23 noviembre, 2016

La mediación ya esta en marcha en la jurisdicción contenciosa.

A veces cuando hablamos de los problemas de la justicia nos limitamos a señalar la sobrecarga de los asuntos a la que se enfrentan los tribunales y las oficinas judiciales. Siendo este hecho muy relevante para el éxito de la función jurisdiccional, en puridad, la cuestión está mal planteada. Realmente el verdadero problema al que se enfrenta la justicia, como servicio público, es resolver los asuntos de manera justa en derecho, dando a cada uno lo suyo. La sobrecarga de trabajo o de expedientes o de asuntos, es un problema subjetivo, del tribunal o de la oficina que padece tal situación. Pero objetivamente, el verdadero problema de la jurisdicción es conseguir que las partes de un litigio salgan del palacio de justicia al que acudieron a resolver sus diferencias, mejor de lo que entraron y con una solución, en derecho, a su problema. Por desgracia esto no siempre es así. Ocurre con frecuencia  que a veces los litigantes salen peor que entraron.

Ya hace tiempo que desde las distintas instancias, Consejo General  del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Colegios Profesionales, entre otros, se viene trabajando con soluciones alternativas a las formulas tradicionales de resolver los conflictos que tienen los ciudadanos.

20 junio, 2016

Otra vuelta de tuerca a la tasa del servicio de abastecimiento de agua potable, ahora fuera de los tribunales. (I)

El pasado 11 de enero de 2016 se publicó la entrada “Tasa o precio privado en el servicio de agua (II): ¿fin del debate?”, en la que poníamos de manifiesto las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo referentes a la naturaleza de tasa de la contraprestación abonada por el usuario del abastecimiento de agua potable, con independencia de la forma de gestión de dicho servicio por el municipio correspondiente (gestión directa o indirecta).

En dicha entrada, considerábamos que el debate sobre la naturaleza de tasa de dicha prestación estaría finalizado, al existir dos sentencias recientes que defendían el carácter de tasa, aplicando la nueva redacción de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tras la supresión del famoso párrafo segundo de la letra a) del número 2 del artículo 2 suprimido por la disposición final quincuagésima octava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. (STS 23/11/2015 y STS 24/11/2015)

13 junio, 2016

El derecho a la información de los sindicatos y el derecho a la intimidad de los trabajadores

Frecuentemente, los representantes de los trabajadores solicitan información a la empresa y/o la administración pública que contiene datos personales de los empleados. En esta entrada trataremos la cuestión desde dos puntos de vista: de un lado, el derecho que ostentan los representantes de los trabajadores a estar informados; y, de otro lado, el derecho a la intimidad de la personas que ha de preservarse para no vulnerar lo previsto en la normativa de protección de datos.

En concreto,  nos interesa en esta entrada la petición que hacen los sindicatos relativa a la obtención de la copia básica de los contratos que se realizan porque, como es sabido, los contratos contiene datos de los trabajadores que tienen que ver con su intimidad. El art. 64 ET es el precepto en el que se amparan los representantes sindicales para solicitar tal documentación. Se trata de un extenso precepto legal que, entre otras cuestiones, recoge el derecho a recibir copia en los siguientes términos:

30 mayo, 2016

La exigencia “interesada” de informes en todos los expedientes.

A cualquier estudioso del régimen jurídico de las Administraciones públicas no le cabrá duda alguna de que, según lo previsto legalmente, los informes con carácter general no son preceptivos ni vinculantes en las Administración públicas.  Es, casi puede decirse así, una histórica regla de nuestro procedimiento administrativo. También, hemos de añadir, de los procedimientos administrativos que se tramitan en las entidades locales. El problema viene cuando este paradigma, indiscutido por toda la doctrina, se cruza con la responsabilidad en que pueden incurrir autoridades y empleados públicos. En estos casos, y como vía de salvación para algunas autoridades y funcionarios públicos, el artículo 172 del ROF se convierte en un “rosco de salvación” al cual agarrarse para trasladar la responsabilidad a otros funcionarios y salvar la propia. Así, muchos responsables políticos evitan enfrentarse a sus responsabilidades, cual es su obligación y para eso les pagan, pudiendo de esta manera obviar o bordear la legalidad para conseguir objetivos, no necesariamente inconfesables, pero si que no ajustados a la legalidad vigente.

Estos supuestos constituyen, a nuestro juicio, una equivocada e intencionada interpretación del régimen jurídico de los informes en las entidades locales, que viene a concluir que todos los expedientes han de ser preceptivamente informados, en contra de la legislación de procedimiento administrativo común  -común hemos de repetir –  establecida en normas con rango de Ley y en virtud de un título competencial muy específico que va más allá de la legislación básica.

20 mayo, 2016

Remunicipalizaciones: excepciones a las limitaciones en las contrataciones de personal y subrogaciones en las sociedad.

La Disposición Adicional 15ª de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establece una serie de requisitos y limitaciones para la contratación de nuevo personal por las sociedades mercantiles públicas pertenecientes, entre otros, al ámbito local.

A partir de la anterior previsión legal, procede examinar en qué medida estos condicionantes a la contratación de personal resultan determinantes para que una Entidad Local pueda acordar que una sociedad mercantil pública asuma la prestación de un servicio público.