28 enero, 2013

La litigiosidad promovida por los concejales y la ejecución de las sentencias declarativas.

Aunque el articulo 20.1 a) de la Ley de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa viene a impedir que en el seno de una institución o corporación de derecho público los miembros que la integran y sus órganos puedan impugnar los actos de dicho ente al que pertenece, en la administración local, sin embargo, el articulo 63, 2 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local contempla una excepción en virtud de la cual los concejales pueden impugnar los actos y acuerdos municipales. Si bien la literalidad del precepto exige que el concejal que impugna un acuerdo haya votado en contra, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con una interpretación amplia y antiformalista  excusa de tal requisito, permitiendo así que un concejal pueda impugnar las resoluciones de alcaldía o de la junta de gobierno en la que no ha tenido ocasión de intervenir si no forma parte de dicho órgano.

Así, la Sentencia del TC de 18 de octubre de 2004  señala que la legitimación de los concejales para impugnar los actos y acuerdos de la Corporación de la que son parte no se fundamenta en un interés abstracto en la legalidad, sino que es

11 diciembre, 2012

Carta al Presidente de la FEMP sobre cumplimiento de la supresión de la paga extra

Mediante Carta, de 5 de diciembre, del Secretario de Estado de Administraciones Públicas al Presidente de la FEMP se comunica que, en relación con la supresión de la paga extra de Navidad, se tendrá que remitir a la Delegación o Subdelegación del Gobierno el Certificado del Acuerdo adoptado en cumplimiento del RD 20/2012, de 13 de junio.

El texto completo de la Carta se puede leer aquí.

15 octubre, 2012

A vueltas con los despidos de los empleados indefinidos no fijos

En nuestra entrada del pasado mes de marzo abordábamos la situacion de los trabajadores indefinidos no fijos en la administración  En concreto, nos ocupamos de la extinción de estos contratos, no por la provisión de la plaza a la que de alguna manera estaba vinculado, sino por causas que nosotros consideramos objetivas y se vienen encuadrando en las medidas de reducción del gasto y planes de ajuste de las administraciones públicas. Al hilo de estos despidos que se vienen produciendo, comentábamos la sentencia dictada en el Juzgado nº 33 de Madrid y que, a nuestro modo de ver, fundamenta muy sólidamente la necesidad de indemnizar estas finalizaciones de contratos, al amparo del despido objetivo del art. 51 ET, y no aplicar por analogía la doctrina de los interinos cuyo marco normativo es funcionarial y no laboral.

Sin embargo, lo cierto es que conforme van avanzando la mala situación de las administraciones y los recortes en los servicios públicos se tira cada vez más de esta solucion de despedir a empleados indefinidos no fijos, al ser ésta la manera más económica de reducir el capítulo de personal a la vista de los pronunciamientos que van apareciendo.  La consecuencia que ello está teniendo no es más que otorgar carta de naturaleza a la realización de este tipo de despidos sin indemnización alguna, contrariamente a lo que argumentaba la sentencia de nuestra anterior entrada así como a la del TSJ Castilla y León de 18 de marzo de 2009. En estos pronunciamientos, acertados a nuestro entender, se tratan los supuestos de trabajadores indefinidos no fijos cuyo puesto de trabajo se amortiza. En este sentido, señalan que ante la existencia de irregularidades en la contratación temporal por una administración y la conversión de los trabajadores temporales en indefinidos no fijos, la obligación de la administración es proceder a la cobertura reglamentaria de las plazas, con arreglo a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En el momento en que dicha cobertura se produzca, ello acarreará la extinción sin indemnización del contrato del trabajador indefinido no fijo que la ocupaba. Ahora bien, y este es el supuesto que nos interesa estudiar, asunto bien distinto será el caso de la amortización de las plazas por considerarlas innecesarias la administración o más bien finalización de estos contratos que casi nunca están vinculados a una plaza de plantilla; para estos casos nuestro Estatuto de los Trabajadores prevé cuáles son los cauces a seguir y la administración no puede no ampararse en ellos. Es decir, la causa objetiva que supondría la amortización de la plaza es lícita pero la administración tendrá que seguir lo previsto en la norma para tal causa extintiva.

