12 julio, 2017

Indemnizaciones por cese de funcionarios interinos. La sentencia de 30 de junio de 2017 y algunas consideraciones sobre empleo temporal en las AAPP.

Texto integro de la sentencia de 30 de junio de 2017

Se veía venir, y efectivamente, ya tenemos “casi”, y sin casi, planteado un problema con consecuencias, a corto y medio plazo, de enorme repercusión en nuestro empleo público. Era cuestión de tiempo que la puesta en “solfa” de la recurrente temporalidad en el empleo público, ya se tratase de personal interino o laboral, fuera objeto de reproche judicial.

30 mayo, 2016

La exigencia “interesada” de informes en todos los expedientes.

A cualquier estudioso del régimen jurídico de las Administraciones públicas no le cabrá duda alguna de que, según lo previsto legalmente, los informes con carácter general no son preceptivos ni vinculantes en las Administración públicas.  Es, casi puede decirse así, una histórica regla de nuestro procedimiento administrativo. También, hemos de añadir, de los procedimientos administrativos que se tramitan en las entidades locales. El problema viene cuando este paradigma, indiscutido por toda la doctrina, se cruza con la responsabilidad en que pueden incurrir autoridades y empleados públicos. En estos casos, y como vía de salvación para algunas autoridades y funcionarios públicos, el artículo 172 del ROF se convierte en un “rosco de salvación” al cual agarrarse para trasladar la responsabilidad a otros funcionarios y salvar la propia. Así, muchos responsables políticos evitan enfrentarse a sus responsabilidades, cual es su obligación y para eso les pagan, pudiendo de esta manera obviar o bordear la legalidad para conseguir objetivos, no necesariamente inconfesables, pero si que no ajustados a la legalidad vigente.

Estos supuestos constituyen, a nuestro juicio, una equivocada e intencionada interpretación del régimen jurídico de los informes en las entidades locales, que viene a concluir que todos los expedientes han de ser preceptivamente informados, en contra de la legislación de procedimiento administrativo común  -común hemos de repetir –  establecida en normas con rango de Ley y en virtud de un título competencial muy específico que va más allá de la legislación básica.

¿Pueden los ayuntamientos declarar al personal laboral en la condición de indefinido no fijo?

Se plantea en numerosos municipios, y dadas las importantes bolsas de personal contratado en situación de indefinido no fijo -en la mayoría de los supuestos de carácter fáctico aunque no declarada judicialmente-, cómo proceder con distintos trabajadores que, con irregularidades en su situación laboral producto de dicha situación, vienen prestando servicios en los mismos sin que haya mediado ninguna sentencia judicial que reconozca la misma. El afán, en la mayoría de las ocasiones, es legítimo: ¿cómo proceder a regularizar las distintas situaciones jurídicas que, entre otras causas, el propio legislador ha fomentado con una irresponsable política de restricción de la posibilidad de convocatoria regular de plazas mediante oferta de empleo público? ¿Pueden, autotutelándose, proceder a ello?

No es ajeno el autor de estas líneas de que diversos ayuntamientos, a instancias de la Inspección de Trabajo o a motu propio mediante Planes de Empleo o directamente mediante acuerdos plenarios o resoluciones de órganos unipersonales, han procedido a declarar dicha situación (inclusive alguna sentencia judicial obiter dicta, ya que no se enjuicia dicha cuestión, parece admitirla), pero nuestra opinión es contraria a dichas declaraciones y más afín a otras sentencias que  parecen rechazarla, también obiter dicta, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de febrero de 2014 (rec. nº 170/2013, sala de lo contencioso administrativo sección cuarta) que alude a que el personal indefinido no fijo requiere un pronunciamiento judicial del orden social que reconozca esa relación temporal viciada e irregular otorgando el carácter de “indefinido”. Pero vayamos a los motivos que nos asisten para mantener dicha opinión.

21 abril, 2016

¿Es la cesión del contrato un negocio jurídico privado?

La cesión del contrato se había situado extramuros del ejercicio del ius variandi, que se circunscribe a la novación objetiva del contrato. De esta forma, no se ha reparado suficientemente que la alteración del sujeto que ha de realizar la prestación supone una modificación esencial del contrato. Por ello, como ha resaltado BAÑO LEON el impacto de las nuevas Directivas de 2014 respecto de la cesión debiera ser notable.

Como es conocido, la modificación subjetiva del contrato abarca los supuestos de sucesión en la persona del contratista y la cesión del contrato.