23 octubre, 2018

Primeros pronunciamientos dictados por las Juntas Consultivas de Contratacón en relación con la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

En esta entrada haremos un repaso por los principales dictámenes emitidos por las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa sobre la aplicación de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Para abordar, cómo están interpretando algunos preceptos de la Ley una vez trascurridos ya los primeros seis meses desde su entrada en vigor y una vez superado el nerviosismo inicial que supuso su aplicación en todas las entidades del sector público, especialmente por las novedades que la Ley introduce en la contratación directa de los gastos menores.
De hecho, empezaremos esta entrada por los primeros informes que emitieron la JCCA del Estado y las administraciones territoriales sobre el artículo 118 LCSP que regula la tramitación del expediente de contratación en contratos menores. Y, que como es notorio, han dado una interpretación distinta para cada ámbito territorial.

Informes emitidos por la JCCA del Estado sobre los contratos menores: expte 41/2017, expte. 42/2017, expte 57/2018 y expte 5/2018 por la Junta Consultiva de Contratación del Estado.
En relación con la limitación que recoge el artículo 118.3 de la LCSP sobre el volumen máximo de contratos menores que pueden realizarse en un año, la JCCA del Estado señala que su interpretación más adecuada pasa por acudir a la finalidad y espíritu de esta nueva regulación. Y que, según este órgano consultivo, es evitar el indebido fraccionamiento de los contratos. Por ello, la JCCA concluye que la limitación impuesta en la norma no constituye una prohibición absoluta, siendo perfectamente admisible concertar contratos con un mismo operador por un importe superior al previsto en la norma cuando se trate de prestaciones “cualitativamente diferentes y no formen una unidad”.
En cuanto al cómputo del plazo de un año, la JCCA del Estado interpreta que el inicio del cómputo empieza a contar desde la fecha de aprobación del gasto, quedando vedada la posibilidad de contratar en los doce meses siguientes desde esa fecha con el mismo operador prestaciones equivalentes por encima de los límites económicos de la Ley. Ello supone que el cómputo será distinto para cada contrato, con la dificultada que ello supondrá para el control posterior de su cumplimiento. Asimismo, señala que, para el cómputo de contratos, habrá de tenerse en cuenta los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley, a efectos de valorar si la formalización del nuevo contrato vulnera el artículo 118.3 LCSP, sin que ello suponga una aplicación retroactiva de la norma.
Por último, la JCCA deja zanjado que es el órgano de contratación el que ha de suscribir el informe de necesidad del servicio, “sin que pueda sustituirse por un mero acuerdo de inicio”.

1 octubre, 2012

Las modificaciones de los contratos de gestión de servicios públicos como consecuencia de los recortes presupuestarios: aspectos jurídico-administrativos.

La crisis económica que vivimos actualmente ha tenido consecuencias en todos los sectores económicos, alterando el nivel de vida de una gran parte de la sociedad y que, si bien no ha afectado a todos por igual, lo cierto es que la vida ya no será igual para nadie después de estos años. Esa crisis económica ha supuesto que, en el caso de los Ayuntamientos, tengan que repensar la estructura de gastos que venía soportando y con ello, un redimensionamiento de los servicios y una reducción del precio de los contratos mediante los cuales prestan de forma indirecta los servicios esenciales que recibimos como suministro de agua, recogida de residuos, entre otros.

Por esta razón  abordamos el marco normativo y los límites impuestos a las administraciones locales para llevar a cabo la modificación de los contratos que tienen actualmente suscritos, que hoy en muchos casos son inviables.

13 febrero, 2012

Un nuevo modelo económico basado en el bien común.

En estos tiempos en los que ahora vivimos donde la crisis económica, el paro y los recortes económicos y sociales son noticia, hace unos días tuve la oportunidad de poder asistir a una conferencia en Alcoy, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que nos mostraron que existen alternativas a los modelos económicos actuales, que es posible superar la actual situación económica desde la perspectiva del bienestar común de la sociedad y el incremento de la riqueza real de la población. Fue como un oasis dentro de esta situación de desesperación generalizada en la que nos hallamos ahora. El ponente era Christian Felber, profesor y escritor austriaco que propugna un nuevo modelo económico basado en el llamado bien común.

Este modelo, tal y como expuso Christian Felber, se presenta como una alternativa a los modelos económicos del capitalismo y el intervencionismo, tras constatarse que ninguno de los dos ha dado una respuesta a las necesidades del mercado. De este modo, tras reflexionar en la necesidad de otra escala de valores, otro modelo económico, surge la idea de la Economía del Bien Común, un nuevo modelo que no se basa en ninguna novedosa teoría económica sino que reposa en los valores que se recogen en todas las constituciones vigentes en los países occidentales: solidaridad, el bien de cuantos nos rodean, cooperación, … Esta teoría propugna cambiar las reglas que rigen la economía actual basadas en el afán de lucro y la competencia por otras donde lo verdaderamente influyente sea el bien común y la cooperación. Así, lo determinante para tener éxito empresarial o a nivel macroeconómico ya no será el beneficio financiero de tu cuenta de resultados ni el PIB de tu economía, sino la contribución al bien común.

12 diciembre, 2011

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.

Esta semana, el viernes día 16, entrara en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) que ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Esta norma deroga  la vigente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por lo que todos los departamentos de contratación del Sector Público tendrán que adaptar los pliegos y las referencias de los artículos de la Ley de Contratos al nuevo articulado del TRLCSP, para lo que resultará de gran utilidad la tabla de concordancias de la LCSP y del nuevo TRLCSP publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

El TRLCSP se promulga al amparo de la Disposición Final Trigésimo Segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que concedía al Gobierno el plazo de un año para su elaboración.  En la exposición de motivos del TRLCSP, se señalan los motivos y propósitos que han llevado a la aprobación del texto:

29 noviembre, 2010

Los Ayuntamientos ante los cortes en el suministro de energía eléctrica de sus servicios

Recientemente, ante la situación de penuria económica que están atravesando los consistorios, resulta que las compañías electricas están recurriendo al corte del suministro debido al impago de los ayuntamientos, con la finalidad de presionar para cobrar sus deudas por el servicio prestado. Desde luego no tenemos nada que objetar a que las compañías reclamen sus deudas. Sin embargo la cuestión se centra en analizar la adecuación a derecho de esta practica, recurrir al corte del suministro, para obligar a los ayuntamientos al pago. Desde aquí hemos querido dar unas pinceladas, fundadas en derecho, para que desde los ayuntamientos puedan posicionarse frente a esta practica que se esta extendiendo.

1. NATURALEZA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.