20 marzo, 2018

Subvencionar el empleo: algunas consideraciones y una reflexión sobre el workfare encubierto

“La clave es crear empleo. Es empleo, empleo y más empleo. Es generar las condiciones para que se cree cada día más y mejor empleo”. Lo anterior está extraído, literalmente, de las primeras páginas del programa con el que el partido que hoy gobierna concurrió a las últimas elecciones generales. Se ha escogido por su claridad, pero no por su originalidad. El Partido Popular no está solo en la búsqueda del pleno empleo, le acompañan en esta anacrónica travesía las principales fuerzas políticas del país[1]. Y, también, desde hace algunos años, son comunes las políticas de empleo autonómicas que consisten en otorgar subvenciones y fomentar la contratación pública basada en criterios sociales -llevadas a cabo por parte de gobiernos de distinto signo político-. Sin embargo, la ausencia de evaluación de este tipo de medidas evidencia carencias a la hora de fijar con claridad qué modelo de estado de bienestar queremos, desde el punto de vista del empleo. Parece que la implantación de estas medidas tiene más que ver con la intuición que con un análisis de la realidad referenciado en un determinado modelo social.

El objetivo de esta entrada es hacer un breve repaso a los distintos modelos de estado de bienestar existentes para ver dónde podrían encajar las políticas que se están llevando a cabo en España. Nos ocuparemos de estudiar si, jurídicamente, se adecuan a los principios constitucionales; y si, económicamente, encuentran justificación. Se advierte al lector con prisa que la conclusión a la que se ha llegado es que podríamos estar ante políticas más propias del workfare anglosajón que los ansiados modelos de políticas activas de empleo nórdicos o la inclusión social de la Europa continental.

19 febrero, 2018

Renta Básica: la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se pronuncia favorablemente

Hace algo menos de un mes, el pasado 23 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se pronunció acerca de la Renta Básica, votando mayoritariamente a su favor. Se hizo en la sesión de invierno, la primera de las cuatro que se celebran al año, y entre los asuntos a tratar, a propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, se encontraba el llamado “basic citizenship income” (renta básica ciudadana). El informe presentado parte de la situación actual en la que los países europeos han evidenciado sus dificultades para asegurar una vida digna a los ciudadanos. En un contexto en el que el estándar de vida no está asegurado, el pago de una cantidad a cada persona aparece como una forma de proteger la dignidad y la autonomía de las personas. Pero no sólo eso, tal y como recoge el informe, este ingreso universal, individual, incondicional y suficiente ayudaría también a superar los desincentivos para buscar trabajo que muchas veces encuentran quienes perciben prestaciones asistenciales condicionadas. Según el informe, garantizaría de una forma más efectiva que los actuales programas sociales la igualdad de oportunidades. A pesar de las dificultades en implementar una medida como la Renta Básica, el informe concluye que los países deben trabajar juntos para adoptar un marco común europeo con el fin de aspirar, a largo plazo, a una sociedad más inclusiva, justa y unida en la dignidad de las personas.

La resolución fue votada por 93 diputados, de los que 43 votaron a favor, 33 votaron en contra y 13 se abstuvieron. Es decir, sólo el 35% se mostraron claramente en contra de contemplar la Renta Básica como una medida necesaria para erradicar la pobreza y garantizar una vida digna a los ciudadanos europeos. Casi el 52% se mostraron favorables. De la delegación española en la APCE votaron 5 miembros: Jokin Bildarratz (PNV) a favor;  Miren E. Gorrotxategui (Podemos) a favor;  Jordi Roca (PP) a favor; Melisa Rodríguez (Ciudadanos), en contra; y Jordi Xuclà (PDeCat) en contra. Pueden consultarse aquí el resto de miembros de la delegación española en la APCE.

19 abril, 2017

Las ciudades frente al impacto de la economía colaborativa en el turismo y la convivencia: ¿es una guerra o hay espacio para la conciliación?

«En esencia, se trata de empoderar. Se trata de empoderar a la gente para establecer vínculos valiosos que nos están permitiendo redescubrir la humanidad que hemos perdido por el camino, interactuando en mercados (…) que se basan en las relaciones personales y no en la transacción vacía»

El extracto anterior es la definición de economía colaborativa que ofreció Rachel Botsman en una famosa conferencia, traducida hoy a más de 23 idiomas, cuyo título viene a decir que la moneda de cambio de hoy en día es la confianza.

13 junio, 2016

El derecho a la información de los sindicatos y el derecho a la intimidad de los trabajadores

Frecuentemente, los representantes de los trabajadores solicitan información a la empresa y/o la administración pública que contiene datos personales de los empleados. En esta entrada trataremos la cuestión desde dos puntos de vista: de un lado, el derecho que ostentan los representantes de los trabajadores a estar informados; y, de otro lado, el derecho a la intimidad de la personas que ha de preservarse para no vulnerar lo previsto en la normativa de protección de datos.

En concreto,  nos interesa en esta entrada la petición que hacen los sindicatos relativa a la obtención de la copia básica de los contratos que se realizan porque, como es sabido, los contratos contiene datos de los trabajadores que tienen que ver con su intimidad. El art. 64 ET es el precepto en el que se amparan los representantes sindicales para solicitar tal documentación. Se trata de un extenso precepto legal que, entre otras cuestiones, recoge el derecho a recibir copia en los siguientes términos:

18 marzo, 2016

Aplicación de las nuevas Directivas sobre contratación pública: documentos de interés

Ponemos en esta entrada dos documentos que consideramos de especial interés en relación con la aplicación de las nuevas Directivas europeas sobre contratación pública:

  • La recomendación de la Junta Consultiva de contratación administrativa del estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las nuevas Directivas de contratación pública, de 15 de marzo de 2016; y
  • El documento de estudio aprobado por los Tribunales administrativos de contratación pública, titulado los efectos jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de Contratos del Sector Público, de 1 de marzo de 2016.