20 marzo, 2012

La motivacion de las sentencias es un derecho fundamental

Datos recientes del CGPJ revelan que, desde 2008, estamos ante un aumento de la litigiosidad sin precedentes . Sin dejar de lado lo evidente -el correlativo incremento de las resoluciones que jueces y tribunales han de dictar- no podemos obviar el hecho de que, cada vez más, nos encontramos ante resoluciones judiciales que no han sido suficientemente motivadas y que dejan al ciudadano con la sensación de que se ha visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Sin ánimo de entrar en el detalle de la teoría de la argumentación jurídica y judicial, procederemos a un breve análisis del tema, tratando de hacer un repaso de la normativa y jurisprudencia existente al respecto.

En el capítulo XLV del Quijote (“De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula, y del modo que comenzó a gobernar”) se reproduce cómo Sancho Panza resuelve los conflictos  que son presentados ante él para una solución utilizando siempre el ingenio y la intuición. Sin embargo, los jueces no pueden ni deben tener como único elemento de juicio la simple intuición. Aún en los supuestos en que podría parecer que los jueces hacen uso de intuiciones, el desarrollo de un análisis razonado del conflicto y de la solución al mismo ha de estar siempre presente.
El origen de la necesidad de motivar cualquier tipo de resolución judicial lo encontramos en los problemas que la aplicación del derecho plantea: los vacíos legales, los términos ambiguos o la indeterminación de la consecuencia jurídica, entre otros. Estamos rodeados de normas imperfectas que hacen que los tribunales tengan que optar entre varias alternativas jurídicamente posibles. En consecuencia, toda resolución judicial habrá de explicar y/o justificar porqué se opta por una solución y no por otra.  Así, hemos de distinguir entre razones explicativas (dan cuenta de los móviles psicológicos que indujeron al juez a tomar una decisión) y razones justificativas (dirigidas a presentar argumentos para hacer aceptable la decisión y mostrar su adecuación al ordenamiento jurídico vigente).
De no darse las razones mencionadas, estaríamos ante una arbitrariedad por parte de los poderes públicos, algo que, de manera general, está prohibido por el art. 9.3 CE. Pero, más concretamente, veamos cuáles son los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que recogen la obligación de motivar las sentencias:

23 enero, 2012

La cuantificacion de las costas procesales a proposito de la nueva regulacion en la Ley de la Jurisdiccion Contenciosa (II).

Como continuación al análisis inciado en la entrada La nueva regulación de las costas procesales en la jurisdicción contenciosa tras la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, en ésta nos ocuparemos también de las costas, pero no de su imposición sino de su tasación. En concreto, abordaremos el cambio de criterio que ha tenido lugar en dos recientes autos del TS a la hora de cuantificar las costas. No obstante, conviene recordar cómo vienen reguladas por nuestro ordenamiento jurídico así como cuál ha sido hasta ahora el criterio dominante para su cálculo.

Las costas procesales, tal y como viene estableciendo pacífica Jurisprudencia TC, consisten en el resarcimiento de los gastos procesales originados por la defensa en juicio de los respectivos derechos e intereses legítimos (enlazar: STC núm. 119/2008, de 6 de mayo). Los artículos 241 y siguientes de la LEC se ocupan de la tasación de las costas, enumerando los conceptos que las conforman y los procedimientos a seguir para solicitar su tasación e impugnación. La enumeración, no exhaustiva, de los conceptos que las constituyen viene encabezada por los honorarios de la defensa, es decir, los honorarios profesionales del abogado. Y es precisamente en la cuantificación de los honorarios profesionales donde se originan la mayoría de las impugnaciones, como bien es sabido. Teniendo en cuenta que existe, de un lado, la obligación contractual entre el cliente y el abogado (que tiene derecho a una retribución según el art. 44 EGA y, de otro, la parte vencida que debe hacerse cargo de las costas y que nada tuvo que ver en ese compromiso, se entiende que tenga que existir un criterio común lo menos subjetivo posible para determinar cuáles son esos honorarios. De hecho, y en línea con este objetivo, el artículo 243.2 LEC exige detalle en la tasación de las costas y los apartados cuarto y quinto del artículo 242 establecen que los procuradores estarán sujetos a sus aranceles y los abogados y demás profesionales a las normas reguladoras de su estatuto profesional. En este sentido, parece coherente con todo ello lo que se venía haciendo hasta ahora y que venía previsto normativamente (D.A. 4º Ley 2/1974, de 13 de febrero), esto es, recurrir al Baremo de Honorarios Profesionales del Colegio correspondiente para llevar a cabo la tasación del modo más objetivo posible: establecer iguales honorarios para litigios de igual cuantía. Un criterio al que se acoge la propia LEC, por ejemplo, cuando regula los tipos de procedimientos (verbal u ordinario).