¿Pueden los ayuntamientos declarar al personal laboral en la condición de indefinido no fijo?

Se plantea en numerosos municipios, y dadas las importantes bolsas de personal contratado en situación de indefinido no fijo -en la mayoría de los supuestos de carácter fáctico aunque no declarada judicialmente-, cómo proceder con distintos trabajadores que, con irregularidades en su situación laboral producto de dicha situación, vienen prestando servicios en los mismos sin que haya mediado ninguna sentencia judicial que reconozca la misma. El afán, en la mayoría de las ocasiones, es legítimo: ¿cómo proceder a regularizar las distintas situaciones jurídicas que, entre otras causas, el propio legislador ha fomentado con una irresponsable política de restricción de la posibilidad de convocatoria regular de plazas mediante oferta de empleo público? ¿Pueden, autotutelándose, proceder a ello?

No es ajeno el autor de estas líneas de que diversos ayuntamientos, a instancias de la Inspección de Trabajo o a motu propio mediante Planes de Empleo o directamente mediante acuerdos plenarios o resoluciones de órganos unipersonales, han procedido a declarar dicha situación (inclusive alguna sentencia judicial obiter dicta, ya que no se enjuicia dicha cuestión, parece admitirla), pero nuestra opinión es contraria a dichas declaraciones y más afín a otras sentencias que  parecen rechazarla, también obiter dicta, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de febrero de 2014 (rec. nº 170/2013, sala de lo contencioso administrativo sección cuarta) que alude a que el personal indefinido no fijo requiere un pronunciamiento judicial del orden social que reconozca esa relación temporal viciada e irregular otorgando el carácter de “indefinido”. Pero vayamos a los motivos que nos asisten para mantener dicha opinión.