8 Febrero, 2016

La compatibilidad de las pensiones y de las retribuciones de los concejales

A pesar de las reformas que se le hacen, la administración no llega a alcanzar el sentido común del que hacen gala las personas corrientes. Se presume mucho de la administración inteligente pero, realmente, carece de este atributo si convenimos que la inteligencia, tal como la definía nuestro filosofo X. Zubiri, es el sentido de la realidad. Esta desalentadora valoración viene al caso de las denuncias que estos días hacen los creadores en los distintos medios sobre la situación de incompatibilidad que está declarándose entre las pensiones de los autores y las percepciones que reciben por sus derechos de autor. Hace unos días, el Premio Cervantes de poesía, Antonio Gamoneda decía:“es un disparate. Yo tendré que dejar de escribir, porque, con lo que gano con mi escritura, no puedo vivir”. Para estos días próximos están previstas reuniones de la plataforma creada al efecto, al más alto nivel político, para tratar este disparate. Seguramente, conseguirá que se impongan el sentido común y, con una interpretación razonable del marco regulador -orientada desde los derechos fundamentales, los principios y valores constitucionales- se dará una salida adecuada a este despropósito. La relevancia y popularidad de los autores ayudará a evitar, a ellos, los perjuicios económicos; y, a nosotros, nos permitirá seguir disfrutando de sus obras aunque sean pensionistas.

Traemos este disparate al blog porque realmente no es muy distinto de otro que se está viviendo pero que, desgraciadamente, el colectivo afectado no goza en estos tiempos de la misma simpatía social. Nos referimos a los concejales que perciben alguna pensión por incapacidad y que el desempeño de su cargo aconseja desde el ayuntamiento su liberación total o parcial. Este supuesto está regulado en el articulo 75 de la LRBRL, que señala la incompatibilidad entre  distintas “retribuciones” percibidas de distintas administraciones publicas. Las consultas que evacúa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de sus direcciones provinciales, citando los articulos 3 y 5 de la Ley 53/1984, informa a los que preguntan -normalmente concejales y alcaldes- de la incompatibilidad entre las pensiones que perciben y las retribuciones por el desempeño del cargo de alcalde o concejal en régimen de dedicación total o parcial.

18 Enero, 2016

Jornadas sobre las novedades en el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas.

Organizan:

Instituto Garcia Oviedo.

20 Julio, 2015

Las dificultades para gobernar los nuevos ayuntamientos

Los ayuntamientos que han resultado de las últimas elecciones tienen una diversidad política que dan un colorido muy novedoso a las posibilidades y también a las limitaciones que tienen las corporaciones locales. Hay alcaldes que han resultado elegidos con pactos de gobierno; otros han contado con pactos para la investidura; y otros, simplemente lo son por haber encabezado la lista más votada. Es un nuevo tiempo para la política y el gobierno de las ciudades en el que las cosas no van a ser como hasta ahora. Ni siquiera en aquellos consistorios cuyo alcalde tiene el respaldo de la mayoría absoluta de sus concejales, las cosas van a ser como han venido siendo.

La gente -quienes no son actores de la contienda- entiende que ya basta de tanta mayoría absoluta, que no puede ser que quien “manda” haga “lo que le dé la gana” y que es bueno que tengan que “contar unos con otros” para decidir y hacer “aquello que más conviene a la ciudad”. A esta misma conclusión “de la calle” llegan los analistas y otros que intentan crear opinión. En los sistemas democráticos  las elecciones son un intento de someter la política al sistema métrico decimal, pero como resulta que la política tiene tanto de irracional, nada más pasar la contienda electoral, son muchos los que se pronuncian y aseveran al respecto como si hubieran consultado al oráculo.

13 Julio, 2015

La falta de transparencia de las asignaciones económicas a los grupos municipales

En los meses inmediatamente anteriores a la aprobación de la infausta Reforma Local, tratamos en este blog las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Analizábamos su insuficiente regulación legal y las malas practicas, por no decir otra cosa, que ello permitía. Como estaba en marcha aquella Reforma aprovechábamos la ocasión para pedir desde este humilde sitio que se abordaran las asignaciones a los grupos municipales. Al fin y al cabo, si lo que se pretendía era, entre otras cosas, poner orden en las liberaciones de concejales y sus emolumentos y en los cargos de confianza, entendíamos que de la misma naturaleza de fines participaba la cuestión para la que demandábamos una mejor regulación.

Como todos sabemos, el articulo 73.3 de la LRBRL, que regula las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, no fue objeto de modificación. Nos quedamos como estábamos.  Ya después, la precampaña y en la campaña electoral de estas ultimas elecciones todos los partidos y agrupaciones proclamaban a los cuatro vientos la transparencia como un valor supremo de su futuro gobierno. Todos hemos percibido en esta campaña electoral pasada que los candidatos se han preocupado más de la forma en la que ha de gobernarse, que de las prioridades y estrategias de la acción de gobierno a desarrollar si recibían la confianza de los vecinos. Lo cierto es que por el signo de los tiempos y por la música que hemos oído desde todos los puntos cardinales de la política, llegamos a creer que el mismo pudor que se notaba en la clase política para tratar sobre sueldos, liberaciones y demás recursos económicos para el ejercicio de la política, llegaría también a las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Que igual que se conocen los sueldos de los políticos -en esta especie de concurso extraordinario y ocasional para ver cómo se hace esto de la política más difícil, es decir, quién tiene los sueldos más bajos- íbamos también a saber qué asignaciones se hacen a los grupos, en qué se lo gastan y demás extremos que la gente quiere saber y tiene todo su derecho a ello. Pero lo cierto es que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo.

19 Mayo, 2015

Los informes preceptivos deben constar por escrito

En estos términos se pronunció la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 15 de diciembre de 2011, inadmitiendo el recurso contencioso planteado por un municipio, por falta de capacidad procesal o legitimación “ad procesum” conforme a lo dispuesto en los artículos 69, b) y 45.2 d) de la LJCA. La inadmision se produjo por la falta de cumplimentación de los requisitos previos necesarios para interponer el recurso y, concretamente, la falta del informe previo del secretario a la que alude el articulo 54,3 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local.  Esta sentencia ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo en la STS (Sala C-A, Sección 3ª) de 13 de marzo de 2015, tras el correspondiente recurso de casación

Con relación a lo anterior, hemos de hacer una precisión terminológica para evitar confusiones. Una cosa es la constancia de un informe y su contenido -dando cuenta de él las distintas actuaciones y documentos que obran en el expediente- y otra cosa es la forma que adopte el informe inicialmente. Así, si el informe se emite por escrito, obra en el expediente de manera directa y explícita. Sin embargo, si el informe se emite verbalmente solo quedará constancia de su contenido, argumentos y conclusiones, si se traslada a la resolución que se dicte en el expediente en cuestión o en el acta de la sesión del órgano colegiado que recibió el informe verbal.