23 enero, 2012

La cuantificacion de las costas procesales a proposito de la nueva regulacion en la Ley de la Jurisdiccion Contenciosa (II).

Como continuación al análisis inciado en la entrada La nueva regulación de las costas procesales en la jurisdicción contenciosa tras la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, en ésta nos ocuparemos también de las costas, pero no de su imposición sino de su tasación. En concreto, abordaremos el cambio de criterio que ha tenido lugar en dos recientes autos del TS a la hora de cuantificar las costas. No obstante, conviene recordar cómo vienen reguladas por nuestro ordenamiento jurídico así como cuál ha sido hasta ahora el criterio dominante para su cálculo.

Las costas procesales, tal y como viene estableciendo pacífica Jurisprudencia TC, consisten en el resarcimiento de los gastos procesales originados por la defensa en juicio de los respectivos derechos e intereses legítimos (enlazar: STC núm. 119/2008, de 6 de mayo). Los artículos 241 y siguientes de la LEC se ocupan de la tasación de las costas, enumerando los conceptos que las conforman y los procedimientos a seguir para solicitar su tasación e impugnación. La enumeración, no exhaustiva, de los conceptos que las constituyen viene encabezada por los honorarios de la defensa, es decir, los honorarios profesionales del abogado. Y es precisamente en la cuantificación de los honorarios profesionales donde se originan la mayoría de las impugnaciones, como bien es sabido. Teniendo en cuenta que existe, de un lado, la obligación contractual entre el cliente y el abogado (que tiene derecho a una retribución según el art. 44 EGA y, de otro, la parte vencida que debe hacerse cargo de las costas y que nada tuvo que ver en ese compromiso, se entiende que tenga que existir un criterio común lo menos subjetivo posible para determinar cuáles son esos honorarios. De hecho, y en línea con este objetivo, el artículo 243.2 LEC exige detalle en la tasación de las costas y los apartados cuarto y quinto del artículo 242 establecen que los procuradores estarán sujetos a sus aranceles y los abogados y demás profesionales a las normas reguladoras de su estatuto profesional. En este sentido, parece coherente con todo ello lo que se venía haciendo hasta ahora y que venía previsto normativamente (D.A. 4º Ley 2/1974, de 13 de febrero), esto es, recurrir al Baremo de Honorarios Profesionales del Colegio correspondiente para llevar a cabo la tasación del modo más objetivo posible: establecer iguales honorarios para litigios de igual cuantía. Un criterio al que se acoge la propia LEC, por ejemplo, cuando regula los tipos de procedimientos (verbal u ordinario).