4 agosto, 2014

El derecho humano al agua

El 28 de julio de 2010 se aprobó la Resolución nº 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. A través de esta Resolución Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Ya en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua, en cuyo art. I.1 se establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. E igualmente, se define este derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Sentado lo anterior, lo cierto es que la fundamentación jurídica del derecho humano al agua se construye interpretando los arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966 (BOE nº 103, de 30 de abril de 1977), relativos al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11) y derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 12). Es cierto que estos artículos no se refieren expresamente al derecho al agua pero, a partir de la interpretación auténtica realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas realizada en Ginebra en el 29º periodo de sesiones 2002, encontramos el sustento de esta declaración del derecho humano al agua.

5 mayo, 2014

Los tribunales no deben utilizarse como instancias políticas (I): la capacidad procesal en la jurisdicción penal

El art. 125 de la Constitución Española, piedra angular de la participación en la Administración de Justicia para los ciudadanos, establece que éstos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. En parecidos términos se pronuncia el art. 101 de la LeCrim, al establecer que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley. Al amparo de este precepto legal, los grupos políticos, a menudo, trasladan la discusión política propia de las instituciones representativas a los tribunales. Sin embargo, este proceder tan impropio como extendido actualmente, no viene respaldado por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

En este entrada, haremos un repaso de cuáles son los motivos que conducen a nuestros tribunales a rechazar la personación de los grupos políticos y de las propias administraciones públicas en las causas penales, ya sea como acusación popular o como acusación particular – art. 110 LeCrim-.

27 enero, 2014

El fomento de la ética de los cargos públicos a propósito de la Ley de Transparencia.

Asumir que se tiene un problema es el primer paso que ha de darse para solucionarlo. De lo contrario, ni siquiera será posible implementar una solución, por muy mala que ésta sea. Esto fue lo que asumió el gobierno de EE.UU. cuando creó la Oficina de Ética como consecuencia de la falta de confianza de sus ciudadanos tras el escándalo del watergate. Nos lo contó la semana pasada en su viaje a España una de las “madres fundadoras” de la Oficina de Ética: Jane S. Ley, actualmente retirada de sus funciones como directora adjunta de la Oficina y dedicada a asesorar al departamento de estado del gobierno norteamericano en programas internacionales de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad en los cargos públicos.

La conferencia de Jane S. Ley fue encaminada a contar su experiencia a lo largo de estos años en la Oficina de Ética y cuáles son las medidas que se adoptaron para fomentar la transparencia en las administraciones públicas y la integridad de los cargos públicos. El papel de la Oficina es, fundamentalmente, preventivo y, en este sentido, si bien también opera con posterioridad a que se produzcan conductas no deseadas el principal objetivo es que se eviten. Los cuatro puntos cardinales en los que se basa el funcionamiento de la Oficina son los que pasamos a comentar brevemente.

20 mayo, 2013

La reforma de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que se avecina (I)

“Las leyes inútiles debilitan las necesarias”

(Montesquieu, 1689-1755)

11 febrero, 2013

El derecho a la tutela judicial efectiva y los disparates jurídicos

“(…) Los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan, ciertamente, la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (…). Y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (…).

Ahora bien, lo que en todo caso sí garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (…)”. [STC (Sala Segunda) núm. 173/2002, de 9 de octubre; FJ 8].