20 marzo, 2012

La motivacion de las sentencias es un derecho fundamental

Datos recientes del CGPJ revelan que, desde 2008, estamos ante un aumento de la litigiosidad sin precedentes . Sin dejar de lado lo evidente -el correlativo incremento de las resoluciones que jueces y tribunales han de dictar- no podemos obviar el hecho de que, cada vez más, nos encontramos ante resoluciones judiciales que no han sido suficientemente motivadas y que dejan al ciudadano con la sensación de que se ha visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Sin ánimo de entrar en el detalle de la teoría de la argumentación jurídica y judicial, procederemos a un breve análisis del tema, tratando de hacer un repaso de la normativa y jurisprudencia existente al respecto.

En el capítulo XLV del Quijote (“De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula, y del modo que comenzó a gobernar”) se reproduce cómo Sancho Panza resuelve los conflictos  que son presentados ante él para una solución utilizando siempre el ingenio y la intuición. Sin embargo, los jueces no pueden ni deben tener como único elemento de juicio la simple intuición. Aún en los supuestos en que podría parecer que los jueces hacen uso de intuiciones, el desarrollo de un análisis razonado del conflicto y de la solución al mismo ha de estar siempre presente.
El origen de la necesidad de motivar cualquier tipo de resolución judicial lo encontramos en los problemas que la aplicación del derecho plantea: los vacíos legales, los términos ambiguos o la indeterminación de la consecuencia jurídica, entre otros. Estamos rodeados de normas imperfectas que hacen que los tribunales tengan que optar entre varias alternativas jurídicamente posibles. En consecuencia, toda resolución judicial habrá de explicar y/o justificar porqué se opta por una solución y no por otra.  Así, hemos de distinguir entre razones explicativas (dan cuenta de los móviles psicológicos que indujeron al juez a tomar una decisión) y razones justificativas (dirigidas a presentar argumentos para hacer aceptable la decisión y mostrar su adecuación al ordenamiento jurídico vigente).
De no darse las razones mencionadas, estaríamos ante una arbitrariedad por parte de los poderes públicos, algo que, de manera general, está prohibido por el art. 9.3 CE. Pero, más concretamente, veamos cuáles son los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que recogen la obligación de motivar las sentencias:

23 enero, 2012

La cuantificacion de las costas procesales a proposito de la nueva regulacion en la Ley de la Jurisdiccion Contenciosa (II).

Como continuación al análisis inciado en la entrada La nueva regulación de las costas procesales en la jurisdicción contenciosa tras la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, en ésta nos ocuparemos también de las costas, pero no de su imposición sino de su tasación. En concreto, abordaremos el cambio de criterio que ha tenido lugar en dos recientes autos del TS a la hora de cuantificar las costas. No obstante, conviene recordar cómo vienen reguladas por nuestro ordenamiento jurídico así como cuál ha sido hasta ahora el criterio dominante para su cálculo.

Las costas procesales, tal y como viene estableciendo pacífica Jurisprudencia TC, consisten en el resarcimiento de los gastos procesales originados por la defensa en juicio de los respectivos derechos e intereses legítimos (enlazar: STC núm. 119/2008, de 6 de mayo). Los artículos 241 y siguientes de la LEC se ocupan de la tasación de las costas, enumerando los conceptos que las conforman y los procedimientos a seguir para solicitar su tasación e impugnación. La enumeración, no exhaustiva, de los conceptos que las constituyen viene encabezada por los honorarios de la defensa, es decir, los honorarios profesionales del abogado. Y es precisamente en la cuantificación de los honorarios profesionales donde se originan la mayoría de las impugnaciones, como bien es sabido. Teniendo en cuenta que existe, de un lado, la obligación contractual entre el cliente y el abogado (que tiene derecho a una retribución según el art. 44 EGA y, de otro, la parte vencida que debe hacerse cargo de las costas y que nada tuvo que ver en ese compromiso, se entiende que tenga que existir un criterio común lo menos subjetivo posible para determinar cuáles son esos honorarios. De hecho, y en línea con este objetivo, el artículo 243.2 LEC exige detalle en la tasación de las costas y los apartados cuarto y quinto del artículo 242 establecen que los procuradores estarán sujetos a sus aranceles y los abogados y demás profesionales a las normas reguladoras de su estatuto profesional. En este sentido, parece coherente con todo ello lo que se venía haciendo hasta ahora y que venía previsto normativamente (D.A. 4º Ley 2/1974, de 13 de febrero), esto es, recurrir al Baremo de Honorarios Profesionales del Colegio correspondiente para llevar a cabo la tasación del modo más objetivo posible: establecer iguales honorarios para litigios de igual cuantía. Un criterio al que se acoge la propia LEC, por ejemplo, cuando regula los tipos de procedimientos (verbal u ordinario).