5 febrero, 2018

LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES URBANOS. Ultima doctrina jurisprudencial.

La presente entrada tiene como objetivo reseñar cuál es el órgano competente para el mantenimiento y conservación de los ríos, arroyos, cauces y demás bienes del dominio público hidráulico en la parte de sus tramos que discurren por zonas urbanas, conforme a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, y concretamente a la vista de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017.

Pues bien, el artículo 28.4 de la Ley 10/20001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional establece al efecto, sobre las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas:

24 mayo, 2017

El fin de la plusvalía municipal: efectos reales de las sentencias del tribunal constitucional.

Tras la reciente Sentencia nº 59/2017 de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, en adelante TC, (sin perjuicio de las anteriores Sentencias nº 26/2017 y 37/2017), se ha empezado a hablar del fin del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en adelante IIVTNU, en aquellos supuestos en los que el precio de venta del inmueble es inferior al precio de adquisición que en su día abonó el sujeto pasivo.

A este respecto, debemos señalar en primer lugar cual es el pronunciamiento exacto del TC sobre la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales (artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4), y cuál es el alcance del mismo.

20 junio, 2016

Otra vuelta de tuerca a la tasa del servicio de abastecimiento de agua potable, ahora fuera de los tribunales. (I)

El pasado 11 de enero de 2016 se publicó la entrada “Tasa o precio privado en el servicio de agua (II): ¿fin del debate?”, en la que poníamos de manifiesto las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo referentes a la naturaleza de tasa de la contraprestación abonada por el usuario del abastecimiento de agua potable, con independencia de la forma de gestión de dicho servicio por el municipio correspondiente (gestión directa o indirecta).

En dicha entrada, considerábamos que el debate sobre la naturaleza de tasa de dicha prestación estaría finalizado, al existir dos sentencias recientes que defendían el carácter de tasa, aplicando la nueva redacción de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tras la supresión del famoso párrafo segundo de la letra a) del número 2 del artículo 2 suprimido por la disposición final quincuagésima octava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. (STS 23/11/2015 y STS 24/11/2015)

11 enero, 2016

Tasa o precio privado en el servicio de agua (II): ¿fin del debate?

Esta entrada del blog es continuación de la anterior entrada Tasa o precio privado en el servicio de agua: vuelta al debate, en la que se trataba la clasificación de la contraprestación del servicio de abastecimiento de agua potable como tasa o precio público, tras la supresión del segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, tras la reforma de esta última llevada a cabo por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Informe de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) del 26 de julio de 2011.

Este informe de la DGT volvía abrir el debate sobre la naturaleza jurídica que tiene la contraprestación económica que se realiza por la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado; concluyéndose que si un ente local gestiona directamente y de manera indiferenciada el servicio, debe exigirse a los usuarios una tasa. Si por el contrario esos servicios se gestionan a través de una sociedad privada municipal, o una empresa privada con un contrato administrativo de gestión de servicio, las contraprestaciones económicas a percibir dejan la esfera de los ingresos de derecho público y se convierten en ingresos de derecho privado, y por tanto tales contraprestaciones, dice literalmente la DGT, se pueden reconducir al ámbito de los precios privados.

16 junio, 2015

El valor probatorio de las declaraciones prestadas ante funcionarios policiales

El pasado 3 de junio de 2015 se adoptó un Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre el valor probatorio de las declaraciones efectuadas ante los funcionarios policiales en los procedimientos jurisdiccionales. En concreto se indica:

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.