27 septiembre, 2010

La modificacion de la Ley de Contratos, realizada por la Ley 34/2010, es una amenaza para la autonomia local

La modificación que se ha llevado a cabo este verano de la Ley de Contratos, mediante la Ley 34/2010, de 5 de Agosto, entre otras novedades, ha venido a añadirle un Libro VI, con diez artículos, del 310 al 320, para regular el “régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos”. El título sobrepasa el contenido real ya que estos nuevos artículos pretenden conseguir un cuerpo normativo de este recurso administrativo, incluyendo el tribunal u órgano especial independiente que ha de resolverlo, pero nada se regula acerca de esos otros medios alternativos de la resolución de conflictos que se dan en la contratación. Es un pequeño detalle del cúmulo de imprecisiones, confusiones y en definitiva, mala técnica legislativa que pone de manifiesto esta modificación.

Según se señala en el propio preámbulo de la Ley, la modificación tiene como objetivo primordial hacer efectivas las resoluciones que se dicten en los recursos que se interpongan, y que estas resoluciones sean adoptadas por órganos independientes de quien resolvió o tramitó el procedimiento objeto de recurso, trasladando de este modo, a nuestro ordenamiento Directivas Comunitarias. En la administración municipal, por su propia configuración, normalmente los órganos con competencia para resolver, tienen también competencia para entender de los recursos que se presenten contra su actuación, agotando de esta manera la vía administrativa. Naturalmente esta actuación está dotada de ejecutividad y de la presunción de legalidad, siendo revisable únicamente en vía jurisdiccional, que puede suspenderla cautelarmente o incluso, llegar a anularla.

13 septiembre, 2010

Los tribunales empiezan a poner multas a los alcaldes que no pagan

A finales de julio pasado, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Sevilla ha dictado un auto resolviendo un incidente de ejecución de sentencia recaída en un recurso que data, su interposicion, del año 2000. El auto trae causa en el fallo que reconoce el derecho a que se le abonen unas cantidades a  la mercantil recurrente. La Sala, “visto el tiempo transcurrido”, (ahora hace justo un año que se dicto la sentencia), entiende que ya no caben “alegaciones dilatorias”, pues  según se ha acreditado, el ayuntamiento ha aprobado los presupuestos y operaciones de crédito, sin que el pago objeto de la condena cuya ejecución se insta, haya sido merecedor de consideración alguna. No haremos ningun comentario sobre  los nueve años que el resurso ha estado en sede jurisdiccional previamente a ser resuelto.

El auto que comentamos tiene tres pronunciamientos:

8 septiembre, 2010

Las novedades introducidas por la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público realizada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto

Mañana entra en vigor la Ley 34/2010, de 5 de agosto (BOE de 9-08-10), de modificación, entre otras, de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), introduciendo importantes novedades respecto a la regulación anterior.

El motivo de la reforma ha sido la aprobación de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, que tiene como principal finalidad mejorar la eficacia de los procedimientos de tramitación de los recursos en materia de contratación así como luchar contra la adjudicación directa ilegal, calificada por el Tribunal Europeo como la infracción más importante del derecho comunitario en materia de contratos públicos.

3 septiembre, 2010

A propósito de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana

Desde mediados del pasado mes de agosto, unos 188.000 empleados públicos que prestan sus servicios en el ámbito de la Comunidad Valenciana han visto modificado su actual régimen normativo, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que fue publicada el pasado 14 de julio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (nº 6310).

13 julio, 2010

Nuevas acciones legales de los contratistas frente al impago de la Administración

Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que, según establece en su Disposición Final Única, se encuentra en vigor desde el día siguiente a su publicación.

Según se señala en el Preámbulo, esta nueva norma pretende corregir el aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que derivan de la “crisis económica”. En este sentido, cualquier medida que pueda reducir los actuales plazos de pago del sector público resulta bienvenida si con la misma se consigue evitar los efectos que esta demora está produciendo no sólo en pequeños y medianos empresarios, como señala el Preámbulo, sino incluso en empresas con mayor potencial económico-financiero.