Actualidad – ACAL

El TJUE corrige su doctrina “de Diego Porras”

El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que:

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”

30 mayo, 2018

Itinerario de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos para Administraciones Locales

El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) lleva en vigor desde el 24 de mayo de 2016. Sin embargo, ha sido el pasado 25 de mayo de 2018 cuando éste ha comenzado a desplegar sus efectos y, pese ha haber tenido dos años para poder adaptarnos a sus novedades normativas y prácticas, lo cierto es que la mayoría han aguantado hasta el último momento para ponerse “manos a la obra”.

El RGPD se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico y ha comenzado a convivir junto con la actual, y aún vigente, Ley Orgánica 15/999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que configuran a día de hoy nuestro marco normativo en materia de protección de datos.

Novedades en el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional

El pasado 17 de marzo de 2018 fue publicado en el BOE el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Este nuevo cuerpo normativo obedece a la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local  sobre la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) por la que se introdujo el artículo 92 bis , cuyo contenido prevé el desarrollo reglamentario mediante Real Decreto de las especialidades correspondientes a los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional (en adelante, FHCN).

Así, esta nueva regulación, tal y como se expresa en la propia exposición de motivos del Real Decreto 128/2018, tiene entre sus objetivos:

El Reglamento General de Protección de Datos ya está aquí

Estamos en pleno apogeo del Big Data. Las tecnologías irrumpen en todas las esferas de nuestra vida y los datos se convierten en el activo más valorado, el papel desaparece y el contenido que había en él pasa a la “nube”. En cada instante se recogen y almacenan datos de forma masiva y su correcto tratamiento se hace una labor imprescindible para los ciudadanos. El desarrollo tecnológico provoca que fácilmente se traspasen fronteras con un sólo “click” con cantidades de datos sin precedentes.

El riesgo que conlleva el almacenamiento masivo de datos sin el debido tratamiento, unido al desarrollo tecnológico, ha planteado nuevos retos para la protección de datos personales, provocando la necesidad de elaborar una normativa de protección de datos personales que regule y prevea la problemática que puede surgir ante la recogida, intercambio de información y almacenamiento de datos, sin un control acorde con el desarrollo social y tecnológico de nuestro tiempo.

20 marzo, 2018

Subvencionar el empleo: algunas consideraciones y una reflexión sobre el workfare encubierto

“La clave es crear empleo. Es empleo, empleo y más empleo. Es generar las condiciones para que se cree cada día más y mejor empleo”. Lo anterior está extraído, literalmente, de las primeras páginas del programa con el que el partido que hoy gobierna concurrió a las últimas elecciones generales. Se ha escogido por su claridad, pero no por su originalidad. El Partido Popular no está solo en la búsqueda del pleno empleo, le acompañan en esta anacrónica travesía las principales fuerzas políticas del país[1]. Y, también, desde hace algunos años, son comunes las políticas de empleo autonómicas que consisten en otorgar subvenciones y fomentar la contratación pública basada en criterios sociales -llevadas a cabo por parte de gobiernos de distinto signo político-. Sin embargo, la ausencia de evaluación de este tipo de medidas evidencia carencias a la hora de fijar con claridad qué modelo de estado de bienestar queremos, desde el punto de vista del empleo. Parece que la implantación de estas medidas tiene más que ver con la intuición que con un análisis de la realidad referenciado en un determinado modelo social.

El objetivo de esta entrada es hacer un breve repaso a los distintos modelos de estado de bienestar existentes para ver dónde podrían encajar las políticas que se están llevando a cabo en España. Nos ocuparemos de estudiar si, jurídicamente, se adecuan a los principios constitucionales; y si, económicamente, encuentran justificación. Se advierte al lector con prisa que la conclusión a la que se ha llegado es que podríamos estar ante políticas más propias del workfare anglosajón que los ansiados modelos de políticas activas de empleo nórdicos o la inclusión social de la Europa continental.