20 marzo, 2018

Subvencionar el empleo: algunas consideraciones y una reflexión sobre el workfare encubierto

“La clave es crear empleo. Es empleo, empleo y más empleo. Es generar las condiciones para que se cree cada día más y mejor empleo”. Lo anterior está extraído, literalmente, de las primeras páginas del programa con el que el partido que hoy gobierna concurrió a las últimas elecciones generales. Se ha escogido por su claridad, pero no por su originalidad. El Partido Popular no está solo en la búsqueda del pleno empleo, le acompañan en esta anacrónica travesía las principales fuerzas políticas del país[1]. Y, también, desde hace algunos años, son comunes las políticas de empleo autonómicas que consisten en otorgar subvenciones y fomentar la contratación pública basada en criterios sociales -llevadas a cabo por parte de gobiernos de distinto signo político-. Sin embargo, la ausencia de evaluación de este tipo de medidas evidencia carencias a la hora de fijar con claridad qué modelo de estado de bienestar queremos, desde el punto de vista del empleo. Parece que la implantación de estas medidas tiene más que ver con la intuición que con un análisis de la realidad referenciado en un determinado modelo social.

El objetivo de esta entrada es hacer un breve repaso a los distintos modelos de estado de bienestar existentes para ver dónde podrían encajar las políticas que se están llevando a cabo en España. Nos ocuparemos de estudiar si, jurídicamente, se adecuan a los principios constitucionales; y si, económicamente, encuentran justificación. Se advierte al lector con prisa que la conclusión a la que se ha llegado es que podríamos estar ante políticas más propias del workfare anglosajón que los ansiados modelos de políticas activas de empleo nórdicos o la inclusión social de la Europa continental.

12 marzo, 2018

La jurisdicción contenciosa puede que muera de “éxito”

Desde hace ya bastantes años en cualquier jornada, seminario, encuentro o evento que se organice en torno a cuestiones que tengan que ver con los problemas de la justicia y las estrategias de futuro para que mejore, el exceso de trabajo tiene un especial protagonismo.  Cuando se abordan los males que quejan a la justicia por parte de las más altas instancias gubernamentales, tanto ministeriales como del propio Consejo General del Poder Judicial, se despacha la cuestión señalando que el problema es la sobrecarga, la gran cantidad de asuntos que entran en los juzgados y los recursos que sus pronunciamientos provocan ante instancias superiores.

Planteada la cuestión en estos términos cualquiera puede pensar que la solución de la justicia es la disminución de los asuntos que ha de resolver. Pero realmente, esto no es así. El problema trascendental al que se enfrenta cualquier tribunal cuando acuden las partes de un litigio, es el de dar a cada uno lo suyo, conforme a Derecho. De tal suerte que pudiera ocurrir que siendo pocos los litigios a resolver, si el tribunal no atina con la solución de dar a cada uno lo que le corresponde, la justicia no habrá salido airosa de la alta misión que tiene encomendada por la sociedad. De manera que el hecho de que un juzgado tenga una sobrecarga de trabajo es un inconveniente muy importante, de falta de medios, pero no es el problema de la justicia. Lo será del juzgado.

26 febrero, 2018

La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes.

En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, conforme a lo dispuesto expresamente en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), sino que era un precio privado, si bien estaba sujeto a autorización en los términos del art. 107 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de régimen local. Ha habido ayuntamientos que, dudando de sí mismos y de la propia letra expresa del TRLHL, impresionados por el derroche argumental de los informes que estas empresas aportaban y animados por alguna sentencia que llevaba las cosas más allá de donde la ley permite, expresamente, han derogado las ordenanzas reguladoras de las tasas por la prestación del servicio de agua potable y han dejado esta contraprestación en una tarifa fuera del alcance de la soberanía del pleno municipal. Es decir, en manos de la propia concesionaria y de la comisión de precios de la Comunidad Autónoma correspondiente.

19 febrero, 2018

Renta Básica: la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se pronuncia favorablemente

Hace algo menos de un mes, el pasado 23 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se pronunció acerca de la Renta Básica, votando mayoritariamente a su favor. Se hizo en la sesión de invierno, la primera de las cuatro que se celebran al año, y entre los asuntos a tratar, a propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, se encontraba el llamado “basic citizenship income” (renta básica ciudadana). El informe presentado parte de la situación actual en la que los países europeos han evidenciado sus dificultades para asegurar una vida digna a los ciudadanos. En un contexto en el que el estándar de vida no está asegurado, el pago de una cantidad a cada persona aparece como una forma de proteger la dignidad y la autonomía de las personas. Pero no sólo eso, tal y como recoge el informe, este ingreso universal, individual, incondicional y suficiente ayudaría también a superar los desincentivos para buscar trabajo que muchas veces encuentran quienes perciben prestaciones asistenciales condicionadas. Según el informe, garantizaría de una forma más efectiva que los actuales programas sociales la igualdad de oportunidades. A pesar de las dificultades en implementar una medida como la Renta Básica, el informe concluye que los países deben trabajar juntos para adoptar un marco común europeo con el fin de aspirar, a largo plazo, a una sociedad más inclusiva, justa y unida en la dignidad de las personas.

La resolución fue votada por 93 diputados, de los que 43 votaron a favor, 33 votaron en contra y 13 se abstuvieron. Es decir, sólo el 35% se mostraron claramente en contra de contemplar la Renta Básica como una medida necesaria para erradicar la pobreza y garantizar una vida digna a los ciudadanos europeos. Casi el 52% se mostraron favorables. De la delegación española en la APCE votaron 5 miembros: Jokin Bildarratz (PNV) a favor;  Miren E. Gorrotxategui (Podemos) a favor;  Jordi Roca (PP) a favor; Melisa Rodríguez (Ciudadanos), en contra; y Jordi Xuclà (PDeCat) en contra. Pueden consultarse aquí el resto de miembros de la delegación española en la APCE.

5 febrero, 2018

LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES URBANOS. Ultima doctrina jurisprudencial.

La presente entrada tiene como objetivo reseñar cuál es el órgano competente para el mantenimiento y conservación de los ríos, arroyos, cauces y demás bienes del dominio público hidráulico en la parte de sus tramos que discurren por zonas urbanas, conforme a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, y concretamente a la vista de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017.

Pues bien, el artículo 28.4 de la Ley 10/20001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional establece al efecto, sobre las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas: