad después de treinta años de ser concebidos.

El ayuntamiento de Cincinatti estaba abocado en 1976 al déficit presupuestario. Realizo un referéndum proponiendo un aumento de impuestos, y a pesar de la opinión favorable de las entidades ciudadanas, el resultado fue desfavorable. Para conseguir reducir gastos, constituyo un comité especifico, que inicio una política de reducción de gastos.

10 abril, 2010

La demonización de la deuda de los ayuntamientos

La Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha publicado recientemente la deuda viva de los ayuntamientos españoles existente a 31 de diciembre de 2009, de la que se ha hecho eco la prensa poniendo de manifiesto la pesada losa que para los municipios supone el contar con una mayor deuda que hace un año (un 10 % de incremento con respecto al año 2008) y las medida de restricción que se avecinan para que la Unión Europea no sancione a España por el déficit de sus administraciones públicas.

Lo primero que nos puede llamar la atención es el término utilizado  de “deuda viva”, con el que la mayoría entenderíamos que el Ministerio de Economía y Hacienda trata de exponer públicamente cuanto deben las corporaciones locales de nuestro país. Pues bien, no es así ya que con dicho término el Ministerio solamente se está refiriendo a lo que los a le deben a las entidades financieras por las distintas operaciones de crédito que tienen suscritas con ellas, es decir, en el dato de deuda aportado por el Ministerio no se está computando la que los ayuntamientos tienen contraída con sus diferentes proveedores y contratistas.

6 abril, 2010

El poder de los alcaldes y funcionarios y su control

En los últimos tiempos, están apareciendo en los medios de comunicación bastantes referencias que señalan la conveniencia de otorgar mayor poder a favor de funcionarios municipales para que controlen a los políticos locales para poder así atajar el problema de la corrupción política en los Ayuntamientos. Sin ir más lejos el diario El País, que ya ha dedicado alguna referencia editorial en este sentido, en su edición del día 5 de Abril publica un artículo de opinión de un colaborador habitual de este periódico, Enrique Gil Calvo, en el que recomienda al PSOE y al PP que acuerden por consenso reformas legales contra la corrupción. Tras referirse a  las reformas que proponen los partidos (transferir poder de los políticos a los técnicos en materia urbanística, así como a la supervisión técnica), señala que “Según sostiene el administrativista Alejandro Nieto, y según confirma también la célebre ecuación de Klitgaard sobre la corrupción, es imprescindible que esa supervisión externa sea independiente y actúe de oficio, tal como ocurría con el antiguo cuerpo estatal de interventores municipales”.

La  pérdida de poder de los antiguos funcionarios integrantes de los cuerpos nacionales (secretarios, interventores y depositarios de administración local), como causa directa de la corrupción que azota los gobiernos de las ciudades y la conveniencia de otorgarles a sus herederos, los funcionarios de habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros), un mayor poder frente a los alcaldes como solución, es una línea de pensamiento en alza. A aquella pérdida de poder y a esta supuesta solución es a lo que quiero referirme en estas líneas.